La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de control calificó de legal la detención y otorgó prisión preventiva oficiosa en contra de 12 personas (5 mujeres y 7 hombres), por delitos contra la salud, tras la ejecución de un cateo en cuatro bares del municipio de San Martín Texmelucan, en cumplimiento a mandatos judiciales. Los establecimientos serían propiedad del exdiputado y ex presidente municipal Víctor León Castañeda. Versiones periodísticas apuntaron que personeros de la FGE estarían pidiendo una “mordida” de hasta 80 mil pesos para liberar a cada detenido.

Durante el fin de semana, agentes de la Fiscalía, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), aseguraron en los inmuebles diversas dosis de droga como metanfetamina, cocaína, marihuana y detuvieron a 69 personas.

Según la FGE, se obtuvo evidencia que permitió acreditar que dichos lugares eran utilizados como centros de operación para actividades delictivas relacionadas con el comercio de drogas, por lo que se realizó el aseguramiento de las personas que se encontraban en estos lugares al momento de los cateos, bajo los protocolos correspondientes.

Tras realizar el análisis individualizado de cada caso y al no encontrarse elementos de prueba que acreditaran la participación activa de 57 personas en las conductas delictivas investigadas, el agente del Ministerio Público determinó su liberación en estricto apego a los principios de legalidad y presunción de inocencia.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control, calificó como legal la detención de 12 personas, 5 mujeres y 7 hombres, quienes se encuentran con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y será el próximo viernes cuando se resuelva su situación jurídica con base en los datos de prueba.

La FGE a cargo de Idamis Pastor Betancourt afirmó que estas actuaciones “se realizaron con estricto apego a derecho, en cumplimiento a un mandato judicial, por lo que la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la protección y paz de la población”.