Cultura: sigue el affaire
Arturo Luna Silva
Las sesudas explicaciones –verdaderos monólogos vestidos de soliloquios- del futuro secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, no terminan por satisfacer las muchas dudas existentes acerca de la virtual desaparición de la Secretaría de Cultura para supuestamente dar paso, en su lugar, a un Consejo Estatal de Arte y Cultura.
La falta de claridad en el mensaje (un día parece que habrá marcha atrás a la decisión y al día siguiente se transmite una percepción totalmente diferente) sigue provocando ruido y más que eso: sensaciones de inconformidad entre los intelectuales y creadores de Puebla.
Las dudas son legítimas y están vivas. Tanto que antes de que termine esta semana un grupo de creadores dará a conocer un nuevo desplegado reiterando su inconformidad sobre la probable extinción de la Secretaría de Cultura.
Van a insistir en su demanda y a denunciar dos cosas: la primera, que sus preguntas han sido ignoradas por Maldonado, y la segunda, que “los actores políticos han enturbiado aún más el panorama, negando a los ciudadanos como interlocutores y gestionando una serie de estrategias de simulación que revelan que quizá lo más preocupante de este affaire: la ausencia de un verdadero proyecto”.
El siguiente es parte del contenido de dicho desplegado, avalado entre otros por Julio Eutiquio Sarabia, Gabriel Wolfson, Juan Carlos Canales, José Luis Escalera, Maribel Esperón y Gabriela Puente:
“A la opinión pública:
“En las últimas semanas hemos sido testigos de una ola de rumores, filtraciones y señales de humo en torno a la posible modificación o incluso desaparición de la Secretaría de Cultura. Querríamos haber dicho que hemos participado de esta discusión, pero en realidad no habido discusión ni, mucho menos, se nos ha considerado como participantes: los distintos actores políticos que próximamente asumirán el gobierno del estado han reaccionado de varias maneras, desde negando lo que un día antes habían afirmado hasta aludiendo a una especie de alucinación colectiva, maneras que, no obstante, en su curiosa diversidad, confluyen en un mismo punto: la negación de la discusión pública, la negación de la argumentación como su medio natural, la negación de la horizontalidad en la relación entre gobernantes y ciudadanos.
“Distintos grupos y ciudadanos hicimos públicos argumentos y reflexiones que coincidían en dos elementos principales:
“En primer lugar, por razones de autonomía, presupuesto y peso simbólico, la demanda de que no se modificara el estatuto de la Secretaría de Cultura, ni se la subordinara a instancias que podrían entorpecer y aun pervertir su gestión.
“En segundo lugar, por razones de estricto y urgente interés público, la exigencia de que proyectos como este se sometan a la discusión colectiva, en vez de generarse y gestionarse en el muy difuso y antidemocrático ámbito de las imposiciones, las adhesiones corporativas, los mensajes entre líneas o las declaraciones intempestivas e improvisadas.
“No hemos obtenido respuesta, al contrario: los actores políticos han enturbiado aún más el panorama, negando a los ciudadanos como interlocutores y gestionando una serie de estrategias de simulación que revelan quizá lo más preocupante de este affaire: la ausencia de un verdadero proyecto, cuyas bases, meditadas y articuladas, les permitieran salir a la esfera pública con una propuesta defendible, discutible y susceptible de ser enriquecida comunitariamente. Que las respuestas hayan consistido principalmente en difusas ocurrencias y desmentidos implica, en suma, una grave falta de práctica democrática y una notable improvisación que bien podríamos traducir como desinterés.
“Por lo anteriormente expuesto, manifestamos lo siguiente:
“Ratificamos nuestra demanda original sobre la permanencia de la Secretaría de Cultura y el cumplimiento puntual de la Ley de Cultura vigente. El no cumplimiento hasta la fecha de la ley ha supuesto, en buena medida, la gestión deficiente y el distanciamiento de los ciudadanos con respecto a la operación de la dependencia. Debe recordarse que la Ley de Cultura ya contempla, entre otras cosas, la creación de un consejo consultivo que funcione bajo los principios de la vida democrática.
“Exigimos a los diputados de la LVIII Legislatura que hagan efectivo el principio de representación popular: que manifiesten claramente en las sesiones del Congreso una posición que responda a los intereses de la sociedad.
“Queremos que no se prolongue este opaco manoseo del tema y que en cambio aparezca algo tan sencillo y apremiante como esto: la claridad de una propuesta, y la responsabilidad de asumirla públicamente.
“Al final no estamos hablando de una secretaría, un instituto o un consejo: hablamos de una verdadera transición democrática que, entre otras cosas, redefina radicalmente la relación entre ciudadanos y servidores públicos. Léase bien: servidores públicos, cuya agenda sólo puede ser la de todos nosotros” (sic).