En Puebla sólo se enjuicia al 1.84% de los delincuentes denunciados
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En Puebla más de 98 por ciento de los delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no recibe una condena. Además, el proceso de la averiguación previa es “lento”, lo que implica que los presuntos delincuentes pasan en promedio 11.5 meses en prisión preventiva antes de que se les dicte sentencia.
En Puebla más de 98 por ciento de los delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no recibe una condena. Además, el proceso de la averiguación previa es “lento”, lo que implica que los presuntos delincuentes pasan en promedio 11.5 meses en prisión preventiva antes de que se les dicte sentencia.
De acuerdo con el “Informe de avance de las propuestas para mejorar la seguridad pública en México”, publicado ayer por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sólo 22 por ciento de los delitos cometidos es denunciado ante las autoridades de justicia, de ellos 15 por ciento recibe una averiguación previa, mientras que 3.9 por ciento de los expedientes es concluido.
Además, del total de delitos denunciados, sólo 2.1 por ciento de los procesos recibe una consignación por parte un juez, y sólo en 1.84 por ciento de los casos se somete al presunto delincuente a un proceso penal, del cual 1.75 por ciento es sentenciado, y de este porcentaje finalmente sólo 1.56 por ciento recibe condena.
El informe, presentado ayer en el campus Puebla del ITESM, revela que el estado ha incumplido con el acuerdo de seguridad nacional, pues menos de 10 por ciento de los policías estatales ha sido evaluado. Las únicas tres entidades donde se han registrado pruebas de control y confianza al personal de seguridad son: Aguascalientes, con 85 por ciento de su personal; Baja California, con 63 por ciento, y Sinaloa, con 57 por ciento de las evaluaciones.
Ante ello, las autoridades universitarias propusieron al gobierno federal acelerar la discusión sobre la reforma al Código de Justicia Militar, garantizando un justo balance entre derechos de militares y civiles, y homologar los protocolos de las Fuerzas Armadas.
“Es urgente atender la desconfianza de la ciudadanía respecto a las instituciones de seguridad pública, el incremento de la percepción de inseguridad y el creciente cuestionamiento de algunos actores sobre los beneficios de la reforma al sistema de justicia penal”, establece el informe.
Asimismo, el documento señala la necesidad de mejorar la calidad y prontitud en la instrumentación de reformas en el área, así como de mayor capacidad de reacción de las autoridades frente a la delincuencia en algunas regiones del país y la dificultad para la coordinación eficaz entre las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, las autoridades universitarias señalaron la necesidad de acelerar la construcción de nuevos penales federales; reforzar los sistemas de inteligencia financiera y consolidar la implementación de los acuerdos internacionales contra el lavado de dinero, tráfico de armas y prevención de adicciones.
“Las actividades criminales generan en México entre 18 y 40 mil millones de dólares anuales, producto de 22 delitos estrechamente vinculados, como la venta de drogas, el tráfico de personas, la piratería y el tráfico de armas. Por ello, el país debe capitalizar la mejora en la regulación y reforzar su capacidad para intercambiar información e inteligencia sobre este tipo de transacciones con otros países”, puntualizó.
Calderón es el que falla: Ibero
Al respecto, el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, consideró que las estrategias en materia de seguridad planteadas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, han fallado, principalmente por la falta de atención a las víctimas de abusos militares o policiacos.
El catedrático apuntó que mientras el nivel de impunidad en el país continúe en 98 por ciento no se podrá enmarcar a la nación como “moderna” y “democrática”, pues se requiere un proceso integral que armonice la reforma legal, operativa y administrativa en el estado, con la intención de facilitar la prevención, contención y corrección de los delitos.
Según el académico, la incidencia delictiva y la violencia en el país ha aumentado en regiones que con anterioridad no solían presenciar este tipo de eventos violentos. “La aparición de presuntas narcomantas es un síntoma de alerta, es una señal de que las bandas del crimen organizado se están moviendo y se reestructuran, y ahí es donde hay que poner atención y no tratar sólo de desviarla”.
