Despidieron a Anahí Romero de la CDI por evitar abusos por 37 mdp
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Acerca de la salida de Anahí Romero Alonso como delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no está dicho todo, pues existen documentos y pruebas a favor de la ex funcionaria que apuntan a que su dimisión fue consecuencia de una serie de presiones y actos de hostigamiento de altos funcionarios de la CDI, debido a que se negó a encubrir anomalías financieras por 37 millones de pesos que implican a dos empresas; al edil de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, y al ex delegado del organismo federal José Antonio Aguilar Santisteban.
El talón de Aquiles de Romero Alonso es que cuando llegó al cargo descubrió que en 2007, en los municipios de Olintla, Naupan y Tlacuilotepec, se pagaron obras que no existen o que están mal construidas, pero que fueron avaladas por la CDI, razón por la cual no se sancionó a las empresas responsables. En los dos años siguientes, a esas mismas compañías les redujeron los contratos y les frenó los pagos cuando descubrió nuevas anomalías en Olintla, Zapotitlán Salinas y Ajalpan, lo que generó en su contra una ola de ataques provenientes del más alto nivel de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La salida de Anahí Romero Alonso –producida hace un mes– de la CDI ha significado abrir la caja de Pandora en ese organismo, pues versiones a favor y en contra de la ex delegada apuntan a que existe una larga lista de actos de corrupción de parte de autoridades federales y locales, pero principalmente de empresas constructoras, que dañan el desarrollo de las comunidades indígenas, que es donde vive la población más pobre del estado de Puebla.
Personajes cercanos a Anahí Romero se acercaron a este columnista para dar su versión de lo ocurrido, sustentada en una serie de documentos oficiales. Para empezar, aclararon que la panista no fue cesada del cargo, pues aunque en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se dice que fue suspendida el 14 de julio, ella se adelantó y presentó su renuncia el 30 de junio, cuya copia tiene este tecleador con el sello de recibido con la segunda de estas fechas.
La renuncia de Romero Alonso se dio por el enfrentamiento que sostuvo contra dos figuras claves de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Carlos Gutiérrez Ocampo, quien es el coordinador general de Administración y Finanzas, y contra José Camacho Hinojosa, director general del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai), quienes primero presionaron a la entonces delegada para que las obras del Pibai destinadas al estado de Puebla fueran a favor de un conjunto de empresas y después para que no les rescindieran contratos cuando les fueron detectadas anomalías.
Por ello se explica que aunque la ex funcionaria renunció, oficialmente se informa en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que fue rescindida.
La historia de este entramado es la siguiente:
A llegar al cargo de delegada, en 2008, Anahí Romero Alonso se percató de que en Naupan se pagó la construcción de un camino destinado a beneficiar cuatro comunidades, pero nunca se construyó la vialidad.
En Tlacuilotepec se construyó un camino que tiene dos tramos en muy mal estado. Y en Olintla se realizó una carretera de la que actualmente ya casi desapareció la cinta asfáltica.
Por ninguna de esas obras se procedió contra alguien. Por el contrario, los trabajos fueron validados por el entonces delegado de la CDI, José Antonio Aguilar Santisteban, junto con funcionarios del alto nivel del organismo.
La delegada también se percató de que la empresa Electroconstrucciones, que tiene su sede en Puebla, y que hace obras en diferentes partes del país, pero con distintas razones sociales en 2007 fue altamente favorecida por la CDI, ya que se le dieron 15 contratos.
Al siguiente año, cuando Romero Alonso ya era encargada de la CDI, Electroconstrucciones sufrió una reducción del número de contratos, ya que de tener 15 en 2007, para 2008 solamente obtuvo cuatro, luego de que la delegada se abstuvo de favorecer a dicha constructora.
Las cosas no terminaron ahí. En 2008 un enviado de la empresa constantemente visitó a Romero Alonso con el mensaje subliminal de “qué se le ofrece delegada; en qué le podemos ayudar a usted”, pero la funcionaria no cedió los ofrecimientos indirectos de los empresarios que querían convencerla de que les diera obras públicas.
En 2009 se dio el golpe más fuerte contra Electroconstrucciones, ya que Anahí Romero Alonso les canceló el pago de 25 millones de pesos, correspondiente a obras por 6 millones de pesos en Olintla, 6 millones de pesos en Zapotitlán y 13 millones en Ajalpan.
Entre junio y julio de 2009 la empresa en cuestión, utilizando documentos apócrifos, fingió el pago de fianzas que la ley obliga a las empresas constructoras a depositar para garantizar que cumplirán con los contratos.
Y en el caso de los trabajos de Zapotitlán, personal de la compañía falsificó un sello y la firma de un supervisor externo, mismos que aparecieron en 50 hojas de reportes, para aparentar que se había autorizado la revisión de una obra pública y de esa manera se generara el pago de los trabajos, que en realidad no habían sido avalados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Destaca el caso de Zapotitlán porque se trata de una carretera de 14 kilómetros que comunicaría a la comunidad de Los Reyes Mezontla, en donde los pobladores han ganado el Premio Nacional de Artesanías por sus piezas de barro. La obra estaba programada en dos etapas y se paró por la mala calidad técnica que se detectó en los primeros cinco kilómetros, que es lo único que se pudo avanzar.
A las anteriores anomalías se debe sumar que en Teopantlán la empresa en cuestión tenía la encomienda de construir una planta tratadora de aguas residuales, y buscaba que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas le pagara toda la obra por adelantado, aun antes de que pusiera la primera piedra.
Como consecuencia de no darle los contratos que querían y luego retenerles pagos a Electroconstrucciones y otras empresas de los mismos dueños, Anahí Romero Alonso, lejos de recibir el respaldo de sus superiores, sufrió presiones y amenazas del director del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, José Camacho Hinojosa, y en particular de Carlos Gutiérrez, quien le llegó a decir a la ex delegada:
“Ten cuidado, hay empresas de Puebla que se quejan de ti y van a llegar al más alto nivel para quejarse”.
Las amenazas no se reducían al ámbito federal. En el caso de Puebla, alguien que presionó y generó una guerra de bajo perfil contra Anahí Romero Alonso fue el ex delegado José Antonio Aguilar Santisteban, quien luego de dejar la CDI pasó a la dirección técnica de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla (Sedeso), en donde ha querido seguir operando a favor de las empresas que benefició en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Aguilar Santisteban en la Sedeso no ha tenido el campo abierto para maniobrar a favor de sus viejos intereses en la CDI, ya que su influencia ha sido acotada por el titular de la dependencia, Juan Carlos Lastiri.
Los constructores no solamente buscaron torcer a la entonces delegada por la vía de sus contactos en la CDI, sino también acudieron a quejarse con Telésforo Cruz, quien fue delegado de Diconsa en Puebla y es un panista cercano a la ex subsecretaria de Gobernación, Ana Teresa Aranda Orozco. Pero tampoco les funcionó.
De hecho, que Anahí Romero Alonso no haya cedido a los constructores, aunado a que en marzo tuvo un acercamiento con Rafael Moreno Valle Rosas, quien para esa fecha ya se había convertido en candidato de la alianza PAN–PRD a gobernador de Puebla, le provocó un alejamiento de la panista con Ana Teresa Aranda, quien había sido su mentora política.
El caso Zacapoaxtla
Otra fuente de presión contra Anahí Romero provino del alcalde de Zacapoaxtla, el priista Justino Guerrro Lillo, y la empresa Procesa, luego de que la ex delegada emplazó al edil a devolver 11 millones de pesos a la CDI, dinero que hasta la fecha no ha sido restituido.
Resulta que Wenceslao Herrera Coyac, cuando era diputado federal del distrito de Zacapoaxtla, tramitó que se modernizara y ampliara el camino que va de las comunidades Las Lomas al Molino, para lo cual el gobierno federal en 2008, por medio de la CDI, le concedió al ayuntamiento de ese municipio un presupuesto de 10 millones 999 mil 956 pesos con 45 centavos.
El alcalde inició de inmediato la obra, y cuando fue supervisada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se descubrió que no se habían cumplido las especificaciones técnicas, ya que en lugar de que la vialidad tuviera siete metros de ancho, solamente tenía 6.5 metros, y las cunetas en lugar de tener un metro con 30 centímetros, eran de apenas 70 centímetros.
Los primeros en inconformarse fueron los pobladores que iban a ser beneficiados por la carretera, ya que la vía, al no tener las medidas estipuladas, se convertía en una carretera peligrosa al no haber suficiente espacio para que circulen dos vehículos en sentido contrario al mismo tiempo. Por eso la CDI decidió no pagar la obra.
En 2009, cuando se le rechazó la obra al alcalde Justino Guerrero, éste mandó a destruir las obras avanzadas, pero se comprometió a volver a iniciar los trabajos, ya que de lo contrario tendría que regresar los casi 11 millones de pesos. Al final no hizo la vialidad ni retornó el presupuesto federal.
Aunque en un principio el entonces titular de la Sedeso, Javier López Zavala, quiso defender al edil de Zacapoaxtla; al final turnó el caso a la Sedecap, la cual inició una auditoría en abril de 2009, para que finalmente el pasado 27 de abril de este año, mediante el oficio SEDECAP–I–494/2010 le comunicara al Órgano de Fiscalización Superior –ver el documento– que debe proceder contra el alcalde Justino Guerrero, ya que no justificó la aplicación de los casi 11 millones de pesos ni existe la obra que se debió construir.
