Las tierras de la revancha (3)
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Manuel Bartlett Díaz, el gobernador que desarticuló el negocio inmobiliario planeado por Mariano Piña Olaya y Alberto Jiménez Morales, es sin duda el político mejor informado del procedimiento expropiatorio de las tierras de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl: fue él quien dio consistencia legal al expediente original y después el que se encargó de impulsar la comercialización de los predios. De ahí que su opinión sea importante; tanto como las expresiones que vertió cuando se puso de manifiesto la intención de vender las hectáreas entregadas a Ricardo Henaine Mezmer. Recordemos:
Manuel Bartlett envió una carta a Fernando Crisanto, director de Milenio Puebla, en la cual le dijo que el parque a cargo de Henaine era propiedad del estado de Puebla, predio que no podía ser aplicado a ningún destino diferente al comprometido con la Federación responsable de la expropiación. “No se puede desincorporar ni entregar a fundación alguna –subrayó el ex gobernador–, ni desde luego puede ser propiedad personal, so pena de incurrir en responsabilidades”.
Aunque es diferente el uso del suelo de las hectáreas que ahora se pretenden vender, supongo que con un criterio basado en la esencia del comentario de Bartlett, Rafael Moreno Valle Rosas expresó su reclamo al gobierno marinista, interpelación que respondió Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación, diciendo que Mario Marín seguirá siendo gobernador hasta que entregue el poder. Agregó Valentín que la puja por los terrenos se sujetará a la ley y que se convocará otra almoneda pública para que los interesados hagan su oferta.
El problema es que con esa operación legal u oportunista (el lector decidirá el calificativo), el gobierno actual altera los planes de la administración que se hará cargo del poder Ejecutivo a partir del 1 de febrero próximo. Por un lado le “arrebata” parte del patrimonio que ya estaba considerado para iniciar su gestión con bombos y platillos. Y por otra parte afecta el proyecto de instalar en esas hectáreas un desarrollo cívico-gubernamental que pondría a Puebla en el primer plano respecto a la calidad de sus servicios y espacios públicos.
Lo que no dice ni una ni la otra parte, es que el trámite del concurso resulta tan largo y tortuoso que seguramente concluirá o frenará el próximo gobierno. A menos de que se establezca un proceso sumario cuyo objetivo sería vender las tierras y con el producto de esa operación obtener la liquidez que requiere el gobierno marinista para consolidar su final de mandato.
Y es aquí donde la puerca tuerce el rabo porque se trata de un problema político-económico-ético que huele a PRI, vahos que produjeron el “fuchi” que llevó a las urnas desde el voto de castigo hasta el sufragio del resabio.
¿Qué hará Mario Marín? ¿Cómo responderá Rafael Moreno Valle Rosas? Son las primeras preguntas que surgen de este follón político-administrativo.
Veamos una de las hipótesis:
Si opera la venta sumarísima y Moreno Valle cumple con su dicho, tendríamos entonces un juicio interpuesto para tratar de anular las operaciones de compra. Y junto con este trámite judicial, habría sendos impactos mediáticos con consecuencias muy lamentables para Mario Marín. Iniciaría así la segunda versión de la “cacería de brujas”, paso que demandaría la intervención de abogados duchos en defender gobernadores (o ex), entre ellos, creo, el reconocido Ricardo Velázques Cruz, por ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla.
Si ello ocurriere, los compradores tendrían que pasar por una serie de problemas a pesar de que fueran ajenos al conflicto intergubernamental o adquirentes de buena fe. Serían víctimas de la inercia que responde al impulso (o el “fuchi”) que motivó a los electores a votar por una opción distinta a la del PRI. Y esta posibilidad me lleva a la siguiente pregunta:
¿Por qué las partes no acuden a Manuel Bartlett para que éste actúe como mediador?
Ay se las dejo…
