Algo huele a podrido en la negativa de una minoría de concesionarios del transporte público de Puebla capital a cumplir con las mejoras en sus unidades y en el servicio. Ese fue el acuerdo cuando en octubre pasado se aprobó el incremento al costo del pasaje, de 2.5 pesos. Encabezados por una planilla de “representantes”, algunos impresentables, desafiaron este miércoles al gobierno del estado en un desplegado. Dicen que es “imposible” concretar la modernización y que están, casi casi, en banca rota por culpa de la administración estatal, que también avaló el descuento a estudiantes. El gobernador Miguel Barbosa ya les contestó que están en su derecho, pero también informó que muchos perdieron ya los amparos para eludir el compromiso. Y algo muy importante: no lo van a doblar. Algo apesta en la “rebeldía” de esos pocos transportistas, a tufo politiquero y a intención de desestabilizar.
El gobernador advirtió que, pese a la inconformidad de unos cuantos, el retiro de unidades y permisos será una realidad a partir del 12 de febrero.
El desplegado en el que los concesionarios se rebelaron y el grupo que buscó amparos incluye a no más que 400 de un universo de casi 5 mi 600.
Ni 10 por ciento.
Literalmente una minoría.
Muchos otros, informó el secretario de Transporte y Movilidad, Guillermo Aréchiga, van bien con la renovación de unidades e instalación de botones de alerta, cámaras y rastreadores GPS.
De manera soterrada, los afiliados a la Unión de Transportistas de Puebla buscaron desde diciembre pasado los amparos.
Desde entonces, en lugar de trabajar para cumplir con el compromiso y las mejoras, gastaron dinero y tiempo en su plan para incumplirlo.
Buscaron impunidad con alevosía, ventaja y en secreto.
Este miércoles, se rebelaron y se victimizaron.
Conductas que siempre configuran el chantaje.
En un desplegado publicado en El Sol de Puebla dijeron que las mejoras son “una tarea imposible en virtud de que no existen las condiciones tarifarias suficientes”.
No les bastó el incremento que fue superior a la media nacional.
Sus representantes son Samuel Méndez Díaz, Delfino Juan Reyes Bocardo, José Efrén Ignacio Abascal Rodríguez y el ex diputado local perredista Arturo Loyola González.
Que quien los conozca que saque conclusiones.
Entre otras cosas, según ellos, les ha pegado mucho en sus finanzas el descuento que se realiza a los estudiantes.
“De acuerdo con estudios del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), de los 500 pasajeros diarios, el 32 por ciento son estudiantes, entre un 8 por ciento y 10 por ciento son de la tercera edad, y un 2 por ciento son discapacitados”, se quejan en el desplegado.
Pasando por alto su falta de solidaridad con los estudiantes poblanos y su reproche a la tarifa incluyente para personas con capacidades diferentes, no todo lo que dicen es verdad.
Ellos mismos han reconocido que la ganancia, sí la ganancia libre de polvo y paja, luego del pago a los choferes e insumos, es de mil 300 pesos diarios, en promedio por unidad.
Es decir, 40 mil pesos al mes.
Pero no tienen para cámaras, botones de pánico y rastreadores GPS, entre otras mejoras.
Dicen que su reclamación no debe ser interpretada como una “bandera para otros fines ajenos al servicio”.
No, cómo va a ser.
Si se trata de una rebelión contra una administración nueva.
De alternancia.
Distinta de los partidos en que han militado los concesionarios.
(Por cierto no estaría mal conocer los nombres de ellos).
Se da esta rebelión en año preelectoral.
En un contexto de descontento social, por el aumento.
Se ven más fines aviesos que legítimos en su protesta.
En su desafío a la autoridad.
El hedor pútrido es notable.