Contraloría ya indaga anomalías financieras de Darío Carmona en la SEP
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La titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), Patricia Leal Islas tiene en su poder expedientes que detallan irregularidades detectadas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sexenio pasado, cuando estuvo a cargo Darío Carmona García.
Al concluir el proceso de entrega-recepción, el actual secretario de Educación, Luis Maldonado Venegas, confirmó que existen desvíos “relevantes” en organismos como el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcce) que dirigió Rodolfo Chávez Carretero.
En entrevista, el funcionario se negó a revelar los montos económicos de los posibles desvíos al argumentar que están en manos de la contraloría estatal y corresponderá a esa dependencia evaluar y en su caso sancionar las presuntas anomalías.
Maldonado Venegas explicó que en el proceso de revisión de las finanzas heredadas por la administración de Mario Marín -que duró tres meses- “algunos casos se solventaron, pero existen otros no solventados, donde hay algunos relevantes como el caso del Capcce”.
Una vez que el pasado 1 de mayo concluyó el proceso de entrega-recepción, los casos ya están en las manos de la contraloría, agregó.
No se cerrará la llave al Capcce
Pese a los posibles malos manejos en el Capcce, la actual administración invertirá mil millones de pesos para atender 2 mil centros escolares y con ese recurso ejecutar cuatro veces lo realizado en la pasada administración, especificó el funcionario.
El antecedente de los malos manejos de Carmona
Cabe señalar que versiones periodísticas habían dado cuenta de irregularidades cometidas en el sexenio anterior en el gasto de más de 400 millones de pesos provenientes de la Federación, aunque esta versión no fue confirmada por el titular de la SEP.
Según esta versión dada a conocer por el periodista Valentín Varillas en el portal Status, el desvío de recursos se registró a través de recursos etiquetados para diversas actividades en materia de desarrollo educativo que no fueron destinados para financiar los programas originalmente planeados.
Entre estas acciones irregulares destaca el mal uso de una partida presupuestal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado para Puebla con el objetivo de contratar a 850 docentes y de esta manera cubrir un déficit de maestros que se tiene en el sistema educativo poblano.
