Acuerdo de cobertura. Acuerdo de vergüenza
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Ayer se firmó el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Es un paso más hacia la estandarización del los medios de comunicación y, con ello, de la opinión pública en nuestro país. Es un manifiesto impulsado, principalmente, por las televisoras y por los grupos que ven con buenos ojos los actos del Presidente de la República y que, en resumen, culpan al crimen organizado de toda la violencia que azota al país.
El acuerdo me parece vergonzoso e inútil.
Los medios de comunicación son un factor real de poder; influyen y deben influir en los ciudadanos, con información veraz. Su obligación es informar al ciudadano. También pueden criticar un hecho. La simple relación de hechos no forma, sólo informa, y los medios deben asumir su responsabilidad democrática, de información y crítica. Con trasparencia en su ejercicio, el ciudadano podrá entonces formarse un criterio.
En ese escenario, el Acuerdo firmado por una gran cantidad de medios de comunicación resulta fútil. Sostiene cosas que son de sentido común para el ejercicio periodístico, como “…Dimensionar adecuadamente la información…” (¿Y cómo pensaban mostrarla o cómo la han mostrado hasta ahora?) o como que “…La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia…” (Si no era así, ¿a quién atribuían o a quién iban a atribuir la responsabilidad?)
Además, es vergonzoso si se piensa en el trasfondo: el Acuerdo no toca ni con un pétalo al gobierno, ni le atribuye responsabilidades. Es más, le exculpa. Se sostiene en él: “…Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales…” Esto es de risa. A quien redactó ello, le faltó leer una vasta bibliografía sobre la diferencia entre legalidad y legitimidad (Schmitt, Bobbio, etc.). También le faltó analizar que no toda acción de gobierno (aunque apegada a derecho) resulta benéfica y válida en términos sociales.
En términos constitucionales es dar un paso atrás en más de 80 años. Es volver a un Estado de Derecho y olvidar el Estado Constitucional de Derecho. La diferencia entre uno y otro radica en que, en el primero, las acciones de gobierno eran válidas si estaban apegadas a derecho. En el Estado constitucional de derecho eso no basta: una acción de gobierno debe ser legal y, además, debe velar por el goce de los derechos mínimos (los derechos humanos) de los ciudadanos. Este último aspecto es olvidado en el Acuerdo y el gobierno Calderonista lo ha pasado por alto en su lucha (su guerra) contra el crimen organizado.
Se dice en el acuerdo: “…Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo…” En ello coincidimos, pero ¿y qué hay de las acciones y los argumentos del gobierno? En el acuerdo se olvida que en esta lucha hay acciones entre dos bandos, el gobierno y la delincuencia organizada. No se justifica las acciones de la delincuencia organizada, pero ello no quiere decir que las del gobierno estén justificadas por el sólo hecho de estar del otro lado del campo de batalla.
Se sostiene: “…No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada…” A quien se le ocurrió esta grandiosa idea tiene un gran problema: piensa mucho en Julio Scherer. El mítico periodista mexicano entrevistó hace meses al Mayo Zambada (un narcotraficante) y una parte de los medios de comunicación (coincidentemente los mismos que suscriben el acuerdo) se le fueron a la yugular. Pero me atrevo a decir que todos, o casi todos, hubiesen realizado la misma entrevista, con iguales o diferentes preguntas. Los ciudadanos, dicho sea de paso en esta guerra de egos periodísticos, agradecemos la entrevista. Ante ello, una hipótesis resultaría atractiva: ¿qué periodista se rehusaría a entrevistar al Chapo Guzmán, bajo el argumento de que no quiere convertirse en vocero del capo? Creo que ninguno se rehusaría bajo ese argumento. A quienes no obtuvieron la entrevista que Scherer consiguió, les continúa sangrando la herida.
Los medios no necesitan que les digan cómo enfrentarse a un fenómeno como la violencia devenida de la lucha contra el narcotráfico. No necesitan estandarizar sus criterios, porque ello no acabará con los periodistas muertos en esta lucha y no acabará con la mala percepción que se tiene del país. Tampoco mejorará sus contenidos, porque su punto de partida (en muchos casos) condiciona su ejercicio. Dice Aguilar Camín (uno de los gurús de este acuerdo) que los “hijos de puta” son ellos (refiriéndose a los integrantes del Crimen Organizado). Héctor tiene razón. Sólo que olvida que ello no implica que del lado del gobierno no haya, también “hijos de puta”. Los “hijos de puta”, en resumen, pueden estar de ambos lados.
De ello no da cuenta el Acuerdo.
