Costó 250 mil pesos la concesión de la venta de tarjetas telefónicas en San Miguel
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La conducta de Aldo Enrique Cruz Pérez no sólo se debe cuestionar por su homofobia, sino también por su doble moral, pues por un lado el titular de la Dirección General de los Centros de Readaptación Social (Digcereso) pregona los principios católicos, razón por la cual ordenó que haya capillas de este culto en los 22 penales de la entidad, y por otro es indolente para combatir la galopante corrupción y negocios ilícitos que privan en las cárceles poblanas. Un ejemplo reciente es la venta que hubo en 250 mil pesos para que un grupo controle la venta de tarjetas telefónicas en el Cereso de San Miguel.
La conducta de Aldo Enrique Cruz Pérez no sólo se debe cuestionar por su homofobia, sino también por su doble moral, pues por un lado el titular de la Dirección General de los Centros de Readaptación Social (Digcereso) pregona los principios católicos, razón por la cual ordenó que haya capillas de este culto en los 22 penales de la entidad, y por otro es indolente para combatir la galopante corrupción y negocios ilícitos que privan en las cárceles poblanas. Un ejemplo reciente es la venta que hubo en 250 mil pesos para que un grupo controle la venta de tarjetas telefónicas en el Cereso de San Miguel.
Una fuente bien informada sostiene que no hace mucho un grupo de internos del penal de la ciudad de Puebla –ubicado en el área de “distinción”, que es donde recluyen a los responsables de delitos mercantiles– compró “la concesión” para que sólo ellos puedan vender tarjetas de débito que se usan para hablar por los teléfonos públicos de la prisión, que son la única vía de comunicación del grueso de los 3 mil internos.
Se dice que uno de los presos que “labora” con ese grupo es Humberto Alan Ibarra, quien en 2006 era un alto funcionario de la Dirección de Vialidad del estado y en el centro comercial la isla de Angelópolis mató a un joven que se empleaba de valet parking.
Esa mafia de internos al haber pagado 250 mil pesos por esa “concesión” tiene derecho a que solamente ellos pueden introducir y comercializar los plásticos en cuestión, los cuales se venden en los siguientes precios: los que dan 100 pesos de tiempo aire se comercializan entre 150 y 200 pesos, dependiendo el día, ya que los fines de semana son más caros. Los de 50 pesos se ofrecen entre 80 y 100 pesos, mientras que los de 30 pesos se ofrecen entre 50 y 60 pesos; es decir, es un jugoso negocio.
Los miembros de esta mafia se paran frente a los teléfonos públicos del penal –a lo largo del día– y nadie puede hablar si no les compran una tarjeta para usar los aparatos.
Esa condición incluye a los internos más pobres; quienes no tienen dinero, les cobran a 5 pesos el minuto de llamada telefónica. Si alguien no tiene un peso no podrá usar los aparatos, sin importar qué tan urgente sea su necesidad de comunicarse al exterior; es decir, en el penal se lucra con el dolor de los internos y el titular de la Digcereso, pese a su moral cristiana, no hace nada para remedir esa condición.
Otro negocio, que no es reciente, es que la Digcereso estableció como norma que los familiares de los internos tienen que tramitar una credencial que los acredita como parientes y les da acceso a la prisión más grande del estado. Un custodio bien informado narró a este tecleador que solamente 30 por ciento de las personas que visitan el penal cuenta con esa credencial.
El resto de la gente que va a entrevistarse, llevar comida o ropa, medicamentos o simplemente a acompañar a los internos, ya sean hombres o mujeres, a cambio de un pago de 20 pesos los dejan pasar y les dispensan no contar con la mentada tarjeta.
Ese cobro parecería insignificante, pero no lo es si se toma en cuenta que cada sábado o domingo llegan al penal en promedio unas mil personas por día a intentar tener contacto con algún preso.
Aldo Enrique Cruz, quien ha sido presidente de la Confederación Nacional de Cereso, siempre que habla en privado y en público hace alusiones de tipo religioso; por ejemplo, en una entrevista que concedió a El Sol de Puebla y se publicó el 29 de marzo del año pasado, cuando le preguntaron cómo se ha mantenido la estabilidad en las cárceles poblanas, contestó: “cuándo me preguntan cómo le hemos hecho, yo creo que dios es el que nos ha iluminado, porque sólo así se explica”.
El caso es que “monseñor”, tal como lo conocen en el ámbito de los penales por su fanatismo religioso, no utiliza esa iluminación divina de la que dice ser portador para combatir los abusos, vicios y negocios ilícitos que hay en los 22 penales a su cargo.
Un testigo me contaba que la fiesta en el penal de San Miguel del 15 de septiembre, con motivo del bicentenario de la independencia, estuvo muy buena, ya que hubo bastante alcohol, que se supone está prohibido, pero que ahí se vende sin ningún problema.
“Monseñor” cada vez que puede se ostenta como un hombre cercano a Norberto Rivera Carrera, el cardenal de la ciudad de México, y por eso se siente con el derecho de hablar como ministro de la iglesia católica; pero fuentes bien informadas indican que Aldo Enrique Cruz falta al séptimo mandamiento, de “no mentirás”, ya que es falso que sea un político ligado al prelado.
Los únicos políticos en el estado que pueden presumir su estrecha cercanía al ex obispo de Tehuacán y ahora cardenal son los hermanos Willebaldo e Ignacio García de la Cadena, quienes a su vez eran parte del grupo de la finada Socorro Romero, una poderosa empresaria avícola y benefactora de Rivera.
En realidad, Cruz Pérez se ha mantenido en los últimos años en diferentes cargos de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública por haber sido protegido, primero por Carlos Alberto Julián y Nacer –quien se perfila a ser el próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia– y más recientemente por Filiberto López Zavala, quien fue director técnico de la Digcerso, pero era quien realmente dirigía toda el área de penales y tenía mucho poder por ser hermano del fracasado candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala.
