La secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, opinó que la recién aprobada Ley contra el Ciberasedio en Puebla debe ser sometida a la opinión de periodistas, padres de familia y toda la sociedad; tomando en cuenta que el gobierno de la 4T está en contra de cualquier tipo de censura.
Cuestionada sobre la reforma legal durante la conferencia mañanera que encabeza en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal indicó: “se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso”.
“Me parece muy importante que participen pues toda la sociedad poblana sobre y la de México, la que así consideraría sobre este tipo de artículos que han aprobado en el Congreso del Estado. Entonces, que se ponga a consideración y que pues sean muchos los periodistas que participen, los padres de familia, en fin, que participen todo mundo para que pueda dar su opinión, sobre que en México no debe haber censura, libertad, libertad y derecho”.
Finalmente, manifestó: “Ahorita solamente está a revisión de todo el pueblo de Puebla que se someta a una revisión exhaustiva, creo que todos los casos tienen que ser revisados porque el pueblo de México no está a favor de la censura”.
Cabe recordar que el sábado fue promulgada la reforma al Código Penal de Puebla en que se especifica castigo de tres años de prisión al ciberasedio.
El polémico artículo 480 reza:
Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima.