TSJ encarceló injustamente desde 1998 a un indígena; ya está libre por un amparo
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Campesino de origen náhuatl alcanzó su inmediata libertad, gracias a la asistencia jurídica que le brindó la Procuraduría del Ciudadano, cuyos defensores públicos del área de Amparo, promovieron juicio de garantías directo, donde los preceptos jurídicos invocados fueron imbatibles, claros y precisos para que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito decretaran, en un corto plazo de tiempo, el beneficio referido.
Campesino de origen náhuatl alcanzó su inmediata libertad, gracias a la asistencia jurídica que le brindó la Procuraduría del Ciudadano, cuyos defensores públicos del área de Amparo, promovieron juicio de garantías directo, donde los preceptos jurídicos invocados fueron imbatibles, claros y precisos para que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito decretaran, en un corto plazo de tiempo, el beneficio referido.
Es por ello, que el Procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales resaltó que en menos de 90 días de conocer el caso, el apoyo jurídico de la Procuraduría del Ciudadano refrendó su objetivo de enaltecer la correcta aplicación de la justicia en la entidad; “para aquellos que ejercemos la defensoría pública, afirmó tajante, no existen asuntos en el olvido, mucho menos por condiciones de raza, credo, políticas o económicas”.
Este nuevo triunfo de la Procuraduría del Ciudadano, no significa sacar a un delincuente de la cárcel, sino recuperar la libertad a favor de una persona que sin el sustento legal debido fue sentenciado a una larga condena.
Cabe señalar que el ahora beneficiario, en el año de 1998, cuando contaba con 19 años de edad, dentro de la causa 181/1998 del juzgado séptimo penal, fue sentenciado a 31 años de cárcel, por lo que apeló el resolutivo, y en la Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se le asignó el toca (número de expediente) 1817/1999 donde se le confirmó la sentencia primaria.
Fue hasta el 25 de junio del presente año, que la madre del hoy liberto, la que sólo habla náhuatl y que fue asistida como intérprete por una amiga, ambas vecinas de San Miguel Canoa, que acudió a las oficinas de la Procuraduría del Ciudadano para solicitar la asistencia jurídica, por lo que fue remitida al área de asuntos Administrativos y Amparo, donde se les escuchó con paciencia y se determinó la estrategia legal a seguir.
Posteriormente, ya con la firma del sentenciado en la demanda de juicio de Amparo Directo, los defensores públicos presentaron la documental en la instancia correspondiente, para ser remitida al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con sede en Puebla, donde se le asignó el número de expediente 374/2010.
Luego de unas semanas, el colegiado federal se pronunció por los argumentos jurídicos esgrimidos por el director de asuntos Administrativos y Amparo de la Procuraduría del Ciudadano, Sergio Mirón Terrón; y el 23 de septiembre de este año, se le decretó la libertad al representado por los defensores públicos, por lo que de inmediato, con sus ahora 31 años de edad, abandonó el Centro de Readaptación Social de San Miguel.
