Un total de 12 funcionarios federales enfrentan denuncias penales
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Además de los juicios que se librarán en tribunales electorales, el gobierno federal enfrenta al menos 12 denuncias penales ante el Ministerio Público por el delito de peculado, debido a la malversación y desvío de recursos públicos para beneficiar a la coalición Compromiso por Puebla.
La Jornada de Oriente hizo un concentrado de la docena de querellas que entre el 1 y el 25 de junio del presente año interpusieron representantes legales de la alianza Puebla Avanza, militantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como ciudadanos, por el uso faccioso de programas federales durante la campaña.
Los programas son manejados primordialmente por la Secretaría de Desarrollo Social federal y las investigaciones están en trámite, según lo informado por el Ministerio Público.
Por ejemplo, el 1 de junio el apoderado legal del instituto tricolor para hacer denuncias, José Miguel Maya Pizaña, tramitó dos denuncias por peculado contra sendos promotores de programas federales en Atlixco.
El 8 de junio, Maya Pizaña hizo lo propio contra un promotor de Liconsa, pero en el municipio de Acatzingo.
El 14 de junio se tramitaron tres querellas contra el mal uso de programas federales en el municipio de Felipe Ángeles, por tres mujeres: Araceli Anastacio Contreras, María Micaela Calixto Bernardo y María del Carmen Celestino Juárez.
El 21 de junio, Miguel Maya Pizaña interpuso dos denuncias: una contra un promotor del programa Oportunidades en Tehuacán y otra contra un homólogo de peste, pero en el municipio de Hueytamalco.
El 25 de junio hubo cuatro querellas interpuesta por igual número de personas contra promotores del Oportunidades en el municipio serrano de Ayotoxco de Guerrero. Los querellantes son: Claudia Santos Ortiz, Pilar Lucas Chomit, Natividad Hernández Moreno y Martha Silva Domínguez.
Desde antes de que la campaña iniciara, la alianza Puebla Avanza y la coalición Compromiso por Puebla se enfrascaron en acusaciones mutuas sobre el desvío de los recursos del gobierno federal para favorecer a la segunda y del estatal para hacerlo con la primera.
La semana pasada, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, ofreció una rueda de prensa y con carpetas en mano, que contenían reportes de los incidentes detectados por la alianza Puebla Avanza a lo largo del proceso electoral, acusó que el 4 de julio se vivió una “elección atípica, orquestada por el gobierno federal, en la que fuerzas ajenas al estado sembraron intimidación y odio” para robar la elección al PRI.
Enumeró 13 irregularidades cometidas por el gobierno federal, entre las que destacó la compra del voto y de funcionarios de casilla, embarazo de urnas, acciones de intimidación y coacción de parte de la Policía Federal Preventiva durante los comicios, así como el uso de programas de la Secretaría de Desarrollo Social con fines electorales.
También imputó a la administración de Felipe Calderón el “uso ilegal e indiscriminado de los recursos públicos”, ataques a los servicios de telecomunicación, intromisión en la elección de “personajes ajenos a Puebla” y la falsificación del acta de nacimiento de Javier López Zavala para atribuirle una nacionalidad guatemalteca.
Asimismo, responsabilizó al Instituto Federal Electoral (IFE) de la estrepitosa derrota que sufrió el PRI, partido que no sólo perdió la gubernatura tras mantenerla durante más de 80 años, sino también 10 diputaciones locales y alrededor de 40 presidencias municipales respecto a la elección local pasada de 2007.
Las autoridades del IFE, reprochó, permitieron la transmisión de spots de televisión y radio del gobierno federal fuera del periodo permitido por la ley e incrementaron de manera “inexplicable e indiscriminada” el padrón electoral de Puebla con la inscripción de habitantes de otros estados.
“Este cúmulo de irregularidades y violaciones a la ley ensombrecen la democracia; las hemos valorado, pero la responsabilidad con la que siempre nos hemos conducido nos ha hecho decidir no impugnar esta elección”, apuntó Armenta Mier.
