Garganta Profunda

Fuentes por demás informadas aseguran que el gobernador de Puebla ya movió pieza y el que será su nuevo secretario de Desarrollo Social (SEDESO) ya lo sabe desde el pasado jueves.

Y es que la salida, por razones electorales, de Néstor Gordillo –será candidato del PAN a diputado federal por el distrito 12- abre un espacio en el primer piso de una de las dependencias más importantes del gabinete.

La decisión la tomó Rafael Moreno Valle antes de emprender su gira de trabajo por Italia y el Vaticano, y el elegido fue José Germán Jiménez García.

Quizá su nombre no le diga mucho, pero se trata de un hombre cercanísimo al jefe del Ejecutivo y uno de sus mejores operadores políticos a nivel de tierra.

Empezó el actual sexenio como coordinador general de Oficinas Regionales de la SEDESO y actualmente se desempeña como director general de Delegaciones de la Secretaría General de Gobierno, al lado de Fernando Manzanilla Prieto.

Poblano de nacimiento y licenciado en administración pública por la BUAP, empezó su carrera desde el modesto cargo de jefe de una oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas, pero pronto escaló posiciones al lado Moreno Valle, con quien colabora desde los tiempos en que este fungió como presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.

De hecho, Jiménez García fue coordinador de la campaña al Senado del hoy gobernador en el complicado distrito de Atlixco, misma función que desempeñó en el proceso electoral de 2010, que llevó a Moreno Valle a Casa Puebla.

Quienes lo conocen lo describen como un “hombre de resultados” y, por obvias razones, con un perfil más político que técnico, virtud que seguramente ayudó a que la balanza se inclinara a su favor, tratándose –como se trata- el venidero 2012 de año electoral.

Jiménez García llegará como encargado de despacho y en un tiempo breve se convertirá, oficialmente, en secretario de Desarrollo Social, el tercero en lo que va de la administración morenovallista, tras la panista Myriam Arabian y el citado Néstor Gordillo.

Es muy difícil que sea de otra forma; de hecho, puede ir felicitándolo sin temor a equivocarse.

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Intensa, polémica pero productiva para Puebla fue la maratónica sesión de este jueves en el Congreso local.

Y es que no sólo se aprobó una dolorosa pero necesario reforma al ISSSTEP y se presentó una nueva Ley de Transparencia que –aunque perfectible- por fin cumple con los estándares nacionales, también se formalizó la Ley de Educación Superior, una añeja demanda de diversos sectores sociales y productivos relacionados con las universidades públicas y privadas del estado.

En el primer caso, la propuesta fue presentada por el PAN, a pesar de los evidentes costos políticos que conlleva.

En el segundo, el mérito pertenece a todos los partidos representados en la Cámara, pero el liderazgo de Acción Nacional, a través de Josefina Buxadé, es innegable.

Y en el tercero y último de los temas, la iniciativa corresponde al coordinador de los legisladores blanquiazules, Mario Riestra Piña, quien por varios meses cocinó y cabildeó con rectores y representantes de las universidades una ley de avanzada, a la altura del reto educativo que plantea un estado donde –ya se sabe- la cantidad de las instituciones no siempre corresponde a la calidad de las mismas.

Este último punto, el de la Ley de Educación Superior, es verdaderamente trascendente para los poblanos.

Y es que Puebla no sólo tiene vocación universitaria: su capital es ni más ni menos la segunda ciudad con mayor número de instituciones de educación superior en el país.

De ahí la urgencia e importancia de contar con un instrumento legal que por primera vez regule su funcionamiento bajo parámetros de eficiencia y calidad.

Pero también que incremente la cobertura, equidad y pertinencia de la educación superior.

Establezca las bases para la gestión, coordinación, planeación y evaluación.

Administre lo que corresponde a expedición y autentificación de documentos.

Y vigile la prestación de los servicios educativos de tipo superior que ofrecen los particulares y que hasta hoy salen de la vigilancia de las autoridades, lo que se presta toda clase de abusos.

La Ley Riestra contempla a las instituciones de educación superior descentralizadas y/o desconcentradas de la administración pública, aquellas que gozan de autonomía y hasta las escuelas normales públicas y privadas.

Pero sin duda su gran mérito radica en que pone fin al otorgamiento corrupto, interesado y discrecional de los RVOES (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), que por años se convirtió en fuente de no pocos negocios ilícitos entre funcionarios y particulares, además de que empieza a pavimentar el camino para meter al orden a las numerosas universidades “patito” que por décadas, y casi siempre al amparo del poder en turno, crecieron y se multiplicaron hasta salirse de control.

De hecho fue la falta de estándares de calidad lo que provocó el nacimiento de la Ley de Educación Superior, ley que por si fuera poco –hay que subrayarlo- contó con el acuerdo, la participación y el aval de las principales instituciones del estado, como la BUAP, UDLAP, UIA y UPAEP, así como del grupo conocido como Actívate x Puebla y del titular de la SEP, Luis Maldonado.

Como dijo el propio Mario Riestra al presentar el documento final: con este paso, Puebla sentará un precedente en el desarrollo de la educación superior del país al ser la primera ley de una entidad en la materia, lo que no es poca cosa.

Si quiere consultar la iniciativa completa, dé click aquí:

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Este viernes se esperan movimientos de importancia en el Partido Nueva Alianza de Puebla. Y es que presentarán sus registros como precandidatos los siguientes personajes:

Por el distrito de Zacapoaxtla: Hugo Alejo Domínguez, como propietario, y Eric Lara Martínez, como suplente.

Por el distrito de Ajalpan: Cirilo Salas Hernández, como propietario, y Rosalio Zanatta Vidaurri, como suplente.

Y para el Senado: Guillermo Aréchiga Santamaría, como propietario, y Gerardo Islas Maldonado, como suplente.

Sí, el dirigente estatal del PANAL, y los secretarios generales de las secciones 23 y 51 del SNTE en el tablero de ajedrez de la profesora Elba Esther Gordillo.

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1. Los sujetos obligados deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada, a través de sus sitios web, sin que para ello medie una solicitud de acceso, a través de la figura de información pública de oficio, distinguiendo entre información que todo sujeto debe poner a disposición, así como información que atañe en específico a poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunales Administrativos, Ayuntamientos, Instituto Electoral del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, universidades y tecnológicos públicos, la Propia Comisión, Partidos Políticos, en atención a su competencia.

2. Se incluyen como sujetos obligados, a los partidos políticos y a los órganos constitucional o legalmente autónomos, entendiéndose por estos el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

3. Se perfecciona el procedimiento de selección de comisionados. Para tal efecto se tomarán en cuenta las propuestas de organizaciones de la sociedad, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y se evaluarán los conocimientos, trayectoria y experiencia en la materia que tengan los candidatos. Las comparecencias y expedientes de los candidatos serán públicos. En la conformación del Pleno de la Comisión se procurará que haya equidad de género.

4. Se especifica que el procedimiento para la destitución de un comisionado podrá iniciarse por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o por mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado y se sustanciará de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, respetando su garantía de audiencia. Sustanciado el procedimiento correspondiente el comisionado podrá ser destituido de su cargo por el voto de la mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado.

5. El acceso a la información pública sólo será restringido en términos de ley, mediante las figuras de información reservada e información confidencial. La información de acceso restringido no podrá ser divulgada.

6. El personal que preste sus servicios a la Comisión estará sujeto a un servicio profesional de carrera.

7. Se establece que el cargo de presidente de la Comisión será ejercido por el comisionado al que le resten dos años para concluir el periodo para el que fue designado.

8. El plazo para interponer el recurso de revisión se amplía de diez a quince días. El Cómputo de los quince días se realiza de acuerdo con las modalidades de entrega. Se mantiene la suplencia de la deficiencia de la queja.

9. Se establece un capítulo de responsabilidades, a diferencia de la vigente, es más exhaustiva en las hipótesis de responsabilidad específica, entre otras, como lo son los casos de comercialización, falsificación, daño o extravío datos, incumplimiento de resoluciones pronunciadas por la Comisión, declarar inexistente información, transmitir información confidencial.

10. La Comisión contará con una contraloría interna, encargada de fiscalizar y vigilar el manejo y aplicación de los recursos del órgano, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

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