Poblanos que radican en Florida deberán ponerse en contacto con las oficinas consulares ante la entrada en vigor de ley antimigrante SB 1718, señaló en subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas.
Comentó que son alrededor de 700 los poblanos que radican en Orlando y Florida, los cuales, dijo, deben estar tranquilos y en contacto con dichas autoridades en EU.
El funcionario indicó que desde mayo se puso en marcha una campaña de difusión de los teléfonos de los consulados de Florida y Orlando desde las representaciones del Instituto Poblano de Atención al Migrante en Los Ángeles, Nueva York y New Jersey.
Ley antimigrantes en Florida SB 1718
Esta normativa entró en vigor a partir de este 1 de julio y contempla aspectos como:
Asignación de 12 millones de dólares para facilitar la reubicación de inmigrantes indocumentados desde cualquier estado hacia otras ubicaciones dentro de los Estados Unidos.
Se pide a empleadores con más de 25 trabajadores utilicen el programa E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de sus empleados en cuanto a su estatus migratorio.
Habrá auditorías aleatorias en empresas para verificar el cumplimiento del uso del E-Verify, y se aumentarán las multas por emplear, contratar o referir a inmigrantes sin estatus legal.
Revocación permanentemente las licencias de operación de las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
Se deroga la ley que permitía a los abogados ejercer mientras regularizaban su estatus migratorio.
Se exige que las agencias de orden público obtengan muestras de ADN de los indocumentados que estén bajo detención federal.
Se prohíbe a las ciudades y condados del estado emitir identificaciones comunitarias, y se anulan las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.
Se solicita información sobre el estatus migratorio de los pacientes en hospitales que acepten Medicaid y en salas de emergencia, y se les informa sobre el costo de la atención médica recibida.
Se imponen penas de hasta 15 años de prisión a individuos que oculten, alberguen, transporten o protejan intencionalmente a personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, negocios, amistad o incluso lazos familiares.
Si el transportista reside en Florida, también se le acusará de un delito grave.
Se establecen penas de 5 años de prisión y multas de $5,000 para personas indocumentadas mayores de edad, y 15 años de prisión y multas de $10,000 para personas indocumentadas menores de edad.