Envejecer en México
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El proceso de modernidad organiza al mundo y lo delimita en dos ámbitos, aquel que le es propio y aquel que le es ajeno. Lo moderno se ha definido por oposición a lo “antiguo”, primero a lo “primitivo” y luego se diferencia de lo “posmoderno” e identifica épocas históricas o estados de “la cultura y la civilización”. Quizá, con esta argumentación, la “Corte de las Supremas Injusticias”, resolvió que las jubilaciones sean rebajadas hasta el equivalente de 10 veces el salario mínimo, vulnerando el derecho de los trabajadores a una pensión digna.
Sería una pérdida de tiempo hacer tipicidades sobre esta Corte tan ajena al estado de derecho, sobre todo a través de la “modernidad”; más bien, delimitando el campo de lo “ajeno”, es posible interpretar la involución del estado social de derecho en México, en esta era posmoderna. Al final de cuentas ¿Qué saben los magistrados de salarios mínimos?, preguntarían los obreros.
¿Cómo entender a un gobierno?, que primero fija cotizaciones por 25 veces el salario mínimo y posteriormente se dispone arbitrariamente de esos fondos de retiro, a través de un acto jurisprudencial. ¿Qué acaso la justicia es cosa de unos cuantos para beneficio de unos pocos?
¿Qué sucede con el movimiento obrero? Ya que el Congreso del Trabajo sólo anunció una “estrategia” (no dijo cual) para combatir el resolutivo de la Suprema Corte. El silencio también alcanzó a los partidos políticos, que dicen enarbolar la bandera de la justicia social, principalmente el PRI (y luego nos preguntamos ¿por qué perdemos elecciones?).
Los diputados federales, quienes tienen en sus manos reformar la Ley del IMSS para evitar este tipo de interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han presentado una propuesta formal y la Comisión Permanente del Poder Legislativo, solamente presenta un punto de acuerdo para respaldar al Consejo Técnico del IMSS, para que preserve el monto actual de las jubilaciones y pensiones, cuando deberían ir más al fondo del asunto, que es precisamente discutir y analizar el futuro del sistema de pensiones en México. Eso es lo que verdaderamente esta en riesgo y que debemos empezar a valorar y a definir estrategias de Estado. Tal parece que los congresistas federales sólo están preocupados y ocupados en la “sucesión presidencial”.
El pasado miércoles 4 de agosto, el Dr. Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados manifestó: “el legislativo dicta las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial las examina en justicia, para definir si la aplicación se ajusta o no a la ley dictada”. Si el Poder legislativo se encargara de la aplicación e interpretación de la ley, estaría invadiendo las atribuciones del Poder Ejecutivo y Judicial. Esto no debe suceder, no sólo por los actos de inconstitucionalidad de un poder “entrometido”, sino porque la justicia en las leyes es misión exclusiva del poder legislativo. Así sucedió con la iniciativa que el poder ejecutivo presentó para reformar el artículo 17 constitucional en 2008, lo que modificará los juicios tradicionales para dar surgimiento a los juicios orales.
La Corte debe sujetarse al estado de derecho mexicano, porque es la única forma de regular y mantener a un país de leyes y de instituciones que tiene aun graves rezagos de legalidad.
No es la primera vez que el gobierno mexicano dispone de los ahorros de los trabajadores para propiciar el enriquecimiento de un sector privado, que con esto muestra al mundo que en México no se respeta a los adultos mayores, porque se les reduce su jubilación de 25 a 10 salarios mínimos.
Habrá que aclarar que los trabajadores mexicanos, no propiciaron la crisis económica que vivimos, ni son responsables de la crisis del sistema de pensiones en México.
Si este es el presente con un gobierno de “manos limpias”, imaginemos el futuro de una sociedad como la nuestra en donde cada día más personas se incorporarán al sistema de pensiones y jubilaciones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada.
Los trabajadores mexicanos seguimos esperando una respuesta del gobierno federal, de los diputados y los partidos políticos a la sociedad mexicana.
