Denuncian penalmente a Javier García Ramírez por fraude y extorsión
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El empresario José Armando García Ramírez denunció por presunto fraude a Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop), a quien acusó de obligarlo a vender a bajo precio un predio para la construcción del Distribuidor 8 del tramo Oriente del Periférico, bajo la amenaza de promoverle una expropiación.
En la constancia de hechos CH-2965/2010/Centro, presentada el viernes pasado, José Armando García señaló además que el funcionario público únicamente le pagó 4 millones 133 mil 951 pesos por su predio de 3 mil 754 metros, aunque en realidad tiene una extensión de 4 mil 370 metros cuadrados; Es decir, no le reconoció 616 metros cuadrados, contemplados en escrituras originales.
El afectado denunció también que García Ramírez, a través de la Dirección Jurídica de la Seduop y del despacho Roberto Reyes y Asociados, lo extorsionó con 800 mil pesos para supuestamente “gestionar” un precio mayor por su terreno.
Transacción a bajo costo
El contrato de compra-venta entre el particular y el gobierno del estado se llevó a cabo sin tomar en cuenta una rectificación de medidas promovida por el afectado en la Notaría Pública Número 1 de Tecali de Herrera, la cual establecía una superficie total de 4 mil 370 metros cuadrados.
Desde ese momento Armando García reclamó a la Seduop el pago de los más de 600 metros remanentes, pero los funcionarios de la dependencia se negaron a pagárselos.
Tras un rompimiento con su representación legal, José Armando García fue obligado a vender su terreno al precio cotizado por Catastro, bajo la amenaza de una expropiación y con ello un pago de 70 pesos en lugar de 1 mil 101 pesos por metro cuadrado.
El contrato se celebró el 25 de mayo de 2010 ante la Notaría Pública Número 6, en el que se acordó un pago de 4 millones 133 mil 951 pesos.
La extorsión
Armando García sostuvo que en este proceso fue extorsionado por Alberto Delgado Maccise, director Jurídico de la Seduop, y por los abogados Roberto Reyes Aguilar y Jorge Alberto López Aguirre, representantes del bufete jurídico Roberto Reyes y Asociados, quienes le pidieron 800 mil pesos para que el titular de la dependencia “gestionara” un precio mayor por su predio, antes de venderlo.
Fue Delgado Meccise quien le propuso contratar los servicios del despacho de Roberto Reyes, que a decir de Armando García, está involucrado en la mayor parte de los contratos de obra realizados por la Seduop en este sexenio:
“Al principio (Roberto Reyes) me ayudó con el juicio de desalojo que promoví contra unos inquilinos que adeudaban el pago de la renta de unas bodegas ubicadas en mi propiedad –es decir, el predio donde se construyó el Periférico-. Un día me pidió que me desistiera de estos procesos y a cambio la Seduop me daría 100 mil pesos como compensación”.
Armando García rompió relaciones con Reyes Aguilar al enterarse que al tiempo que fungía como su representante legal, promovió un amparo a favor de sus inquilinos, determinación judicial que detuvo la obra, hasta que fueron indemnizados con 300 mil pesos por la Seduop.
Triangulación de recursos
Para agilizar el inicio de la obra, la empresa que ganó la licitación Gruconst S.A. de C.V. de Aristeo Reyes Hernández, le entregó al afectado un millón 750 mil pesos como anticipo por su predio, en lo que el Instituto de Catastro del estado definía un precio exacto y la Seduop iniciaba con los pagos correspondientes.
De esta cantidad surgieron los 800 mil pesos enviados a Javier García a través de Roberto Reyes y Alberto Delgado, acusó el empresario.
En total, Gruconst le dio a Armando García 1 millón 750 mil pesos, cantidad que el propietario reintegró a la firma después de recibir el pago por parte de la Seduop.
Tras el rompimiento con su representación legal, el propietario buscó a Javier García para denunciar estas arbitrariedades.
El titular de la Seduop le aseguró que se realizaría una investigación, además de rechazar que recibió dinero de parte de su director Jurídico para recotizar el predio, ya que se trataba de “un robo y una actitud deshonesta”.
La investigación nunca se realizó y el titular de la Seduop se negó a recibir de nueva cuenta al propietario, quien gestionó una audiencia con Mario Montero Serrano, entonces secretario de Gobernación, a través de Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional del PRI:
“Por mi cercanía con Paredes Rangel, en un principio me recibió y me dijo que se me pagaría un precio justo por mi propiedad. Me canalizó con Francisco Gil Díaz, subsecretario de Asuntos Jurídicos y este a su vez con Gustavo Enciso, quien no resolvió nada después de varios encuentros”.
Queja ante Derechos Humanos
Además de la denuncia penal, José Armando García promovió dos quejas ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Comisión de Derechos Humanos en el estado.
Tras analizar los hechos, la CDH inició una la investigación 4892/2010-I y le requirió información a la Seduop respecto al pago del adeudo.
A través de un oficio, la Dirección Jurídica, argumentó que el contrato de compra-venta se celebró con el consentimiento de Armando García y señaló que los más de 600 metros remanentes estaban en análisis a pesar de que la Notaría Pública de Tecali había realizado la rectificación correspondiente.
Hasta el momento, tanto este proceso como el de la Fiscalía Anticorrupción están abiertos.
Armando García Ramírez indicó que después de las denuncias, funcionarios de la dependencia le informaron que por órdenes del secretario, García Ramírez, su caso será archivado y el adeudo no le será cubierto, por lo que decidió hacer pública su afectación.
