Corren a subdelegada de Capufe por negarse a avalar corrupción
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Por negarse a avalar la contratación de obra pública por más de 210 millones de pesos a favor de las empresas Coconal y Laboratorio de Ingeniería, la superintendente técnica Edda Yhaaraby Obil Veiza fue presionada y posteriormente despedida por la subdelegada en Puebla de Caminos y Puentes Federales (Capufe), María Dávila Fernández.
Dávila Fernández se encargó de la delegación a la salida de Carlos Francisco Cobos y fue responsable de la etapa de transición hasta la llegada de la nueva delegada, Mercedes Aguilar López, quien a su vez fue titular del Icatep, del despacho de la extinta Secretaría de Cultura y laboró como secretaria particular de Rafael Moreno Valle antes de que asumiera la gubernatura.
La obra en cuestión consiste en la rehabilitación estructural del pavimento de la autopista Acatzingo a Ciudad Mendoza, del kilómetro 217.5 al 252, que se entregó a estas firmas mediante el contrato 4500016974, suscrito en octubre pasado por la delegación.
ADVIERTE SITUACIÓN IRREGULAR
El 24 de octubre, la subdelegada María Dávila Fernández -hermana de Adriana Dávila Fernández, actual aspirante al Senado de la República y ex candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el Partido Acción Nacional- solicitó a Edda Yhaaraby Obil que le enviara los contratos de la obra y, al revisarlos, se percató que había sido incluido su nombre para firma, aún cuando a ella no le corresponde avalar estos procedimientos que, por norma, son firmados por la subdelegación de Administración.
Según consta en el oficio dirigido el 15 de noviembre al titular del órgano interno de control en Capufe, Gerardo Humberto Franco Baeza, la subdelegada pidió a Obil Veiza que firmara el aval para la contratación de la constructora Coconal para una obra que requería una inversión superior a los 210 millones de pesos, hecho al que la entonces superintendente técnica se negó.
La ex funcionaria argumentó que, de acuerdo con las políticas, bases y lineamientos en materia de obra pública en las delegaciones regionales de Capufe, los únicos facultados para firmar contratos son los subdelegados o subgerentes técnicos, rango que ella no ejercía.
De avalar esta contratación, expuso, caería en usurpación de funciones, ya que ostenta un cargo de nivel medio, sin facultades para suscribir un acuerdo de este tipo.
De igual forma, se negó a firmar el contrato con la empresa Laboratorio de Ingeniería, que se encargaría de supervisar el trabajo de Coconal para la obra antes citada.
PRESIONES Y AMENAZAS
Edda Yhaaraby Obil Veiza expuso que el pasado 10 de noviembre fue citada a las 11 de la noche, después de una reunión de trabajo, en la oficina de la subdelegada técnica para hablar sobre la firma de los contratos.
En el lugar, la subdelegada jurídica, Rocío Hernández Vázquez, le pidió que firmara los documentos pues de no hacerlo se tendría que “atener a las consecuencias”, según describió la ex funcionaria en un documento entregado a Reynaldo José Bautista Bárcenas, subgerente de auditoría a obra pública de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal.
La conversación versó en los siguientes términos: “A ver ingeniera Edda, cuál es su postura de no querer firmar los contratos, yo he dado una instrucción como encargada de despacho… y se tiene que acatar”.
Pese a la presión, la entonces superintendente se negó a avalar los documentos.
Debido a ello, al iniciar este mes, Edda Yhaaraby Obil Veiza fue despedida, igual que funcionarios de otras áreas y superintendencias de la delegación.
EL ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS
* El pasado 24 de octubre la subdelegada regional de la V zona Centro Oriente pidió que se enviarán los contratos 4500016974 y 4500016975 a las oficinas centrales de Capufe en Cuernavaca, Morelos.
* Edda Yhaaraby Obil Veiza fue la encargada de revisar los documentos y se percató de que se había incluido su firma en el apartado “revisión administrativa y financiera”, que normalmente es signado por la subdelegación administrativa.
* Lo que parecía un error de integración de documentos se tornó en conflicto, puesto que la subdelegada jurídica insistió en que firmara los contratos.
* Ante las anomalías, la afectada dirigió una tarjeta informativa en la que explicó que si firmaba el contrato podría caer en usurpación de funciones, ya que en ninguna de las delegaciones de Capufe está permitido que un funcionario de nivel medio signe estos documentos.
