Congreso inmutable ante huida de magistrados del TSJ
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Ante la solicitud de jubilación adelantada de 12 integrantes del Tribunal Superior de Justicia, el diputado Pepe Momoxpan promovió un punto de acuerdo para que el gobernador Mario Marín se abstenga de “sembrar” a los damnificados por la derrota del PRI; pero ninguna bancada atendió su llamado
Con la intención de evitar que el Poder Judicial se convierta en un instrumento político o en un asilo de funcionarios en desgracia- ante la derrota electoral del PRI -el diputado del Partido del Trabajo, José Manuel Benigno Pérez Vega, mejor conocido como Pepe Momoxpan, solicitó al Congreso del Estado emitir un punto de acuerdo para salvaguardar la autonomía e independencia de este poder, ante la salida sorpresiva de 12 de 24 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), quienes ya han comenzado a integrar sus expedientes de jubilación.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador consideró que estos movimientos tienen como objetivo que el “marinismo” se sirva del Poder Judicial en los próximos años ante la derrota electoral del PRI el 4 de julio.
“La estampida de magistrados es para conformar un nuevo poder que responda a los intereses del grupo recién derrotado, en el que se incluirán a figuras en desgracia política y desamparo presupuestal”, comentó.
Cabe destacar que la petición del legislador no encontró eco en las demás fuerzas políticas, por lo que su petición fue turnada a la Comisión de Gobernación.
Aquí su discurso:
Aunque la estrepitosa, rotunda y apabullante derrota electoral sufrida por el delfín del marinismo debía ser una excelente oportunidad para que el titular del ejecutivo local cerrara su sexenio con la voluntad de diálogo, sensibilidad social y espíritu de legalidad que tanta falta le hicieron a lo largo de su mandato, todo esto en aras de tener una despedida “bonita, madura y alegre” con la ciudadanía poblana, al parecer va a seguir confundiendo la primera magistratura del estado con su negocio particular.
En razón de esa visión patrimonialista, cerrada, obcecada de la que ya hizo gala durante todo el sexenio y en particular al momento de designar –una vez más violando las más mínimas formas legales y políticas- a su sucesor, Mario Plutarco Marín Torres ha venido considerando a los otros poderes del estado extensiones de su propia oficina, apéndices de su voluntad. En esta ocasión quiero centrarme en la reiterada violación de la independencia del Poder Judicial, de la reiterada intervención dentro de la esfera de competencias del Tribunal Superior de Justicia.
Antes de que se asentara el revuelo causado por los primeros indicios de la derrota electoral, no sabemos si por indicación directa del “señor gobernador” o respondiendo al instinto de quienes se saben en una posición desventajosa para sus intereses, 12 de los 24 magistrados que integran este órgano, comenzaron a integrar los expedientes de su jubilación.
Este movimiento no es de ningún modo natural, acorde a las necesidades, tiempos y circunstancias de un poder estatal independiente, dedicado a cumplir su propia función. Más bien recuerda una coreografía, un acto consensado que a la larga modifica brutalmente la composición del órgano y abre espacios para la negociación política, para el reciclado de figuras en próxima desgracia política y desamparo presupuestal. La única razón para una estampida de estas proporciones es la de abrir paso a la conformación de un nuevo Poder Judicial, uno que responda no a la ciudadanía sino a los intereses del grupo recién derrotado en las urnas. Todavía no se resuelve el asunto del ex magistrado López Brun y ya el ejecutivo el Estado interviene en la vida interna del Poder Judicial del Estado.
Debemos recordar que esta Legislatura le concedió al gobernador una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la designación de Ricardo Velázquez Cruz, su abogado defensor en el “caso Lydia Cacho” y sin trayectoria en el Poder Judicial, como integrante del Tribunal Superior de Justicia.
Esta sumisión del Legislativo al Ejecutivo es la que señala la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros hechos graves que en el Estado existe concentración de poder que tiende a poner en riesgo las garantías individuales por actuaciones institucionales “que han afectado la independencia y la integración de los Poderes Judiciales”, vulnerando la separación de poderes.
Por lo anterior, para evitar que el Poder Judicial se convierta en un instrumento político o en un asilo de funcionarios en desgracia –peligro que también se cierne sobre la BUAP a pesar de todo su prestigio institucional y sobre el cuerpo notarial- solicito a esta soberanía emita un punto de acuerdo que permita salvaguardar la autonomía e independencia del Poder Judicial y, de paso, haga patente su propia independencia.
