Puebla: Anarquía Urbana e Impunidad
Arturo Luna Silva
Uno de los temas respecto al cual el gobierno morenovallista no puede –ni debe- poner oídos sordos, sobre todo si el cambio va de veras en serio, es el que tiene que ver con los millonarios negocios que funcionarios de por lo menos los dos últimos sexenios realizaron con una serie de asentamientos humanos irregulares, que fueron incorporados al desarrollo urbano de forma ilegal, mediante mentiras, mal uso de información oficial, tráfico de influencias y falsificaciones de documentos ante instancias como la Corett, el Registro Agrario Nacional, el INAH, la PGJ y el ayuntamiento de Puebla.
El crecimiento desordenado de una urbe como Puebla no es ni ha sido casual, sino reflejo de la corrupción que ha caracterizado a los diversos programas parciales de desarrollo emprendidos desde, por ejemplo, lo que fue por muchos años la todopoderosa Secretaría de Gobernación estatal.
So pretexto el reordenamiento territorial de asentamientos humanos irregulares, susceptibles de ser incorporados al desarrollo urbano del estado o de su capital, se cambiaron usos de suelo de grandes extensiones y se comerció con las mismas, generando enormes ganancias que no precisamente ingresaron a las arcas públicas.
Bastaría que la actual Secretaría General de Gobierno, a cargo de Fernando Manzanilla, lleve a cabo una simple auditoría técnica, con especialistas en el ramo, para descubrir cómo, cuándo y quiénes promovieron desde el gobierno cambios de carpetas básicas, de densidades y hasta de zonificaciones urbanas para generar una “planificación” que no responde a la realidad histórica.
¿Quiénes fueron los infames vendedores de cientos –sí, cientos- de lotes sin permiso alguno y lo peor: en barrancas rellenadas por ellos mismos, en predios ubicados en zonas arqueológicas o en sitios donde los ductos de Pemex se encuentran a tan solo unos metros de profundidad, representando una verdadera bomba de tiempo para miles de poblanos?
Expertos en el tema, como el arquitecto y urbanista J. Carlos Hernández B. –quien desde hace años ha indagado a fondo-, aseguran que una de las tantas líneas de investigación lleva hacia Igor Ferrer Acuña, ahijado de un conocido ex secretario de Gobernación, y su madre, la señora Luz María Acuña, quienes particularmente en el sexenio pasado –el del ínclito Mario Marín– hicieron de las suyas gracias a la protección gubernamental que recibieron desde la cúpula del poder.
Cabe mencionar que de Luz María Acuña, los antecedentes se remontan al periodo 2005-2007, cuando pretendió sorprender a diversas autoridades federales para hacerse de grandes extensiones en la zona búfer –de protección o impacto- de Huejotzingo.
En los próximos días le ofreceré aquí ejemplos claros y contundentes de los alcances que han tenido estos fraudes inmobiliarios con el patrimonio de los poblanos, que están impunes y que fueron cometidos a través de una serie de acciones ilícitas y tan concertadas que no pueden considerarse sino como auténtica delincuencia organizada.
Se va a sorprender.