La vuelta del PRI a Los Pinos representa, entre otras cosas, el regreso del Gran Elector, es decir, la total y completa restauración de las facultades metaconstitucionales del presidente de la República para elegir a capricho a los dirigentes de su partido y a prácticamente todos sus candidatos a puestos de elección popular: a gubernaturas, alcaldías y diputaciones.
Por eso, guste o no, cualquier análisis sobre el futuro electoral poblano debe forzosamente circunscribirse al factor Enrique Peña Nieto, el mismo que no dudará ni un segundo en ejercer su poder para aprobar, o vetar en su caso, candidaturas, una de las reglas no escritas del sistema que, pese a los dos sexenios panistas, nunca se fue del todo.
Con todo y lo difícil que resulte el tránsito hacia la toma de protesta, y por mucho que persistan las acusaciones de “ilegitimidad” en contra del priísta, la influencia del presidente de México será decisiva a la hora de definir el 2013.
Más allá de encuestas, perfiles, resistencias, apoyos y anhelos, los actores del proceso ya en marcha deben saber que la única palabra que va a pesar a la hora de las definiciones será la de Peña Nieto.
Incluso, Rafael Moreno Valle deberá moverse en esa tesitura, él con la posibilidad –que le da su posición en el tablero del poder-, claro, de llegar a acuerdos con el Gran Elector, siempre en función de un proceso unipersonal y subjetivo.
Es ahí donde las posibilidades para el gobernador de Puebla se antojan más que atractivas, sobre todo tomando en cuenta que la relación con su partido, el PAN, ha entrado por razones de todos conocidas en una etapa de abierta confrontación, si no es que de ruptura.
En El Yunque son incapaces de entender que el poder no tiene otra ambición y misión que mantener y/o extender el poder, y que hoy por hoy no cuenta con un solo cuadro con la suficiente fuerza para ganar la presidencia municipal de Puebla, la de 4 años y 8 meses.
¿Qué pasaría si el pragmatismo se impone y ante la imposibilidad de imponer a su candidato, o de llegar a un acuerdo satisfactorio con la ultraderecha, Rafael Moreno Valle decide entablar negociación con Enrique Peña Nieto?
¿Qué, si se pacta la entrega a un priísta de la ciudad de Puebla a cambio, por decir algo, de dejar que RMV, en el otoño de su sexenio, se proteja las espaldas decidiendo en qué manos queda la famosa minigubernatura, la del 1 de febrero de 2017 al 13 de diciembre de 2018?
Y más: ¿qué priístas tendrían más posibilidades en un arreglo de esa naturaleza?
Tres, en orden de preeminencia:
José Chedraui Budib.
Enrique Doger Guerrero.
Y Enrique Agüera Ibáñez.
Es, cierto, solo un escenario.
Pero no cualquier escenario: en importantes oficinas de Puebla y el DF ya se habla de ello, y con una seriedad asombrosa.
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No fue el exceso de trabajo, como adujo, la causa de su renuncia como integrante del Comité Técnico que apoyará a la Comisión Especial del Instituto Electoral del Estado para llevar a cabo la nueva distritación de Puebla.
La verdad es que Carlos Alberto Montero Catalán, vocal del Registro Federal de Electores (RFE), fue víctima de una serie de absurdas contradicciones por parte del Servicio Profesional Electoral del IFE.
El mismo que primero le dijo que no había problema en que se sumara a la Comisión Especial y que unos días después, cuando ya había tomado protesta, le informó que siempre sí tenía impedimento legal, aunque no cobrara sueldo o remuneración alguna.
El hueco que deja en un comité de apoyo a una comisión que debe tener lista la nueva configuración distrital electoral del estado el próximo 12 de agosto, será cubierto seguramente por Octavio Muñoz Reyes, quien estuvo como encargado de despacho del RFE.
Pero el ridículo que hizo Montero Catalán nadie se lo quita.
