Por unanimidad (38 votos a favor) el pleno del Congreso de Puebla aprobó la Ley 3 de 3.
Esta normativa impedirá que violentadores y deudores alimentarios sean candidatos a cargos públicos u ocupen los mismos.
Asimismo, se podrá homologar a Puebla con la normativa federal aprobada sobre el tema y que aplicará en la elección de 2024.
El dictamen evita que personas con sentencias de violencia política de género, familiar o deudor alimentario ocupe un lugar en el servicio público de los Poderes del Estado o ser candidato para un cargo de elección popular.
Nadie podrá ser candidato si enfrenta: “… tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.