Puebla, uno de los 8 estados que sí legisló sobre narcomenudeo
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Únicamente ocho entidades modificaron sus códigos estatales para oficializar su atribución de combatir el narcomenudeo.
Únicamente ocho entidades modificaron sus códigos estatales para oficializar su atribución de combatir el narcomenudeo.
El 20 de agosto de 2009 fue publicado el Decreto que reformó la Ley General de Salud y los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, mismo que en su primer artículo transitorio estableció un plazo de un año a los estados para adaptar las modificaciones y tres años para ponerlas en operación.
Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo ya modificaron su marco normativo; Aguascalientes, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas y Durango la presentaron recientemente a sus congresos.
En el Distrito Federal, el tema aún no pasa de comisiones al Pleno de la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, es probable que pronto sean autorizadas las modificaciones, pues la iniciativa se encuentra en las comisiones de la Asamblea Legislativa.
“El problema es que (la iniciativa) se metió en tres comisiones diferentes, ya está aprobada en dos comisiones, nada más falta una para pasarla al Pleno y dentro de las tareas que tienen pendiente (la ALDF), parte de la agenda es aprobar las reformas necesarias para la implementación”, dijo el magistrado.
El cambio que se deberá concretar a más tardar en 2012 en el DF puede ser más significativo que para otras entidades, pues los delitos de narcomenudeo constituyen uno de los mayores porcentajes en consignaciones a reclusorios ya saturados.
Para el resto, el retraso se debe a que consideran ambiguo el plazo de un año en la reforma, pues, mientras unos interpretan que corre desde su publicación, otros consideran que debe contabilizarse desde el momento en que se otorguen los recursos a las entidades para combatir el narcomenudeo.
Procuradores y magistrados locales advirtieron que la implantación de la reforma está estancada en buena medida porque nadie ha presupuestado sus necesidades económicas, o están a la espera de los recursos o, simplemente, no lo ven como una prioridad.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, declinó opinar sobre esta situación, aunque aseguró que es real el esfuerzo para reformar las normas en el menor tiempo.
“La Conferencia Nacional de Procuradores, así lo ha dicho el Procurador, sigue trabajando intensamente para que se siga avanzando en esa materia en toda la República”, indicó en entrevista.
El Procurador de Durango, Daniel García Leal, reconoció que la dilación legislativa en los estados se debe en buena medida a la falta de recursos e infraestructura para afrontar un delito de grandes magnitudes.
“En la gran mayoría de los estados no se ha legislado en ese rubro debido a la insuficiencia de material, de capacitación y recursos financieros. Nosotros, en Durango, estamos presentando los trabajos al Congreso”, dijo García hace unos días en entrevista.
Para Francisco Alor, Procurador de Quintana Roo, el problema son los recursos que se deben invertir y el plazo que vence en 2012 para que los estados asuman por completo una tarea que, actualmente, lleva a cabo la PGR.
“A veces no es un tema ni de recursos, porque, aunque los hubiera tenido, tienes que especializar a MP, peritos, contratar químicos, equipos científicos, bodegas de seguridad y los tribunales deben dividir en salas para menores y mayores. Es complicado”, expuso. Édgar Elías Azar, presidente de Tribunal Superior de Justicia del DF, señaló que la reforma preveía que los recursos y la responsabilidad para combatir al narcomenudeo llegaran de forma simultánea a los estados, pero el dinero no llegó y eso generó disparidad.
Muestra Hidalgo celeridad
Hidalgo es una de las entidades que ha modificado con mayor celeridad su marco legal y su estructura institucional para combatir el narcomenudeo.
El 27 de julio, el Congreso local aprobó las modificaciones al Código de Procedimientos Penales, las Leyes Orgánicas del Ministerio Público; la del Poder Judicial y la de la Defensoría Pública; la Ley General de Salud, la Ley de Seguridad Pública, la de Justicia para Adolescentes y la de Ejecución de Penas.
De acuerdo con el Legislativo hidalguense, en la reformas a la Ley General de Salud del estado, se asigna a las autoridades locales la responsabilidad de atender la rehabilitación de los farmacodependientes que no son considerados delincuentes.
Asimismo, se hacen precisiones sobre los términos y se define una relación de sustancias sicotrópicas que una persona puede poseer para su estricto consumo personal e inmediato, sin que sea sancionado por ello.
Se establece, por ejemplo, que portar de 5.1 gramos a cinco kilos de cannabis será considerado narcomenudeo.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó hace unos días que Hidalgo era el único estado que había transformado las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Centros de Operación Estratégica (COE), un compromiso asumido por los estados desde hace año y medio.
Los denominados COEs en teoría deben potenciar la capacidad operativa de autoridades federales y locales para combatir el comercio de drogas a pequeña escala.
El Procurador de Durango, Daniel García, dijo hace unas semanas que el hecho de que haya un retraso en la formalización de este acuerdo, no significa que no exista la participación de los estados en el combate al narcomenudeo, ya que la responsabilidad es tarea compartida.
Con información de Ángel Charles
