Con el propósito de incorporar el derecho a la obra comunitaria dentro de la política estatal de desarrollo social, reconocer su carácter prioritario y establecer la obligación de las autoridades de promover mecanismos que garanticen la participación de las comunidades en la planeación y ejecución de obras destinadas al bienestar colectivo, la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social.
Como parte de la propuesta, presentada en sesión ordinaria, se contempla que la política social de la entidad tendrá entre sus objetivos garantizar el derecho de las personas, comunidades, pueblos, juntas auxiliares, inspectorías, colonias y demás centros de población a participar en la identificación, priorización, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de la obra comunitaria como instrumento para el desarrollo social, el fortalecimiento del tejido comunitario y el bienestar colectivo.
Además, se indica que toda persona y comunidad del Estado tiene derecho a la obra comunitaria como un instrumento de participación social para contribuir al desarrollo social y al bienestar colectivo. Las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán el ejercicio de este derecho mediante mecanismos de participación ciudadana, corresponsabilidad y transparencia.
“Cuando la ciudadanía participa las obras responden verdaderamente a las necesidades de todas nuestras comunidades, los recursos se ejercen con mayor transparencia y el desarrollo deja de ser únicamente en infraestructura para comenzar a medirse en organización, solidaridad y justicia social”, indicó.
La propuesta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Bienestar para su estudio y resolución procedente.