Guerra por fin de la era PRI: Marín vs Magistrados
joomla.2009
Por primera vez en la historia de Puebla se da una guerra entre el gobernador y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El pretexto: un predio. El motivo: el Ejecutivo deja de estar en manos del PRI a partir del próximo año y a decir del secretario de Gobernación, el Poder Judicial quiere quedar bien con el nuevo mandatario, Rafael Moreno Valle
Por primera vez en la historia de Puebla se da una guerra entre el gobernador y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
El pretexto: la posesión de un predio en la reserva territorial Atlixcáytol adjunto a Ciudad Judicial y que ambos poderes reclaman como propio.
El motivo: el Ejecutivo deja de estar en manos del PRI a partir del próximo año y a decir del secretario de Gobernación, el Poder Judicial quiere quedar bien con el nuevo mandatario, Rafael Moreno Valle
El encono llegó a tal grado que el gobierno estatal mandó a la policía a resguardar el predio y en respuesta los magistrados acordaron iniciar un litigio.
Valentín Meneses Rojas, titular de la Secretaría de Gobernación, criticó al Tribunal Superior de Justicia de Puebla por asumir una actitud de “agandalle” al pretender quedarse con un terreno que es propiedad del gobierno estatal, situación que no habrá de permitirse y amagó con proceder legalmente contra algunos magistrados.
Señaló que algunos integrantes del Poder Judicial con miras a congraciarse con el próximo gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, han argumento que las autoridades locales en funciones quieren dilapidar el patrimonio en tierras, al buscar venderlas.
Apuntó que en los casi tres meses que faltan para concluir el sexenio de Mario Marín Torres, no se permitirá que el terreno de 21 mil 800 metros cuadrados ubicado frente a Ciudad Judicial y que ha utilizado como estacionamiento el Tribunal Superior de Justicia siga ocupado, pues forma parte de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.
Es más, Meneses Rojas sentenció que se evitará que exista por parte de los magistrados una ambición malévola y perversa al quererse quedar con un terreno cuyo título de propiedad tiene el gobierno saliente.
Sin embargo, dijo que si la siguiente administración quiere donárselos, será su decisión, pero en este momento “para evitarse problemas hay patrullas vigilando, que se respete esta propiedad y no se la agandallen”.
Finalmente, dijo que forma parte del juego político de algunos magistrados que buscan el lucimiento con el próximo mandatario para tener mejores cargos mediante la desinformación que han generado por este predio.
MAGISTRADOS VS MARIO MARÍN
Luego de que una patrulla de la Policía Estatal Preventiva mantiene custodiado el terreno destinado para el estacionamiento de Ciudad Judicial, los magistrados en sesión ordinaria de pleno acordaron presentar una denuncia penal por la violación al recinto del Poder Judicial.
Al término de la sesión los magistrados Alfredo Mendoza García y Gerardo Villar Borja dieron a conocer que el Tribunal Superior de Justicia no está en pleito con nadie y que los tres puntos que se trataron fueron referentes a la presencia policial por el cierre con candados del área destinada al estacionamiento.
Dichos puntos son: la violación en el recinto por Poder Judicial, el emitir un oficio al secretario de Gobernación y de Seguridad Pública para el retiro inmediato de los elementos, y una denuncia penal por la colocación de candados en contra de quien resulte responsable por los actos perturbatorios.
Ambos magistrados indicaron que los tres puntos de acuerdo fueron por decisión unánime y en el segundo y el tercero, referentes al oficio y la denuncia, hubo un voto en contra.
Indicaron desconocer quién o quiénes fueron los que ordenaron el cierre de dicha área que es un bien de dominio público, que está en posesión del Tribunal Superior de Justicia, aclarando que nada tenía que ver con la venta del terreno, misma que fue cancelada por el fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl.
El magistrado Mendoza García especificó que el terreno donde se encuentra Ciudad Judicial fue expropiado por el gobierno federal y transmitido al gobierno del estado que lo entregó al fideicomiso y éste a su vez le dio posesión del Poder Judicial.
