En su nueva versión, el amasiato PRI-PAN está por concretar uno de los más fuertes agravios a la nación con la virtual aprobación de una reforma energética que, desde donde se le vea, provocará graves daños al desarrollo económico y a la soberanía del país.
Como expuso en tribuna el senador y ex gobernador poblano Manuel Bartlett Díaz, quien incluso acusó al presidente Enrique Peña Nieto de traición a la patria, se trata efectivamente de un texto negociado en lo oscurito entre Los Pinos y las cúpulas priísta y panista para asegurar una mayoría ajena a su electorado.
Las consecuencias de lo que está pasando en el Congreso de la Unión se reflejarán durante décadas en varias generaciones y a menos que suceda un milagro guadalupano, la reforma energética representará un retroceso histórico irreversible para todos los mexicanos.
Hay por lo menos 13 razones por las cuales, según los especialistas, el dictamen surgido del ayuntamiento carnal entre PRI y PAN debe ser rechazado:
1. No existe mandato democrático para cambiar uno de los fundamentos del pacto nacional plasmado en la Constitución de 1917.
2. No justifica en ninguno de sus argumentos, la reforma constitucional.
3. El dictamen no analiza el impacto social y económico, la economía de la desnacionalización que nos llevará a una catástrofe económica y social.
4. El dictamen carece de fundamento técnico-económico sobre la supuesta incapacidad, ineficiencia o falta de rentabilidad de los organismos del Estado mexicano. Entrega acordada por Peña Nieto con estos intereses.
5. Despoja a la energía de su carácter de asunto de seguridad nacional con graves consecuencias para el país. Quedará en manos de potencias extranjeras, no se garantiza ni la inversión, ni el abasto.
6. El dictamen no se puede justificar por la supuesta falta de recursos públicos y nacionales para realizar las inversiones necesarias.
7. El dictamen responde a los intereses de los Estados Unidos de América y sus corporaciones financieras y energéticas, y no al interés de los mexicanos.
8. El dictamen daría derechos de propiedad directa e indirecta a las corporaciones extranjeras sobre los hidrocarburos, la refinación, petroquímica y la generación y prestación del servicio público de electricidad.
9. La aprobación el dictamen despojaría a México de sus reservas de hidrocarburos y trasferiría a propiedad privada y de extranjeros, las inversiones realizadas por los mexicanos en la explotación de los hidrocarburos y la electrificación del país.
10. La aprobación del dictamen conduciría de manera necesaria a la dependencia energética de México hacia corporaciones y gobiernos extranjeros e impediría la transición soberana hacia las energías renovables.
11. La aprobación el dictamen cancelaría los derechos de México reconocidos en el TLCAN en relación con la energía. Se enajena la exclusividad del sector energético en manos del Estado y lo convierte en un asunto de libre comercio, que de acuerdo a los tratados internacionales, quedaría imposibilitado de ejercer ninguna rectoría sobre el sector. Quedamos en manos de los intereses de las corporaciones extranjeras.
12. Si el dictamen se aprueba, los inversionistas extranjeros no tendrán la obligación de entregar a México las divisas generadas por las exportaciones; ni tendrán la obligación de transferir tecnologías, de tener proveedores nacionales, ni alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional. Según lo estipulado en el TLCAN; ni pagarían impuestos en México, en virtud de los tratados internacionales para impedir la doble tributación.
13. La aprobación el dictamen profundizaría el estancamiento económico y la creciente desigualdad de México, por sus impactos en las siguientes dimensiones: Reducción significativa de la renta petrolera y de las utilidades del servicio público de electricidad. Mayor desindustrialización del país. Mayor dependencia y costos de la infraestructura tecnológica. Reducción del balance neto de divisas del comercio exterior del sector energético y del país. Imposibilidad de retener las divisas de las exportaciones energéticas para sustentar las reservas del Banco de México. Imposibilidad de destinar la renta petrolera para impulsar la inversión pública, privada y social de los mexicanos. Imposibilidad de reducir precios de los combustibles y tarifas eléctricas. En síntesis: la imposibilidad de alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, desarrollo regional y nacional.
El discurso oficial –un coro al que incluso se han sumado los señores del Consejo Coordinador Empresarial- es pródigo en encontrarle virtudes a una reforma que, más allá de los nacionalismos trasnochados, representa un verdadero atentado a la soberanía de los mexicanos, impotentes ante tamaño agravio.
Según el PRI, dicha reforma garantizará la soberanía energética del país y generaría en el corto plazo inversiones por 50 mil millones de dólares, un crecimiento económico extra de 1.5 por ciento y 225 mil empleos adicionales, cifras que sin embargo, como se ve, no están sustentadas en la realidad y que más bien forman parte del chantaje psicológico emprendido por la Presidencia, vía un bombardeo indiscriminado de propaganda, para vender una idea muy al estilo de patria o muerte, es decir, reforma energética o crisis.
Las próximas horas son decisivas para la nación y la sociedad toda deberá registrar el sentido del voto de sus representantes legislativos para, en su momento, tener muy claro de qué lado estuvieron: de los intereses del pueblo o, por el contrario, del interés de un gobierno y unos partidos traidores y desnacionalizadores, dispuestos a ceder soberanía del desarrollo autónomo para el beneficio de agentes totalmente ajenos a los del país.
