Archive for June, 2013

Obra Pública de Gali y Agüera, a debate

Wednesday, June 12th, 2013

Un tema sensible que había estado al margen, hasta hoy, en la guerra por la alcaldía de Puebla, es el de la obra pública, la de la BUAP en el caso del candidato de la alianza 5 de Mayo, Enrique Agüera, y la del gobierno morenovallista, en el del candidato de la coalición Puebla Unida, Tony Gali.

Sin embargo, en los cuartos de guerra de ambos contendientes ya se preparan los misiles que buscan, primero, cuestionar la legalidad y calidad de las obras realizadas por el ex rector y el ex secretario de Infraestructura, y, segundo, acreditar supuestos hechos de corrupción en la asignación de millonarios contratos, mediante el uso (y abuso) de prestanombres y/o membretes “fantasma”.

Si hay debate entre Agüera y Gali –cosa que aquí se ha puesto en duda desde hace muuucho tiempo-, es seguro que estos trapitos salgan al sol.

Y es que un nuevo escándalo, en la recta final de la campaña, podría resultar ya letal, y definitivo, para cualquiera de los dos, sobre todo ante un escenario de elección muy cerrada, donde los errores de última hora podrían terminar de inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Mientras a Gali lo acusarán de favorecer, a su paso por Infraestructura, intereses ajenos a Puebla con jugosos contratos de obra pública, a Agüera se le documentará su conocida relación con el empresario Jesús López Chargoy, socio de una empresa favorecida con numerosas adjudicaciones en la máxima casa de estudios.

De lo que se trata, en realidad, es de seguir echando lodo a una campaña que empieza a hartar a los ciudadanos de a pie y que, al final, terminará con la reputación de sus actores centrales.

Por lo pronto, en ese contexto, una respuesta del gobierno de Puebla a una solicitud de información señala que Gali no asignó ni directa ni indirectamente obra pública mientras estuvo en la todopoderosa Secretaría de Infraestructura.

El documento señala, palabras más, palabras menos, que en realidad esa facultad correspondió, del 13 de mayo de 2011 al 31 de marzo de 2013 a la Dirección General de Adjudicaciones de Obra Pública, dependiente de la entonces Secretaría de Administración, hoy Secretaría de Finanzas y Administración.

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En otras palabras: ni le busquen por ahí porque o van a encontrar poco o el responsable –diría el clásico- despacha en la tienda de enfrente.

Pobres Campañas Pobres (Un Paseo por la Puebla Fallida)

Tuesday, June 11th, 2013

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De acuerdo con los sondeos de opinión –uno de Consulta Mitofsky, el más reciente- la principal preocupación de los poblanos es la inseguridad creciente y unos de los efectos de ello es el costo que han asumido las empresas.

En Puebla alcanzó una pérdida, en 2012, de 5 mil 292.7 millones de pesos, cifra superior al presupuesto anual que se le asigna a la BUAP por 4 mil 473 millones de pesos y casi el doble de los 3 mil 366.8 millones de pesos que recibe el Ayuntamiento de Puebla.

Un total de 68 mil 836 de las 216 mil 17 empresas ubicadas en Puebla fueron víctimas de delitos, de acuerdo con los datos que arroja la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2012 elaborada por el INEGI.

El reporte detalla que los robos son violentos y en uno de cada tres delitos contra negocios o empresas locales, los delincuentes utilizaron al menos un arma para someter a sus víctimas.

Las altas cifras de delitos a empresas son altas, pese a que 74 mil 766 gastaron en promedio 31 mil 100 pesos para protegerse de los delincuentes, por lo que en total erogaron 2 mil 325. 6 millones de pesos sólo en este rubro.

Aun cuando 68 mil 836 empresas o negocios de Puebla fueron víctimas del delito, el número crece a 97 mil 313 si se toma en cuenta a las que realizaron alguna erogación a consecuencia de la inseguridad.

De la mano del aumento de la inseguridad en la capital poblana durante los últimos tres años, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha sufrido una sensible disminución en su personal, además de la desaparición en 2011 de la Policía Metropolitana que colaboraba con la Municipal en materia de vigilancia, inteligencia y detenciones.

La corporación cuenta con casi 1500 policías, de los cuales 210 son comisionados por el Estado y el resto son completamente municipales. De la totalidad de policías, aproximadamente el 80% tiene funciones de seguridad pública y el 20% realiza funciones de tránsito. En la capital poblana hay 1 millón 539 mil 819 habitantes (INEGI), y sólo cerca de 1500 elementos para atender a la ciudadanía, es decir, 0.0009 policías municipales por habitante, distribuidos en 5 Sectores. Una verdadera pena.

A la falta de elementos se suma la falta de armamento. En 2012, la dependencia perdió más de 4 millones de pesos de recursos federales que recibió por concepto de Subsidio para la Seguridad en Municipios (Subsemun), debido a la falta de licencia para la portación de arma de fuego de los agentes. La culpa, desde luego, del secretario del ramo, Amadeo Lara Terrón, quien sencillamente no ha estado a la altura del reto.

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La ciudad de Puebla cuenta con un total de 83 unidades habitacionales, principalmente del Infonavit y Fovissste, de las cuales 23 presentan deterioro social, debido a su antigüedad de 15 años o más, porque desde su construcción no reciben mantenimiento en áreas verdes y comunes, en espacios deportivos, en alumbrado público y drenaje; además de otras que presentan problemas de inseguridad.

Es necesario un plan específicamente para este sector de la población que vive en estos conjuntos habitacionales que en los años 80 se consideraron un modelo a nivel nacional.

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La ciudad de Puebla, como capital del estado, es un polo de atracción para la instalación de familias completas, no sólo de la entidad sino de la región centro sur e incluso de migrantes de Centro América.

Actualmente se tienen detectadas 400 colonias en asentamientos irregulares que se encuentran en el polígono de pobreza determinado por la Secretaría de Desarrollo Social, sin tomar en cuenta las que están fuera de este rango, las cuales también requieren de los elementos básicos para un mejor nivel de vida como es la falta de alumbrado público, pavimentación, banquetas, agua potable, drenaje y por ende una creciente inseguridad.

Es necesario realizar una mayor inversión en este rubro y continuar con el programa de la planeación del crecimiento urbano y acotar la instalación de asentamientos urbanos principalmente en ductos de Pemex, bajos los tendidos de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y barrancas para evitar, en lo subsecuente, tragedias que lamentar.

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Puebla fue beneficiada con la instalación de la empresa mundial Audi, que le dará un impulso importante con una inversión inicial de mil 300 millones de dólares y creará 3 mil 800 nuevos empleos directos en su primera etapa.

Sin embargo, la generación de fuentes de trabajo se sigue centrando en las pequeñas y medias empresas que concentran más del 80 por ciento del empleo.

Es necesario buscar un recurso superior a los 350 millones de pesos para apoyar la creación y modernización de pequeñas y medianas empresas en la entidad.

De los 7 mil 48 millones 184 mil 117 pesos que asignó la federación al Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (Fondo Pyme), Puebla obtendría casi un 5 por ciento del presupuesto que se debe ejercer este año a nivel nacional.

En las colonias populares es necesario fortalecer las pequeñas y medias empresas para poder fortalecer la economía familiar.

En síntesis, la ciudad de Puebla requiere de una mayor atención, porque comparativamente con otras ciudades como Querétaro, Monterrey y Guadalajara, entre otras, hemos perdido competitividad por la falta de una creciente infraestructura urbana y muy notable incremento en los índices delincuenciales que repercuten en deterioro de la calidad de vida de los poblanos.

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Lo más curioso es que pese a esta panorama, ninguno de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla se ha detenido a ofrecer soluciones verdaderas a estos problemas.

Gane quien gane, gobernará por primera –y única vez- durante 4 años y 8 meses; sin embargo, la visión cortoplacista de Enrique Agüera y Tony Gali es de verdadero espanto.

Hablan de transparencia pero no de quitar los candados a la ley para desbloquear la información “reservada”.

Ofertan calidad gubernamental, pero no se atreven a decirnos –con nombre y apellidos- con quiénes gobernarían.

Presumen de altura de miras, pero no confiesan lo que todo mundo sabe: que ni Gali ni Agüera terminarían el periodo para el que pretenden ser electos, pues el ayuntamiento es sólo el trampolín para la gubernatura.

Un mero “accidente” en un proyecto político más grande, más amplio, e inconfesable, hoy más que nunca.

Y problemas eternos como la carencia de agua, el relleno sanitario, el rastro TIF, el desempleo, los asentamientos irregulares y sobre todo la inseguridad, no aparecen por ningún lado, y menos con seriedad, en sus plataformas de trabajo para al menos creer que algún día podremos escapar de esta, la Puebla Fallida.

Pero no tiene la culpa el indio sino quienes los hacemos compadres.

Lo dicho:

Pobres Campañas Pobres.

gar_pro@hotmail.com

De la Judicialización de la Elección Poblana

Monday, June 10th, 2013

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Ahora que el Instituto Electoral del Estado (IEE) ha empezado a dilapidar la de por sí escasa credibilidad que tenía, hay que estar muy, pero muy atentos a tres personajes que, en su momento, podrían convertirse en actores centrales de los comicios en Puebla, más allá de candidatos, alianzas, partidos y autoridades locales.

Se trata de Janine M. Otálora Malassis, Héctor Romero Bolaños y Armando I. Maitret Hernández.

Es decir, los tres integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, cuya jurisdicción abarca al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Y es que a estas alturas del proceso, y cuando prácticamente se entrará a la recta final del mismo, a pocos ya les quedan dudas de que más que en las urnas, la elección poblana terminará por resolverse en los tribunales.

Los mismos que, en su caso, tendrán la última palabra y determinarán el triunfo o la derrota definitiva e inapelable de las coaliciones Puebla Unida y 5 de Mayo, tanto por lo que toca a la batalla por las alcaldías como a la guerra por el Congreso del estado, esta sin duda la parte más importante de la contienda 2013.

Con un aspecto adicional: los tres magistrados que conforman la Sala Regional del TEPJF son de reciente incorporación a dicha sala y si bien ya han tomado algunas decisiones de relevancia, aún no se han terminado de legitimar en sus puestos.

Observadores nacionales de lo que está pasando en Puebla aseguran que ante una impugnación seria y documentada, los magistrados no van a dejar pasar la oportunidad de transitar un camino que pasaría por la anulación, un escenario que hoy suena catastrofista pero que ya empieza a plantearse con seriedad en algunos ámbitos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

No por nada, en su reciente visita al estado, el dirigente nacional priísta fue muy claro al dejar el mensaje en el sentido de que esa vía no sólo no se descarta, sino que podría ser la más probable.

“Las elecciones se ganan en las urnas pero se defienden en los tribunales. De ser necesario, estamos dispuestos a ir al tribunal que se necesite porque debemos hacer valer cada uno de nuestros sufragios”, dijo César Camacho Quiroz.

Es ahí, en ese contexto, donde resalta la importancia de Janine M. Otálora Malassis, Héctor Romero Bolaños y Armando I. Maitret Hernández, tres magistrados –como todos- con fobias y filias -y al menos uno de ellos muy cercano al PRI y a Los Pinos: Romero Bolaños fue magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México en los tiempos de Enrique Peña Nieto como gobernador. Un dato duro que no se puede ignorar.

La judicialización de la elección poblana no es un invento de ocasión. Tanto Puebla Unida como 5 de Mayo saben que hay suficientes focos prendidos en esa materia.

Las acusaciones sobre una “elección de Estado”, los topes de campaña, el deplorable papel del “árbitro” de la contienda, las dudas sobre la empresa –PROISI- que se encargará del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el uso y abuso de la propaganda negra, la intervención de algunos delegados federales en algunos distritos a favor de los candidatos del PRI, las denuncias ante la FEPADE y la intentona para que cualquier candidato a edil o diputado pueda declinar y sumar sus sufragios a algunos de sus contendientes, son hechos que van conformando un panorama pos electoral muy complicado.

Y que tal vez deba resolverse en la mesa, no en las casillas. Sobre todo si la ventaja de los ganadores sobre los derrotados resulta ser pequeña, insuficiente para acallar cualquier tipo de impugnación.

Por eso no hay que perder de vista a los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinominal; incluso, tan relevantes se les empieza a ver, que ya se habla de varios intentos de acercamiento por parte de cabilderos de los equipos de abogados de las coaliciones, con el fin de establecer contacto con ellos e ir –como se dice coloquialmente- “midiéndole el agua a los camotes”.

¿O me equivoco?

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Pero quiénes son estos tres personajes que podrían terminar siendo los más importante de la elección en Puebla:

JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

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Obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica; cuenta con un Diplomado de Estudios Profundizados en Sociología Política, y es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne, de París, Francia, en donde se tituló con la tesis “Los senadores en la IV y V Repúblicas: hacia una profesionalización política”.

Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñándose como Asesora. Posteriormente, trabajó durante ocho años como Secretaria Legislativa y Coordinadora de Secretarios Legislativos en el Senado francés.

En el Poder Judicial de la Federación durante diez años fue Secretaria Técnica de Ponencia con diversos Consejeros de la Judicatura Federal.

De noviembre de 2006 a marzo de 2013 fue Secretaria Instructora del Magistrado Manuel González Oropeza en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinando la ponencia en todo lo relativo al trabajo jurisdiccional, incluyendo la definición de criterios.

El 28 de febrero de 2013 fue designada por el Senado de la República, Magistrada Electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción plurinominal, con sede en el Distrito Federal.

El 7 de marzo fue electa por consenso Presidenta de la Sala Regional, siendo así la primera mujer en integrar y presidir dicha Sala.

Tiene las siguientes publicaciones en la Editorial Porrúa: “La evolución del perfil socio-profesional de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito: hacia una profesionalización judicial”, en Judicatura e impartición de justicia en México; “La justicia electoral en Francia”, en Derecho Electoral, Obra Jurídica Enciclopédica, y El control de legalidad y de constitucionalidad en Francia.

Ha impartido conferencias sobre Ética judicial y diversos temas en Derecho electoral.i También ha participado en programas del Canal Judicial en cuestiones judiciales, en particular “Las sentencias a debate”, “Entre argumentos” y “Justicia Electoral a la Semana”.

HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

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Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.

Cuenta con grado de Especialista en Derecho Constitucional por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Diplomado en Argumentación Jurídica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; Diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Diplomado en Control Constitucional por la Universidad Iberoamericana; Curso en materia político-electoral, por el Centro de Formación y Desarrollo del IFE. Curso de Especialización sobre Régimen electoral, gobernabilidad democrática y resolución de conflictos, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el IFE, el PNUD y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y ha participado en diversos cursos y diplomados en materia electoral, como alumno y como ponente.

Cuenta con participación en la publicación de las obras colectivas Federalismo y Relaciones Intergubernamentales publicada por la editorial Porrúa, en coordinación con el Senado de la República y en la obra Testimonios sobre el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su contribución al desarrollo político democrático de México, publicada por el TEPJF.

Fue asesor jurídico de diversos integrantes del Consejo General del IFE por casi doce años, de 1997 a 2009; Investigador en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2009; magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, del 1° de enero de 2010 al 6 de marzo de 2013; y, a partir del 7 de marzo de 2013, se desempeña como magistrado integrante del Pleno de la Sala Regional Distrito Federal correspondiente a la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombrado por el Senado de la República por un periodo de nueve años.

ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

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Es licenciado y Maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el Título de especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España.

Es profesor de Derecho Procesal Electoral en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor invitado en diversas universidades del país.

Ha sido ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones, de los sistemas de justicia electoral y protección de derechos humanos. Autor de diversos artículos especializados en materia electoral y control de la constitucionalidad.

Ha trabajado en líneas de investigación relacionadas con el control de la constitucionalidad, jurisprudencia, derecho electoral y derechos humanos.

Tiene más de 15 años de experiencia en materia electoral. Ocupó el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal de 2007 a 2013.

Actualmente es Magistrado en la Sala Regional Distrito Federal de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.

gar_pro@hotmail.com