Coofia: Federación tira protección de justicia estatal a directivos
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La justicia federal echó abajo una sentencia absolutoria emitida por la autoridad estatal a favor de directivos de Financiera Coofia, empresa que cobraba impuestos estatales y defraudó a miles de personas hurtándoles aproximadamente 800 millones de pesos
El Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito –que tiene competencia para los estados de Puebla y Tlaxcala— revirtió la sentencia absolutoria que había dictado el Juez Octavo de Distrito de la entidad poblaba, Jesús Hernández Fonseca, a favor de tres funcionarios de Financiera Coofia: Carlos Flores Reyes, subdirector de Negocios de la caja popular; Ignacio Medina García, gerente de Tesorería y Humberto Raya Sotero, accionista, quienes fueron acusados por el delito de captación irregular de ahorros por 800 millones de pesos aproximadamente.
Esta resolución se encuentra dentro de la Toca Penal de Apelación número 247/2010-3 y le impone 3 años 11 meses de prisión a Flores Reyes; 5 años 3 meses a García Saucedo y el mismo tiempo a Raya Sotero.
Lo anterior significa que ante la apelación que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación –que pertenece a la PGR—, al estar inconforme con la sentencia absolutoria del Juez Octavo de Distrito, los magistrados del Tribunal Unitario del Sexto Circuito resolvieron que dichos directivos sí fueron culpables de la captación ilegal de ahorros y, como consecuencia de ello, la policía federal también reanudó la búsqueda del dueño de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, como responsable de dicho delito.
En este proceso –el cual es el 51/2009— también se habían girado órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del consejo de administración, entre ellos, Miguel Ángel Corona, director de Crédito; Alfonso Colunga, director de Finanzas; y Ana María De Gante y Darío Medina, aunque las mismas hasta ahora no se han ejecutado.
Con la resolución del Juez Octavo de Distrito, los accionistas de Coofia habían logrado declararse inocentes de uno de los procesos penales que tienen, pues aparte de este –que se inscribe a 2006— tienen otro federal en su contra por captación ilegal de ahorros en 2009 y varios locales por estar acusados de fraude.
De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia, los acusados nunca pudieron estar en libertad, pese a ser absueltos en este juicio, debido a las otras imputaciones que tienen, tanto a nivel federal como local.
