Asociación de Padres de Familia a favor de comida chatarra
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La Asociación Estatal de Padres de Familia rechazó que se quite de inmediato la comida chatarra de las cooperativas en las escuelas, ya que perjudicará a quienes también son papás y viven de las ventas, por lo que proponen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que aplique esta restricción en forma paulatina o a partir del próximo ciclo escolar
La Asociación Estatal de Padres de Familia rechazó que se quite de inmediato la comida chatarra de las cooperativas en las escuelas, ya que perjudicará a quienes también son papás y viven de las ventas, por lo que proponen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que aplique esta restricción en forma paulatina o a partir del próximo ciclo escolar.
Aurora González, titular de los paterfamilias, señaló que si bien es una buena medida retirar este tipo de comida para combatir la obesidad en los niños, también afectará las inversiones que hacen las 10 mil 800 cooperativas, a las cuales se debe dar tiempo para sacar la mercancía que tiene y sustituirla por alimentos preparados.
“También quienes manejan este tipo de tiendas son afiliados a cámaras de comercio en pequeño, por lo que igual habrá protestas por la determinación de las autoridades de Salud, que en todo caso deben supervisar que la comida como tortas sean preparadas en las escuelas y no sea traídas de otros lugares”, apuntó.
Admitió que las ventas promedio por cada cooperativa oscilan entre los 7 mil pesos diarios, por lo que insistió que el retiro de la comida chatarra debe ser en forma paulatina para no mermar los ingresos de las familias.
CONTINÚAN DENUNCIAS CONTRA ABUSOS EN ESCUELAS
Por otro lado, González denunció que hay 22 quejas contra el Colegio San Ángel de Puebla ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que se encuentra cerca de Ciudad Judicial, ya que acusan a la institución de obligar a los padres de familia a comprar una carpeta con el logotipo del plantel.
Debido a ello tuvo que intervenir la asociación de paterfamilias para levantar un acto y no permitir que se cometa este abuso, siendo en 72 horas que esperan resolver el problema, puesto que no debe ser una obligación.
