Alcaldes de Puebla actúan como virreyes
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El encarcelamiento arbitrario de Socorro Islas Celestino en el municipio de Tlachichuca, perteneciente al distrito judicial de Ciudad Serdán, es un buen pretexto para que la Secretaría General de Gobierno revise el comportamiento de algunos de los presidentes municipales.
Con sentido autocrítico, la autoridad estatal debe atender las voces de los ciudadanos inconformes porque los delegados de la Secretaría General de Gobierno en las cabeceras distritales están prejuiciados de origen porque se trata de seguidores de la coalición Compromiso por Puebla.
Se trata, por lo general, de funcionarios públicos que son propuestos por los mismos presidentes municipales y abandonan su función institucional para proteger a los ediles y ocultar a la secretaría de Fernando Manzanilla Prieto información que debería formar parte de la presumida “agenda de riesgos” de la SGG.
Si en Ciudad Serdán, por ejemplo, el delegado de la SGG. Alfredo Collantes Cabañas, es hermano del presidente municipal de Tlachichuca, los reportes del funcionario siempre estarán sujetos a privilegiar el vínculo consanguíneo.
Flaco favor le hacen algunos presidentes municipales al gobernador en las giras de trabajo, varios de ellos que presumen su cercanía personal con el mandatario poblano.
Lo mismo ocurre por motivaciones políticas, los reportes que llegan a la oficina de la SGG siempre estarán tergiversados por motivaciones de prejuicio político partidista y todo lo atribuyen a los reclamos de la “oposición”, ocultando los excesos de algunos alcaldes.
Pocos o casi nadie en el gobierno del estado y en el Congreso local quieren revisar las denuncias contra varios munícipes, no le dan ni el beneficio de la duda; esta omisión es la cuna de las crisis sociales y políticas que terminan en la ingobernabilidad en los municipios.
En otro municipio de aquella región, en Chilchotla, por ejemplo, hay múltiples denuncias por anomalías cometidas por la presidenta municipal Herminia Jimarez Martínez, pero nadie en la SGG hace caso a las denuncias de los propios regidores.
Nepotismo, obras inconclusas, autocompras, uso de dinero público para fundar empresas constructoras, compra sin licitación de camionetas y autos de lujo, cobro de comisiones del 20 y 40 % para otorgar obra pública municipal, cobros arbitrarios de piso a comerciantes, despidos injustificados, nóminas fantasma, manipulación de programas sociales, acaparamiento de ayudas en especie, entre otras, son el pan de cada día en varios de los 217 ayuntamientos.
