El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, indicó que el senador Alejandro Armenta puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a la instancia que quiera por el caso de la detención del ex edil de la junta auxiliar La Resurrección, debido a que todo se hizo de manera legal.
Lo anterior, luego de que el senador, Alejandro Armenta diera a conocer en días previos que acudirá ante la CIDH para revisar el tema de las personas detenidas, puesto que considera que las acciones contra el expresidente auxiliar son de represión y atentan contra sus derechos.
Ambos se enfrentará en 2024 en las urnas por la gubernatura de Puebla.
Rivera Pérez recordó que la detención y vinculación a proceso se dio por los actos de violencia que cometieron estas personas en el Palacio Municipal derivado de la inconformidad de la clausura de un bar clandestino, mismo que fue tolerado por el exedil, por lo que las denuncias presentadas en su contra están fundamentas.
“Le recuerdo al senador Armenta que la razón de la inconformidad de algún grupo de manifestantes de La Resurrección fue porque se clausuró un bar clandestino que estaba siendo tolerado y apoyado directamente por la presidencia auxiliar”, resaltó.
El edil capitalino recalcó que el Ayuntamiento de Puebla no es quien está juzgando ni emitiendo sentencias en contra de las personas detenidas, puesto que no es la instancia correspondiente para hacer y que es la FGE la encargada de todo este proceso.
“Hay instancias legales que revisan, sancionan, este tipo de conductas y delitos, el Ayuntamiento de Puebla no es la instancia responsable en este caso, me refiero a la sanción de vinculación a proceso que se les dictó y por supuesto ese proceso seguirá”, acotó.
Es importante recordar que derivado de la trifulca que se dio entre habitantes de la Resurrección y policías municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Adolfo Reyes N., expresidente auxiliar de La Resurrección, Jehu N., secretario general y Adrián N., por los delitos de motín, lesiones agravadas, robo agravado y daño en propiedad ajena doloso.
