BUAP va contra Juárez y Chávez; Doger, al margen
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La abogada general de la BUAP dio a conocer que sólo habrá procesos en contra Fernando Juárez Labadié y Enrique Chávez Estudillo por desprestigiar a la universidad; pero sobre el reto de Enrique Doger al rector para que difunda su declaración patrimonial y se deslinde de enriquecimiento ilícito, la funcionaria se abstuvo de responder
La abogada general de la BUAP, María Esther Gámez Rodríguez, anunció que la postura oficial de la institución es la de defender el honor de ésta y, que las acciones que se tomarán son de manera administrativa contra Fernando Juárez Labadié y Enrique Chávez Estudillo, dos ex integrantes de la máxima casa de estudios.
En conferencia de prensa, Gámez Rodríguez aseguró que las declaraciones hechas este día por Enrique Doger Guerrero no tienen nada que ver con el proceso que se ejercerá al interior de la BUAP. Hizo énfasis en que muchos de los argumentos del ex rector son debatibles, pero le corresponderá a Enrique Agüera Ibáñez decidir si iniciará otro tipo de acciones por las acusaciones que se le imputan.
La BUAP emitió el siguiente comunicado oficial al que tituló “Rechazan universitarios postura de Doger Guerrero”:
En relación con las declaraciones realizadas por Enrique Doger Guerrero, consideramos que todas sus aseveraciones son debatibles, dado que evadió mencionar lo fundamental y que fue lo que originó el malestar de la comunidad universitaria, afirmó María Esther Gámez Rodríguez, Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La funcionaria universitaria señaló que en la declaración expuesta este día por Doger Guerrero ante los medios de comunicación no se manifiesta el motivo real por el que las instancias universitarias se dieron a la tarea de iniciar una investigación administrativa en la que sí se ve involucrado su nombre y que tiene que ver con lo siguiente:
Con fecha 18 del mes y año en curso, el Doctor José Marún Ibarra Doger, en su carácter de trabajador universitario, presentó ante el Doctor Enrique Agüera Ibáñez, como Presidente del Consejo Universitario una denuncia en la que refiere diferentes hechos, de los que se puede identificar intentos de intromisión en la vida interna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En esa misma fecha, continuó la abogada, Ibarra Doger publicó en el portal de Status, un documento en el que narra los mismos hechos de la denuncia presentada.
Ante esa situación, Agüera Ibáñez en su carácter de Rector y en cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley y el Estatuto Orgánico, instruyó se turnara a la Oficina de la Abogada General para que en cumplimiento de lo establecido por la fracción I del artículo 90 del segundo ordenamiento legal invocado, iniciara la investigación administrativa correspondiente, toda vez que en el documento se ven involucrados dos trabajadores pasivos de la Universidad: Fernando Juárez Labadié y Enrique Chávez Estudillo.
La manifestación del Rector Enrique Agüera Ibáñez en la reunión de 19 de agosto citada por diferentes Directores de Unidades Académicas, en el sentido de que había sido amenazado, señalando a Enrique Chávez Estudillo, como autor de una llamada, no indica que involucre a Doger Guerrero; además de que solicitó a la oficina de la Abogada General iniciara una investigación para determinar los alcances de la amenaza y del daño que se pudiera ocasionar a la Institución.
Por ello, Gámez Rodríguez puntualizó que en ejercicio de la Autonomía Universitaria su oficina analiza dos denuncias, a las que se les debe dar el cauce legal, con fundamento en la norma interna aprobada por los universitarios.
Así las cosas, finalizó, más allá de su voluntad, el Rector no puede dejar pasar este tipo de denuncias, por tanto, como Presidente del Consejo Universitario está obligado a tomar cartas en el asunto.
