Vil coscorrón
Arturo Luna Silva
El espíritu vengativo detrás de la propuesta legislativa de Rafael Moreno Valle para despenalizar la difamación y la calumnia en Puebla quedó evidenciado con más facilidad de la esperada.
De hecho, hoy ya a casi nadie le quedan dudas de que lo que en realidad se buscaba era aprobar un instrumento legal por demás eficaz para coartar la libertad de prensa, reprimir a periodistas canjeando zanahorias (cárcel) por rábanos (sanciones económicas) y aligerar a conveniencia del Nuevo Emperador mecanismos (ni tan) velados de censura.
Vamos: un bozal a la mano, y para lo que se ofrezca.
Ninguna de las “maravillosas bondades” de la iniciativa armada con las patas, detectadas únicamente por cierto por los paleros sexenales de siempre, pudo frenar la ola de críticas por parte de propios y extraños.
Ayer se supo que a pesar de aparecer en la orden del día y haber sido aprobada en comisiones, la singular propuesta morenovallista fue enviada a la congeladora, al menos temporalmente, o mientras se le hacen los ajustes necesarios que oculten aunque sea un poco los verdaderos fines del estrenado gobernador poblano.
El diputado priísta Lauro Sánchez encueró puntualmente la iniciativa de decreto por el que se ¿pretendía? reformar el artículo del Código Civil relacionado con los delitos de difamación y calumnia.
Con una claridad meridiana, el legislador señaló que tal iniciativa buscaba en el fondo convertirse “en un castigo expreso a periodistas y medios de comunicación”, argumento no distante al expresado en días recientes por respetados especialistas y académicos.
Sánchez explicó que “presumiblemente la iniciativa se aboca a controversias entre un particular y un comunicador, o entre una autoridad y un comunicador, o entre comunicadores”.
En todo caso, agregó, “la iniciativa deja un vacío, (pues) me pregunto qué pasará cuando el daño moral por calumnia y difamación se dé entre particulares, sin que hay una información mediática”.
Es decir, para apresurar su propuesta de despenalizar la difamación y la calumnia, el Gran Legislador no tuvo otra cosa en mente (¿por qué será?) que los posibles y muy cantados diferendos entre la prensa y el poder, entes entre los cuales (Sherer dixit) el matrimonio es imposible pero inevitable el amasiato (y que nadie se haga el santo).
Tan famélica y evidenciada quedó la propuesta que sus diputados no tuvieron otra opción que regresarla a comisiones “para ampliar su estudio y discusión”, es decir, para corregir las no pocas imprecisiones encontradas y procurar –ahora sí- un debate público y una discusión totalmente abierta sobre un tema tan delicado de interés común, no sólo materia u objeto de periodistas y sus aciertos, que son muchos, y sus excesos, que no son pocos.
Dice la Asociación Mexicana de Derecho a la Información –y coincido con ella- que la iniciativa puede ser loable y necesaria para la transformación que requiere Puebla (transformación que forzosamente pasa por los medios de comunicación y sus mecanismos de autorregulación, no los que le imponga el poderoso en turno), pero que tal y como la han propuesto Moreno Valle y sus sesudos asesores, “podría constituir un mecanismo velado para nuevos tipos de censura a través de decisiones arbitrarias en lo que toca a la reparación económica como sanción al daño moral”.
¿Por qué la prisa por aprobar la nueva norma, sin ninguna consulta de por medio? ¿Qué necesidad de dar pie a interpretaciones que polarizan o mandan mensajes equivocados? ¿Y justo al arranque del sexenio?
Hay que recordar que, en su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por la despenalización de los delitos contra el honor, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y propusieron que estas responsabilidades se lleven desde la vía civil.
Pero resulta que, según nos damos cuenta, la materia civil también deja mucho que desear, pues se antepone el criterio político sobre la “independencia” de los juzgadores (y más en un sistema “de justicia” como el poblano), se privilegia el lucro por encima del resarcimiento y se dificulta una defensa eficiente del acusado dadas las imprecisiones en la definición de daño moral, honor, vida privada y propia imagen.
El mayor problema, empero, es que suena, sabe, huele a venganza. En otras palabras: a vil coscorrón tipo Lydia Cacho sólo que por otros medios. ¿O me equivoco?