Transparencia a medias
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Después de conocer cómo se las gastan los embajadores de Estados Unidos, el tema de la transparencia en la administración pública parece un juego pueblerino. Algo así como que tápale el ojo al macho y suelta datos, acciones y cifras que no revelen lo que hay detrás del manejo de la cosa pública.
Y en efecto, la sociedad y los medios de comunicación nos perdemos entre las compras de toallas u otras adquisiciones o gastos cuyos antecedentes administrativos el gobierno puede dar a conocer sin temor a reclamos o denuncias basadas en el manejo anárquico del dinero del pueblo. La estrategia equivale al truco de la zanahoria que persiguen los conejos. Lo real, la verdad, el dato delicado y peligroso, queda en reserva gracias a las lagunas de las leyes respectivas, espacios consensuados con el legislador.
Al respecto, Héctor Aguilar Camín dijo en la televisión, que nunca puede salir a flote toda la verdad de las operaciones del Estado, el que sea. Y puso como ejemplo una propuesta, digamos que doméstica: háblenle con la verdad absoluta y sin reservas a sus cónyuges, y les aseguro que propiciarán un infierno familiar. La sociedad, agregó, no resistiría las verdades que por disciplina o seguridad nacional suele ocultar el gobierno.
La opinión del intelectual citado respondió a la discusión sobre el problema mediático que WikiLeakes produjo con la publicación de los miles de documentos guardados en los sotanos del Pentágono. Y de ello surgió el comentario campechano que apunté de memoria en el párrafo anterior.
Tiene razón Aguilar Camín. Imaginese el lector a un comisionado de la CAIP, el que sea, poniéndonos a la disposición la forma en que allá en la oscura discreción burocrática se decide aplicar parte del dinero recaudado. Esto para mostrarnos la verdad sobre las inversiones y sus beneficios o pérdidas; o decirnos la neta de cómo, para qué y bajo que criterio se usa cada peso de los miles de millones del presupuesto oficial; o pormenorizar el monto de las igualas a dos que tres de los columnistas nacionales; o cuál es el destino real de la partida del Ejecutivo; o qué cantidades se le dieron bajo de cuerda a los dirigentes políticos; o a cuánto ascienden las ampliaciones presupuestales extraordinarias para el poder Legislativo y el poder Judicial; o en qué, cómo y en beneficio de quién se aplican los presupuestos asignados a, por ejemplo, el manejo de la imagen del gobierno y sus titulares. Parafraseando a Al Gore, serían verdades, más que incómodas, desastrozas para los gobernantes.
Hay una frase que de alguna manera da validez a los supuestos mencionados. Muestra lo que podría ser una de tantas verdades impublicables: “Lo que en política cuesta, sale barato”. El fondo de este mensaje, casi reyesheroliano, establece que a veces hay que pagar para evitar que los conflictos políticos se agraven. ¿A quién? Pues al líder o dirigente de equis agrupación o grupo cuyo método es tomar las calles u oficinas públicas so pretexto de pedir que se les haga justicia. Como prueba de lo dicho le platico lo que vi y escuché hace cuatro sexenios: “¿Hasta dónde quieres llevar tu manifestación?”, preguntó el funcionario al líder izquierdoso. “Hasta el Distrito Federal”, respondió éste. “Si llegas a Huejotzingo te damos un millón de pesos. Y si sólo llegas a Cholula, serán dos millones”. Es obvio que la marcha en contra del gobierno se quedó en la milenaria Cholula.
Según la lógica de Aguilar, ese tipo de verdades no están disponibles para las comisiones de acceso a la información pública. La razón: provocarían un infierno en la burocracia, llamas que alcanzarían a los comisionados de la CAIP, entre otros.
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