El mando único
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La llamada “Iniciativa Mérida”, ha sido el instrumento central que los Estados Unidos de Norteamérica, han empleado para “liderar” las políticas que este país ha definido en la lucha contra el narcotráfico y obviamente las estrategias que esta peculiar “guerra” ha establecido. Entre otros, el nuevo proyecto de ley sobre seguridad pública nacional, que para efectos operativos requiere de un mando único que se refuerza mediante tres ejes: esquemas de cohesión social, inversión tecnológica y limitaciones al lavado de dinero.
Cada una de estas disposiciones, desarrolla políticas públicas específicas y sus consecuencias como la norma que limita a cien mil pesos en efectivo la cantidad máxima, para adquirir un inmueble o un vehículo, sin dar aviso a otras instancias, o bien las nuevas políticas bancarias que den cuenta a la Procuraduría General de la República y por supuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los depósitos por cantidades considerables.
Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo presentado ante el Congreso de la Unión al inicio del sexenio, en ningún momento se refirió a una modificación del sistema federal (léase pacto federal) el establecer una policía única y mucho menos se habló de que el ejército mexicano sería utilizado como cuerpo policiaco, es decir, los hechos actuaron primero y posteriormente el propósito de actuar conforme ordena el estado de derecho y es hora en que no se ajusta la facultad del ejercito y su nuevo rol en la guerra que se libra contra el narcotráfico.
Así mismo, se violentó el artículo 26 constitucional en virtud de que: si existiera un “sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización” evidentemente la prioridad sería el combate a la pobreza y el fomento al desarrollo nacional.
No obstante, es la política de guerra la que genera “la perturbación grave de la paz pública y expone a la sociedad en graves peligros o conflictos.
Como entender en un presunto estado democrático y federal, la existencia de dos grandes cuerpos armados: el ejército nacional, surgido de la revolución mexicana para preservar la soberanía y la paz pública y ahora una policía nacional, bajo un mando único que trastoca la constitución política y la autonomía municipal; toda vez que los alcaldes son responsables de sus policías.
Este hecho ha propiciado una sentida demanda en el Senado de la República, donde representantes de 1500 alcaldes, demandaron no reformar la Constitución y no ampliar las facultades al poder ejecutivo federal, como las llamó Carpizo, facultades metaconstitucionales. Con lo cual, se corren riesgos de un mayor autoritarismo al mantener un desequilibrio institucional que se niega usar convenios de colaboración entre la federación, los estados y los municipios. En Puebla, de proceder esta iniciativa, tendría que llegar hasta las juntas auxiliares municipales, consideradas como un “cuarto nivel de gobierno”.
Para otro tipo de políticas, si procede el convenio de coordinación, sólo que ahora el poder ejecutivo desea dos instrumentos absolutos de control político social, que por cierto, favorecen la estructura jurídico-política del Distrito Federal por razones de ser asiento de los poderes federales y Marcelo Ebrard, convoca a que los gobiernos estatales de todo el país para que deban tener una policía como la del D.F., sólo que la diferencia constitucional entre las entidades federativas y el D.F. es enorme, consecuentemente, el criterio de que “quien paga manda” puede ser válido para otras cuestiones menos para hacer más autoritario al poder ejecutivo federal.
