De la mafia del transporte a la mafia de los registradores públicos. De la cloaca de los agentes de Vialidad estatal a las mañas de enfermeros y médicos de algunos hospitales como el de Tehuacán, es el turno ahora de los presidentes de las juntas auxiliares, auténticos virreyes que actúan sin reglas, sin controles y por lo mismo, en completa impunidad.
Será este miércoles cuando por fin se presente al pleno, para ser dictaminada y posteriormente votada, la iniciativa legislativa que transformará por primera vez en la historia el régimen legal de esas demarcaciones que se han convertido en intocables, e insufribles, ínsulas de poder para beneficio de unos cuantos.
Los grupos parlamentarios del PAN, Panal, MC, PT y PRD parecen haber llegado ya a un principio de acuerdo para reformar la Ley Orgánica Municipal y convertir a las juntas auxiliares en una especie de órganos desconcentrados del ayuntamiento de Puebla, con derechos, por supuesto, pero sobre todo obligaciones, como el hecho de que sus titulares tengan que rendir cuentas ante los órganos de fiscalización del estado de los recursos públicos que ejercen a lo largo del trienio, algo tan trascendente como inédito.
Como ya le adelantaba hace algunos días, el actual modelo de las juntas –que tienen su origen en el artículo 33 de la citada ley del 24 de noviembre de 1917- ya resulta anacrónico y escasamente funcional para los tiempos que se viven.
Por eso, el Congreso local definirá su naturaleza jurídica, regulará la asignación de presupuestos, normará derechos y obligaciones en materia de seguridad pública y sobre todo, les quitará el Registro Civil, eterna fuente de corrupción y pretexto para cometer toda clase de arbitrariedades en función de filias y fobias por parte de los ediles subalternos.
Pero lo más importante: la modernización del sistema de juntas auxiliares del municipio capitalino –que no desaparecen sino sólo se transforman- forma parte de un diseño global gubernamental que busca corregir lo que históricamente ha funcionado mal y “limpiar” aquellas entidades u organismos que han hecho de la corrupción un modelo orgánico de subsistencia.
Hasta el momento, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha enfocado sus baterías en la Secretaría del Transporte, el area médica de la Secretaría de Salud, el Instituto Registral y Catastral y la Dirección de Vialidad Estatal, prototipos del uso y abuso del poder junto con la mafia de los notarios públicos, expediente aún inconcluso.
Toca el turno al poder Legislativo, con el delicado tema de las juntas auxiliares, que aunque se resisten al cambio, a partir de hoy deberán empezar a ajustarse a un nuevo modelo político y jurídico, por salud de los poblanos.
