Delegada de la PGR acepta que liberó a un zeta
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Un servidor no es abogado, pero es necesario y con todo respeto responder la carta aclaratoria que la delegada estatal en Puebla, de la Procuraduría General de la República (PGR), envió a la redacción de Intolerancia Diario y que se público el 3 de julio, relacionado a una nota titulada “Libera PGR Puebla a un peligroso sicario”.
En la carta, la delegada Imelda Calvillo Tello, indica que un servidor actuó con “irresponsabilidad y mala fe”, al informar que la PGR Puebla había dejado en libertad a Jaime Rodríguez Hernández “jefe de escoltas” de Manuel Antele Velasco, uno de los “jefes Zetas” que operan en la ciudad de Tamaulipas, ocho horas después de su detención; además de que la PGR ocultó al “jefe de sicarios”, para que la PGJ no lo investigara.
En la carta que amablemente envía la delegada argumenta que la detención de Jaime Rodríguez Hernández, se derivó de una investigación que desde mayo del año en curso tenía la Policía Federal Preventiva (PFP), además de que tras su detención reportaron a todas las instancias, tanto estatales como federales si este sujeto tenía cuentas pendientes y que resultó negativo.
La delegada concede que, al momento de ser detenido Jaime Rodríguez en el infonavit Amalucan, le encontraron armas de fuego, pero omite los cartuchos, 91 para ser precisos, además de que reconoce que a las 19:00 horas del día 25 de junio el agente del Ministerio Público federal decretó la libertad provisional, bajo caución a Jaime Rodríguez Hernández, al no tratarse de “delitos graves” los imputados.
Al inicio le comente que un servidor no es abogado, pero revisando por curiosidad los artículos sobre la Ley Federal de Armas de Fuego y de Explosivos, en los artículos 7, 8, 9, fracción primera, además de los 11, 12, 77, 79, 81, 83 y 86; de estos el 11 y 12 tienen que ver con la portación de armas menores del calibre 38 especial —como la que nuestro personaje portaba—, además de una 38 especial, abastecida con seis cartuchos, una 9 milímetros, donde además del cargador llevaba unos 85 cartuchos útiles, suficiente para hacer frente a cualquier corporación policiaca, sólo que cuando los federales lo detuvieron lo tomaron por sorpresa, en otras palabras, fue una detención de un peligroso sujeto impecable, sin un sólo disparo, aunque ahora este hombre está libre.
El artículo 81 habla sobre la penalidad de quienes cometen el delito de portación de arma de fuego y que es de dos a siete años de prisión.
Le repito, no soy abogado, pero el artículo 83, que habla de las penalidades, indica que si la persona detenida con un arma de fuego superior al calibre 38 especial, además de portación de cartuchos, le repito, 85 listos para ser utilizados, la pena se agrava, por lo que entonces puede aplicarse el artículo 86 en su fracción segunda, donde la penalidad aumenta de cinco a 30 años de prisión.
Disculpe usted las “erratas legales” de esta apreciación, pero también es la intención de que nuestros amigos lectores estén enterados del por qué, de ninguna manera, debería haber sido liberado Jaime Rodríguez Hernández, a quien un servidor no acusa de nada, sólo informa del por qué de su detención.
Ahora bien, por lo que respecta a si fue o no informada la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la delegada de la PGR, aclaró que personal de la PGJE ingresó a las instalaciones de la delegación Puebla e interrogó al sospechoso y de esto había actuaciones.
Primero, le comento que en un caso donde se presume la delincuencia organizada —portación de dos armas de fuego, 91 cartuchos y una investigación que la misma delegada reconoce se inició contra Jaime Rodríguez Hernández, desde el mes de mayo— por lo menos el Ministerio Público federal debió haber organizado una investigación de 48 horas y no de menos de 24, para decretar la libertad “provisional” de un hombre que es considerado de alta peligrosidad.
Estas investigaciones tendrían que ver con oficios enviados a la PGJ de Puebla, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), para que respondieran, con otros oficios sino había “cuentas pendientes” con el sospechoso de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los cuales no se hicieron.
Un servidor no tiene la intención de exhibir a nadie, sólo le comentó de las irregularidades de una investigación que pone en la calle a un hombre que podría ser un riesgo hasta para las mismas corporaciones policiacas que participaron en su detención.
De todas formas, todas las aclaraciones de este caso, incluso las copias de los oficios que le comente, se reciben y serán publicadas, estén ustedes seguros.
