La ley Arizona
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Hace apenas unos días se divulgó la noticia de que la bancada republicana de Colorado envió a Phoenix una delegación legislativa a instruirse para elaborar una ley antiinmigrante, similar a la denominada Ley Arizona.
El hecho puede parecer aislado, pero nos deja claro que la ola en contra de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos se incrementa y que no es un tema menor para las autoridades mexicanas y menos ajena a una realidad como la nuestra por una simple razón: en la Unión Americana viven más poblanos que en cualquier ciudad de nuestro estado, la gran mayoría de ellos susceptibles de ser afectados de continuar esta tendencia.
La ley SB-1070, convierte en delito pisar Arizona sin tener documentos y faculta a la policía a detener y registrar a cualquier persona, por el simple hecho de ser sospechosa de no tener papeles. Lo peor, quienes parezcan mexicanos o latinoamericanos serán tratados como indocumentados aun cuando se trate de millones de “hispanos” de segunda y tercera generación que están legalizados.
De acuerdo con los especialistas en el tema, además de ser inconstitucional, la Ley de Arizona no frenará la inmigración y en contraparte incitará deliberadamente al odio racial. Los mismos conocedores del tema consideran que no se necesita represión policial, sino medidas encaminadas a la educación y al respeto de las normas para garantizar la convivencia.
Lo cierto es que hoy en los Estados Unidos hay casi 50 millones de hispanos, lo que equivale al 15% de la población y representa la segunda minoría, sólo por debajo de los afroamericanos, que viven en el país vecino. Un dato adicional, en que casi el 12% de los hogares se habla el español.
Como señalaba, este es un tema que no está ajeno a nuestra realidad, no olvidemos que nuestros connacionales de origen poblano que están en los Estados Unidos son una enorme mayoría, que además de mantener vínculos naturales de parentesco con la población de nuestras zonas de mayor expulsión como la mixteca, tienen una enorme influencia económica por las remesas que envían.
Es cierto que el gobierno mexicano ha rechazado, por la vía diplomática a esta ley antiinmigrante, por ser a todas luces violatoria de los derechos humanos; sin embargo, no es un tema de coyuntura que deba quedarse reducida únicamente a un lapso de protesta obligada, sino que debe dar pautas para que nuestra cancillería asuma un rol de mayor defensa a las garantía de los mexicanos y poblanos que se encuentra al otro lado de nuestras fronteras.
El autor es diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado
