Archive for February, 2011

Eduardo Rivera: la sombra de Paredes

Thursday, February 10th, 2011

Arturo Luna Silva

Que nadie se sorprenda –ni nadie se llame a engaño- si el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez arranca en medio del escándalo.

(Lamentablemente)

Tampoco si el amargo sabor de viejos tiempos marcan los primeros pasos del nuevo ayuntamiento.

(Penosamente)

Y es que resulta que hace unos días, reunidos –como dirían los clásicos- en alegre contubernio, los regidores electos del municipio de Puebla llegaron a un gran, gran acuerdo.

Por unanimidad dieron su consentimiento para que, en alguna de sus primeras sesiones de Cabildo, presenten y aprueben una propuesta para el incremento de sus sueldos mensuales.

En concreto, para que perciban el doble que sus antecesores.

Esto es: de los 35 mil pesos actuales a 70 mil pesos.

¿El pretexto?

Que en las grandes ciudades de México (Guadalajara, Monterrey, etcétera), los señores regidores y las señoras regidoras perciben remuneraciones dignas, muy por encima de las fijadas para estos humildes servidores públicos en Puebla.

Y si la Angelópolis está considerada como la cuarta ciudad más grande del país, ¿por qué diablos van a seguir cobrando una “miseria”?

Lo más relevante del caso es que todos, absolutamente todos los nuevos regidores dieron el sí: panistas, priístas, perredistas y demás fauna silvestre.

De acuerdo con una enterada fuente, no hubo uno solo que se opusiera a la futura medida, que, sin duda, causará que más de uno en la sociedad civil ponga “el grito en el cielo”.

Hay que decir que los más entusiastas promotores del aumentazo de inicio de trienio son Carlos Ibáñez, José Luis “El Chango” Carmona y Jaime Zurita.

Los tres –y no es casualidad- del grupo político encabezado por el senador Humberto Aguilar Coronado.

(¿Será que “El Tigre” ya quiere empezar a armar su “cochinito” para cumplir con su sueño guajiro de convertirse algún día en presidente municipal de Puebla?).

Pero lo peor no es eso.

Y es que los regidores, ¿regidores Totalmente Palacio?, no sólo quieren subir sus salarios sin importar consecuencias políticas.

Entre sus planes también está el contratar un seguro amplio de gastos médicos con el hospital Ángeles, el más caro –como todo mundo sabe- de Puebla y sus alrededores.

¡Porque cómo cree usted que van a pisar el IMSS o algún otro nosocomio público!

Y más: ya hasta hablan entre ellos, en medio de risitas nerviosas, de que el actual edificio de regidores –compartido con la Contraloría- les va a quedar chico, por lo que será necesario hallar uno nuevo a la medida de sus necesidades y gustos.

Es decir: patrimonialismo y abuso en estado puro.

El recuerdo –todavía fresco- de Jettas, Cabildos del Amor…

Y mensajes totalmente contrarios al discurso de austeridad, sencillez y decoro político que Eduardo Rivera se ha esmerado en manejar durante el largo periodo de transición, periodo que concluye en unas cuantas horas más.

¿Qué va a hacer el nuevo alcalde?

¿Cerrar con determinación el paso a las elevadas e inoportunas pretensiones de los que serán los nuevos regidores?

¿O guardar silencio -silencio cómplice- y permitir que la sombra de Paredes, Luis Paredes, marque el inicio de su gobierno, con el costo político que ello significaría para quien goza de consenso y aprobación social mayoritaria?

Lo único bueno es que ya falta poco, muy poco para saber las respuestas.

gar_pro@hotmail.com

Manzanilla y el doble discurso

Thursday, February 10th, 2011

Arturo Luna Silva

Cualquier poblano con un poco de información sabe que históricamente, Antorcha Campesina ha sido el principal invasor de tierras en Puebla, anexas y conexas.

Podría, pero no voy a relatar aquí la larga, larga historia de este grupo dogmático y acomodaticio que siempre ha manejado un discurso “en defensa de los pobres” con una clara inspiración marxista y maoísta.

De hecho, no creo estar cayendo en ninguna difamación ni calumnia (digo: por si las dudas) si afirmo que Antorcha Campesina llega, ocupa, lotifica y crea sus colonias casi siempre al margen de la ley.

Y que es intocable.

No son pocas las denuncias penales que duermen el sueño de los justos en los archivos de la Procuraduría General de Justicia.

De dirección política dura, vertical y autoritaria, Antorcha Campesina tiene grandes recursos para sostener cualquier litigio y cualquier tipo de movilización.

Aunque eso sí: sus dirigentes se han visto más inteligentes que en el pasado y han logrado quitarse el estigma de ser parte de una organización violenta o paramilitar (acusación muy de moda en los años ochenta).

Pero su modus operandi sigue siendo el mismo: la invasión de predios, grandes extensiones de predios, con el consentimiento –o silencio cómplice- de los últimos cinco gobernadores de Puebla (de Guillermo Jiménez Morales a Mario Marín Torres).

Por eso, por todo eso, no se explica uno cómo es posible que el mismo día que el Congreso del estado aprueba una iniciativa de Rafael Moreno Valle para elevar las sanciones a quienes dirijan una invasión (de casas o terrenos) o sean autores intelectuales de la misma, el todopoderoso secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, se reúna y placee feliz, muy feliz, con los líderes –precisamente-de Antorcha, en especial con su guía moral, político y hasta espiritual, Aquiles Córdoba Morán.

¿No es una clara contradicción?

Yo creo que sí, y más que eso: un evidente doble discurso.

Y es que se endurece la ley al tiempo que se apapacha a los principales transgresores de la misma.

Honestamente, algo más kafkiano que el mismísimo Kafka convertido en monstruoso insecto mañanero.

¿O qué piensa usted al ver las siguientes fotografías, captadas durante la XVI Espartaqueada Nacional Antorchista, celebrada como es tradición en Tecomatlán, Puebla?

¿Acaso parece como que el súper secretario Manzanilla, en su condición de jefe de gabinete o vicegobernador de facto, tiene planes de poner freno, por fin, a los típicos abusos de sus amigos los antorchos?

¿Verdad que no?

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gar_pro@hotmail.com

Vil coscorrón

Wednesday, February 9th, 2011

Arturo Luna Silva

El espíritu vengativo detrás de la propuesta legislativa de Rafael Moreno Valle para despenalizar la difamación y la calumnia en Puebla quedó evidenciado con más facilidad de la esperada.

De hecho, hoy ya a casi nadie le quedan dudas de que lo que en realidad se buscaba era aprobar un instrumento legal por demás eficaz para coartar la libertad de prensa, reprimir a periodistas canjeando zanahorias (cárcel) por rábanos (sanciones económicas) y aligerar a conveniencia del Nuevo Emperador mecanismos (ni tan) velados de censura.

Vamos: un bozal a la mano, y para lo que se ofrezca.

Ninguna de las “maravillosas bondades” de la iniciativa armada con las patas, detectadas únicamente por cierto por los paleros sexenales de siempre, pudo frenar la ola de críticas por parte de propios y extraños.

Ayer se supo que a pesar de aparecer en la orden del día y haber sido aprobada en comisiones, la singular propuesta morenovallista fue enviada a la congeladora, al menos temporalmente, o mientras se le hacen los ajustes necesarios que oculten aunque sea un poco los verdaderos fines del estrenado gobernador poblano.

El diputado priísta Lauro Sánchez encueró puntualmente la iniciativa de decreto por el que se ¿pretendía? reformar el artículo del Código Civil relacionado con los delitos de difamación y calumnia.

Con una claridad meridiana, el legislador señaló que tal iniciativa buscaba en el fondo convertirse “en un castigo expreso a periodistas y medios de comunicación”, argumento no distante al expresado en días recientes por respetados especialistas y académicos.

Sánchez explicó que “presumiblemente la iniciativa se aboca a controversias entre un particular y un comunicador, o entre una autoridad y un comunicador, o entre comunicadores”.

En todo caso, agregó, “la iniciativa deja un vacío, (pues) me pregunto qué pasará cuando el daño moral por calumnia y difamación se dé entre particulares, sin que hay una información mediática”.

Es decir, para apresurar su propuesta de despenalizar la difamación y la calumnia, el Gran Legislador no tuvo otra cosa en mente (¿por qué será?) que los posibles y muy cantados diferendos entre la prensa y el poder, entes entre los cuales (Sherer dixit) el matrimonio es imposible pero inevitable el amasiato (y que nadie se haga el santo).

Tan famélica y evidenciada quedó la propuesta que sus diputados no tuvieron otra opción que regresarla a comisiones “para ampliar su estudio y discusión”, es decir, para corregir las no pocas imprecisiones encontradas y procurar –ahora sí- un debate público y una discusión totalmente abierta sobre un tema tan delicado de interés común, no sólo materia u objeto de periodistas y sus aciertos, que son muchos, y sus excesos, que no son pocos.

Dice la Asociación Mexicana de Derecho a la Información –y coincido con ella- que la iniciativa puede ser loable y necesaria para la transformación que requiere Puebla (transformación que forzosamente pasa por los medios de comunicación y sus mecanismos de autorregulación, no los que le imponga el poderoso en turno), pero que tal y como la han propuesto Moreno Valle y sus sesudos asesores, “podría constituir un mecanismo velado para nuevos tipos de censura a través de decisiones arbitrarias en lo que toca a la reparación económica como sanción al daño moral”.

¿Por qué la prisa por aprobar la nueva norma, sin ninguna consulta de por medio? ¿Qué necesidad de dar pie a interpretaciones que polarizan o mandan mensajes equivocados? ¿Y justo al arranque del sexenio?

Hay que recordar que, en su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por la despenalización de los delitos contra el honor, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y propusieron que estas responsabilidades se lleven desde la vía civil.

Pero resulta que, según nos damos cuenta, la materia civil también deja mucho que desear, pues se antepone el criterio político sobre la “independencia” de los juzgadores (y más en un sistema “de justicia” como el poblano), se privilegia el lucro por encima del resarcimiento y se dificulta una defensa eficiente del acusado dadas las imprecisiones en la definición de daño moral, honor, vida privada y propia imagen.

El mayor problema, empero, es que suena, sabe, huele a venganza. En otras palabras: a vil coscorrón tipo Lydia Cacho sólo que por otros medios. ¿O me equivoco?

gar_pro@hotmail.com