Auditan al gobierno de Marín por evasión fiscal
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A raíz de lo aquí publicado sobre el adeudo de casi 3,500 millones de pesos del gobierno del estado a la federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la denuncia que por evasión fiscal presentó el diputado José Manuel Janeiro Fernández en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una auditoría a la administración marinista.
A raíz de lo aquí publicado sobre el adeudo de casi 3,500 millones de pesos del gobierno del estado a la federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la denuncia que por evasión fiscal presentó el diputado José Manuel Janeiro Fernández en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una auditoría a la administración marinista.
El propósito de la auditoría, que se inició hace un par de semanas en el domicilio de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, es estimar a cuánto asciende la suma de ISR que la administración marinista no entera a la Secretaría de Hacienda —de 2005 a la fecha— por las compensaciones no gravadas que quincena con quincena cubre a sus funcionarios.
El pasado 12 de septiembre le adelantaba aquí que uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal sería sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos por concepto de ISR, producto de la diferencia entre lo que el gobierno del estado debe pagar y lo que en realidad cubre a la Secretaría de Haciendapor este gravamen.
Le decía que incluso el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, ya tenía un estimado de ese hoyo fiscal, a partir de la suma no enterada de 2005 a 2009 por las compensaciones exentas de ISR que el gobierno marinista pagó a su burocracia dorada.
Según ese diagnóstico, en 2005 la Secretaría de Finanzas debía pagar 518 millones de pesos de ISR por el total de su nómina, pero sólo cubrió 189 millones, historia que se repitió en los años subsecuentes.
En 2006, sólo pagó 229 millones de un total de 528 millones; en 2007, 271 millones de 603 millones; en 2008 1,039 millones de un total de 1,798 millones; y en 2009, 1,098 millones de un total de 2,094 millones de pesos.
Tal situación no pasó inadvertida para algunos actores políticos. El legislador panista José Manuel Janeiro se subió al tema y en la primera semana de octubre se apersonó en la oficina Puebla Norte de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del SAT para denunciar a la Secretaría de Finanzas y a sus principales funcionarios —Gerardo María Pérez Salazar y David Villa Issa— de evasión fiscal.
En su querella el diputado local sostiene que los funcionarios arriba mencionados son responsables del delito de evasión por no pagar a la Secretaría de Hacienda el ISR de las compensaciones salariales de los funcionarios del gobierno del estado, a pesar de la obligación que tienen de hacerlo, por disposición o sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por rehusarse a suscribir un convenio de quitas con la Federación para regularizar esa situación.
A partir de la denuncia de Janeiro, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria abrió una investigación e inició una auditoría en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas para documentar a cuánto ascienden los adeudos fiscales del gobierno del estado por concepto de ISR y para determinar si su titular Gerardo Pérez Salazar o el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, incurrieron en alguna responsabilidad penal o administrativa por no cobrarlos, ni enterarlos a la Federación.
