Quejas de extorsión y corrupción provocaron la caída de Anahí Romero
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Repentinamente, a mediados de la semana pasada, fue cesada Anahí Romero Alonso como delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y esa determinación fue resultado de un hecho inusual; la queja de unos 50 presidentes municipales –organizados por varios constructores– que denunciaron que el órgano externo encargado de la supervisión de obras que hacía la CDI era controlado por la propia funcionaria y presuntamente cometía fuertes actos de extorsión para conseguir la liberación de fondos federales.
Uno de los ayuntamientos que más se quejó fue el de Zacatlán, en donde al parecer el mal funcionamiento del órgano externo de supervisión de obras del CDI le habría provocado a dicho gobierno un quebranto por unos 2 millones de pesos.
Romero Alonso en varias ocasiones enfrentó intentos de ser removida de la CDI, pero contó con la protección de altos directivos de la comisión, quienes siempre hicieron oídos sordos de los abusos y malos tratos que la funcionaria cometía contra el personal a su cargo. Dicen que ella creía seguir teniendo ese respaldo, por lo que el miércoles pasado, cuando le comunicaron el proceso en su contra, ella habría respondió: “si quieren que ya me vaya, yo antes les presento mi renuncia”.
Al escuchar esas palabras el personal del gobierno federal que le comunicó de su remoción, le enseñó que no se trataba de una simple sustitución del cargo, sino que era una remoción y que se le había iniciado una investigación, misma a la que tendrá que responder en los siguientes días. Eso le hizo cambiar su semblante, y entonces abandonó las oficinas de la CDI en medio del llanto.
La queja de los presidentes y constructores se gestó desde hace varios meses, pero no había surtido efecto por el proceso electoral reciente. Una vez que pasaron las votaciones del 4 de julio se decidió quitarla como una manera de evitar que el despido de Anahí Romero se utilizara como bandera del PRI y fuera una prueba del mal funcionamiento de los mecanismos de control de fondos federales.
Extraoficialmente se ha dicho que las anomalías que se han adjudicado a la delegación en Puebla de la CDI son dos:
Una, que existe una empresa cuyas oficinas están atrás del Centro Mexicano Libanés que ganó varias licitaciones de obras, que de manera conjunta realizaban la CDI y ayuntamientos con población indígena.
Para evitar que se sospechara que había varios contratos beneficiando a un mismo constructor constantemente se cambiaba de nombre a la compañía, pero no la ubicación de la misma.
Dos, que los ayuntamientos sufrían un exceso de rigor de parte de la supervisión de obras de la CDI. Por cualquier pretexto técnico dicho organismo no aceptaba los trabajos y eso retrasaba la liberación de fondos federales a los gobiernos municipales.
Entonces se cree que habría extorsiones para que se acabara aprobando los dictámenes de supervisión y se les entregara a los ayuntamientos el presupuesto federal, mismo que a su vez los alcaldes pagaban a las empresas constructoras.
Se dice que fue un grupo de constructores el que se dió cuenta de las anomalías, ya que hacen obras en varios municipios a la vez y se percataron de que en diferentes lugares ocurrían las dos anomalías antes mencionadas. Y como se afectaba sus intereses, habrían organizado a los ediles para que formularan la queja contra Anahí Romero.
Los dos servidores públicos que han aparecido implicados en la investigación contra Romero Alonso son David Limón, quien es el responsable del órgano de supervisión de obras, junto con Marcos Rodríguez, quien también labora en la CDI.
Anahí Romero Alonso dejó en mayo de 2008 la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Puebla, entre otros motivos por haberse enfrentado al ahora gobernador electo, Rafael Moreno Valle Rosas, quien en ese entonces en su calidad de senador había tramitado un conjunto de guarderías para que fueran entregadas a grupos del PRI –con quien desde entonces había tejido alianzas– y la funcionaria se había negado a dicho proceso.
Romero Alonso pasó de la Sedesol a la CDI, y en menos de un mes ya tenía al grueso del personal en su contra.
La llegada de la funcionaria significó el despido de varios operadores del organismo, quienes laboraban ahí desde que era Instituto Nacional Indigenista. Entre los desplazados se encontraba José Antonio Aguilar Sansebastián, quien había sido delegado de esas dos instancias y se había destacado por haber dirigido los programas de obra al margen de intereses electorales de gobiernos del PRI y del PAN.
Aguilar Sansebastían era un estorbo porque en 2008 inició un proceso de colocar en las delegaciones de la CDI a funcionarios ligados al PAN, que tenían la misión de empezar a vincular los programas de obra pública dirigidos a comunidades indígenas con la imagen del Partido Acción Nacional.
Aunque con Anahí Romero la situación era todavía más grave, ya que era una mujer ajena al tema indígena y con mucha prepotencia había llegado a correr a personal del CDI.
Lo que pasó en Puebla provocó que en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y en Morelos se desataran protestas contra los nuevos delegados de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El entonces director general del CDI, Luis H. Álvarez, hizo oídos sordos a los abusos de Anahí Romero y otros delegados, en parte porque la funcionaria era apoyada por Xavier Abreu Sierra, quien era el segundo de abordo en el organismo a nivel nacional y era el encargado de colocar a panistas en la comisión. En la actualidad es el titular de esta instancia encargada del desarrollo de las comunidades indígenas.
Los inconformes con Romero Alonso fueron derrotados mediante el vacío que les hicieron a sus quejas en el gobierno federal, además de que eran hostigados por personal del Cisen.
Hace dos años, la nueva delegada llamaba a la gente que quería correr y los acusaba de abusos, de ineficiencia, de ser un lastre para la CDI. Se dice que así expulsó a mucha gente contra la que no tenía pruebas en su contra.
Ahora, la funcionaria se ha ido de esa instancia bajo algunos calificativos que hace dos años empleaba contra sus subordinados.
Cómo da vueltas la vida.
