Archive for August, 2010

Puebla: la encuesta poselectoral del GCE

Thursday, August 12th, 2010

Arturo Luna Silva

Más que interesante la encuesta poselectoral realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) sobre Puebla y las otras entidades que celebraron comicios el pasado 4 de julio.

Y es que sus resultados confirman no sólo la obvia “luna de miel” existente entre los poblanos y sus nuevas futuras autoridades, sino también, y sobre todo, las enormes expectativas y el alto grado de confianza que la sociedad en general tiene acerca de Rafael Moreno Valle Rosas.

Tras el proceso en que logró terminar con la hegemonía del PRI, el 54% tiene una opinión “buena” o “muy buena” de él y casi el 60% de los habitantes están convencidos de que su gobierno será mejor que el de Mario Marín Torres. Cifras que sin duda lo obligan a dar resultados y marcar diferencias casi desde el primer día de su mandato.

Veamos rápidamente algunas gráficas del estudio:

En un comparativo realizado entre el gobernador actual (Marín), el candidato perdedor (Javier López Zavala) y el candidato ganador (Moreno Valle), este último se ubicó en un rango que va del 50% al 60% de opiniones positivas, a diferencia de aquéllos, que no rebasaron el 30%:

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En cuanto a la legalidad de la elección, casi 70% de los poblanos consideró que fue “legal” o “completamente legal”:

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Al indagar sobre la percepción de la elección, 54.5% dijo que le pareció “limpia como agua de manantial” y al 30.2% “sucia como agua de charco”:

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A “toro pasado”, el Instituto Electoral del Estado salió mejor calificado de lo que seguramente muchos de sus integrantes esperaban, pues 52% de los poblanos dijo que el IEE se pareció a un “árbitro limpio porque fue justo” y sólo 27.7% dijo que fue un “árbitro ciego porque se hizo de la vista gorda”. Pocos piensan que el IEE fue un “árbitro vendido”:

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En cuanto a expectativas, el 57.8% cree que el gobierno entrante será mejor que el anterior, 22% dice que será igual, 6% considera que será peor y 14.2% no sabe o no contestó:

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Naturalmente, el “héroe” de la alternancia político-electoral, Moreno Valle, continúa alcanzando calificaciones positivas: 54% tiene una opinión “buena” o “muy buena” de él; realmente son minoría los que tiene una “mala” o “muy mala” opinión y aquellos que, pese a todo, “no lo conocen”:

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Finalmente, y en cuanto a la forma de integrar su equipo de trabajo, los entrevistados consideran que el primer punto a tomar en consideración es la experiencia, el segundo la equidad de género (hombres y mujeres por igual) y el tercero la juventud.

Ojo: sólo el 11% opina que el gabinete morenovallista debe integrarse por representantes o miembros de distintos partidos:

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gar_pro@hotmail.com

Los señores de la guerra

Tuesday, August 10th, 2010

Arturo Luna Silva 

Mientras la ya de por sí diminuta clase política local demuestra su pequeñez discursiva y programática al enfrascarse en nuevas guerras tribales por nuevas y más fructíferas cuotas de poder, surgen como imperiosas e inaplazables discusiones formales y reales sobre la verdadera viabilidad y funcionalidad del régimen legal que norma los procesos electorales en México.

Y es que si algo demostró el electorero 2010 es el rotundo fracaso de aquella reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en noviembre de 2007, que modificó nueve artículos de la Constitución, entre ellos el 116, lo que obligó a los estados –incluido Puebla- a cambiar sus respectivas leyes para establecer como día de su jornada electoral el primer domingo de julio del año correspondiente.

No nos hagamos. Los salvajes procesos comiciales vividos aquí, en Oaxaca, Veracruz, Sinaloa o Tlaxcala comprobaron lo que ya se temía: que homologar los calendarios electorales no cumplió con los objetivos buscados en la reforma electoral de 2007: no provocó ahorros, no redujo el tiempo efectivo de las campañas y no contribuyó a generar un clima de mayor entendimiento entre los partidos políticos nacionales.

Para hacer las modificaciones constitucionales, el Congreso argumentó que hacía suyo el reclamo social en contra de los calendarios electorales dispersos, que motivaban contiendas permanentes entre los actores políticos, paralización de proyectos de desarrollo ante la falta de acuerdos y campañas largas y costosas: en el 2008 las elecciones locales se desarrollaron en fechas distintas debido a que los congresos no habían hecho las reformas a sus constituciones; en 2009, 11 entidades tuvieron elecciones el 5 de julio, concurrentes con la federal, pero Tabasco y Coahuila fueron a las urnas el 18 de octubre. Fue 2010 cuando realmente se puso a prueba la gran, gran reforma electoral, y hoy el resultado puede calificarse de pésimo.

Y es que contrario a lo que se buscaba, las 14 elecciones del año (13 de ellas realizadas el 4 de julio y sólo Yucatán el 16 de mayo) costaron mil millones de pesos más que en los años anteriores comparables, sus campañas fueron igual de largas y, para colmo, no hubo poder humano que frenara o regulara aspectos torales como el derroche de recursos públicos, la intervención de los gobiernos federal, estatales y municipales a favor de sus candidatos, el lucro electoral de la pobreza y la guerra sucia, que marcó la pauta en entidades como Puebla, Veracruz o Oaxaca, entre otras.

El gasto que hicieron los partidos a nivel local y los institutos estatales electorales para organizar los comicios ascendió a 3 mil 712 millones de pesos. El dato duro está en que los mismos procesos, celebrados entre 2004 y 2005, tuvieron un costo de 2 mil 544 millones de pesos. Es decir, en 2010 se gastaron mil 168 millones de pesos más. En el caso de Puebla, los ciudadanos seguramente asistimos, impávidos, a la elección más cara de la historia.

En otras palabras: no hubo ahorro; de ninguna manera, sobre todo si se toma en cuenta que la misma reforma electoral fijó un supuesto mecanismo de acceso a los medios electrónicos de comunicación en el que quedó prohibida la contratación directa de espacios publicitarios, lo que hasta antes del 2007 representaba el principal gasto de los partidos. Por si fuera poco, las elecciones de 2010 empezaron en términos reales desde enero y el periodo de proselitismo de partidos y candidatos fue tan largo como hace seis años.

¿Entonces cuáles beneficios?

Urge, pues, una nueva reforma electoral. Una menos hipócrita que la aprobada por diputados y senadores en 2007. Una que sí funcione. Una que no simule la democracia. No es casual que en estos días se esté realizando un foro de análisis organizado por el CIDE, IFE y la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja, en el D.F., precisamente para empezar a revisar no la lagunas, sino los océanos enteros de la legislación electoral vigente; de no hacerlo, 2011 y sobre todo 2012, cuando la elección presidencial, serán sencillamente caóticos en términos de legalidad y legitimidad de las nuevas autoridades.

Nadie debe extrañarse, por cierto, de la ausencia de voces poblanas en esta gran discusión. Como siempre, la clase política local está más ocupada en la puja por la repartición del poder (cargos, presupuestos, egos, etcétera) que en dotar de más y mejor instrumentos a los ciudadanos para la toma de decisiones. La construcción de una sociedad mejor dotada, más madura y mejor informada es lo último que les interesa. Y es que en Puebla, ya se vio, mandan los señores de la guerra.

gar_pro@hotmail.com

Riesgos (y costos) de la transición poblana

Monday, August 9th, 2010

Arturo Luna Silva

El 18 de septiembre de 2000, el diario Reforma publicaba que dentro del equipo del por entonces presidente electo de México, Vicente Fox –el primero de oposición en la historia del país-, asesores y futuros secretarios de Estado ya habían cobrado cada uno poco más de 85 mil pesos de salario.

Sí, de salario.

Fue un momento clave –y decepcionante- del nuevo proceso democrático que vivían los mexicanos, pues lamentablemente la opacidad y la discrecionalidad marcarían desde ese preciso momento, y a partir de ese suceso, el manejo de los recursos públicos por parte de quien había agitado en campaña la bandera del “cambio”.

Recursos públicos gestionados en lo oscurito por el foxismo tras el triunfo electoral y avalados, también en lo oscurito, por Ernesto Zedillo, por supuesto sin preguntar ni rendir cuentas a nadie.

Daniel Moreno, reportero entonces de ese diario, revelaba que los sueldos eran cubiertos directamente por Hacienda. Aquella frase de que sus colaboradores no cobrarían un solo peso “por amor a México”, pronunciada por Fox cuando presentó en público a su equipo de trabajo en el hotel Fiesta Americana del D.F., se convertiría en un bumerán que, a la vuelta de unas cuantas semanas, le golpearía directo en la cabeza.

Como recuerda Daniel Lizárraga en su obra “La corrupción azul. El despilfarro en las transiciones presidenciales” –libro, por cierto, ganador del Premio Debate de Libro Reportaje 2008-, Hacienda ciertamente había autorizado la primera de seis remesas de “donativos” al fideicomiso privado de Vicente Fox por un monto de 8.5 millones de pesos desde la última semana de agosto de 2000, es decir, tan sólo un mes después de su victoria en las urnas.

“Aun estaba en circulación la edición del Reforma, la noche de ese martes (18 de septiembre de 2000) negro para Fox, cuando Hacienda emitió un inédito comunicado de prensa –número 118/00- que dividió en tres partes: Una aclaración y dos puntualizaciones.

“En el primer párrafo confesaron que el “Presidente Electo, Sr. Lic. Vicente Fox Quesada” fue quien solicitó al “Presidente Dr. Ernesto Zedillo” un fondo para la transición. Así, de manera, escueta y sencilla, endosaron públicamente al panista la responsabilidad del barullo” (sic).

La historia es larga y conocida por todos.

El escándalo continuó por semanas, semanas que se hicieron meses, entre otras cosas porque las explicaciones y/o justificaciones resultaron insuficientes.

¿Había necesidad de pagar salarios a los héroes del “cambio”?

¿Se justificaba?

¿Había congruencia?

A la postre, el caso constituiría la primera señal de lo que vendría después al transcurrir el inefable sexenio foxista: desorden, derroche, abuso y frivolidad, todo ello, claro, a costa del dinero de los mexicanos.

Y es que lo que empieza mal, dicen, termina peor.

Ojalá nada de eso pase en Puebla, donde se vive una transición muy parecida a la de 2000 y donde hay ya, inevitablemente, focos rojos acerca de la viabilidad de autorizar sueldos o gratificaciones a los (hasta hoy) desconocidos integrantes del equipo de transición del gobernador electo, Rafael Moreno Valle.

En una nota de Lesly Mellado y Dalia Patiño, Puebla On Line informó ayer que “el gobernador electo de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya pidió salarios de nivel de secretarios estatales para 16 de sus colaboradores que lo apoyarán en la entrega-recepción; además solicitó al gobierno estatal oficinas en las Secretarías estatales para que desde ahí operen.

“La idea del panista es realizar una transición al estilo Vicente Fox, crear un gabinete que empiece a trabajar y a cobrar ya, y que se legalice en febrero cuando tome posesión como gobernador.

“Las peticiones hechas a través de Fernando Manzanilla, quien fuera su coordinador de campaña, aun no han sido aceptadas por el Ejecutivo, quien a través del secretario de Gobernación, Valentín Meneses, ofreció 5 plazas para “secretarios alternos”, quienes empezarían a cobrar salarios a partir de septiembre.

“Trascendió que la oferta es crear 5 puestos para las Secretarías más importantes como Finanzas y Obras Públicas.

“El propio gobernador Mario Marín lo declaró en entrevista con El Heraldo, hay un presupuesto para la entrega-recepción y se usará como lo decida su sucesor: “Meneses y Manzanilla dialogan sobre el presupuesto. Corre por nuestra cuenta, pero será Moreno Valle Rosas el que lo ejerza. Se hará como él lo pida”. (sic).

Este mismo lunes, el gobierno marinista, a través del secretario de Gobernación, Valentín Meneses, rechazó que se haya presentado tal solicitud pero, al mismo tiempo, sorprendentemente, dejó abierta la posibilidad de analizarla y valorarla en caso de que Moreno Valle la presente.

Es decir: sí pero no, no pero sí y lo más seguro es que quién sabe.

¡Por supuesto que ambas partes saben de la existencia de un planteamiento de esa naturaleza!

Y que, a pesar de no quieran o puedan aceptarlo, el delicado tema está bajo análisis en la mesa de las negociaciones, ésas que encabezan, por el momento, Meneses y Manzanilla.

Tanto secretismo huele mal.

Son, sí, como diría cualquiera, los riesgos y costos de la transición, pero ojalá a la larga no se conviertan en algo más grave: una primera mala señal de que, en el fondo, el cambio de huéspedes en Casa Puebla sólo consistirá -con perdón de Di Lampedusca- en que todo cambie para que todo siga igual.

Tal y como pasó, en su tiempo y momento, con el decepcionante –y desquiciante- Vicente Fox.

Ya lo veremos.

gar_pro@hotmail.com