SIEDO investiga a García Ramírez, Pérez Salazar y Arango García
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Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue laqueja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.
Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue laqueja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.
Pero también de las pesquisas que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en contra de tres secretarios del gabinete marinista: Javier García Ramírez, José Alfredo Arango García y Gerardo María Pérez Salazar, para corroborar por qué la forma de vida que éstos se dan no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.
La preocupación del funcionario de la Sedecap es que tales secretarios estaban dando poca importancia al tema de la entrega de la administración, al mostrar una actitud anodina en el cierre de algunos expedientes de obra y adjudicaciones que se requieren para la cuenta pública de este año, o comportándose como si el sexenio no se fuera a terminar a juzgar por los excesos en su estilo de vida.
Por respuesta el gobernador le dijo que él ya había sido muy claro con sus secretarios y colaboradores, a los que reunió al día siguiente de las elecciones del 4 de julio para hacerles saber que el PRI habría perdido las elecciones y que todos debían prepararse para entregar las oficinas, sacar los pendientes que aun tuvieran y terminar las obras inconclusas, ya que él no metería las manos por aquellos que hubieran caído en abusos como servidores públicos.
Sobre el particular habría que destacar que a mediados de la semana que concluye, el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas estuvo en la residencia oficial de Los Pinos, y que ahí dejó entrever la posibilidad de abrir procesos administrativos y penales en contra de algunos funcionarios de la administración saliente.
En concreto —según adelantó el jueves por la mañana la Silla Rota en Twitter— de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El leit motiv para iniciar estos procedimientos se funda en dos importantes factores: uno, la demanda de los poblanos de que los abusos y excesos cometidos por Mario Marín y sus funcionarios sean castigados y, dos, los sobrecostos de algunas obras como el nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.
Según la encuesta que el equipo de transición de Moreno Valle mandó a realizar a la firma Parametría, el 69% de los poblanos cree que la mayoría de los funcionarios del gobernador cometió delitos; el 60% confía que el nuevo gobernador no dejará en la impunidad tales excesos, y el 51% que Mario Marín incurrió en algún delito durante su gobierno.
El segundo factor que motiva a Moreno Valle a proceder contra García Ramírez es la fundada sospecha de algunas obras de la gestión marinista que han registrado sobrecostos de hasta del 100% respecto a los contratos originalmente asignados quedarán inconclusas, como el Centro Expositor que ya suma 2,000 millones de pesos de inversión y aún no se termina.
