Defraudados por cajas de ahorro liberan de cualquier responsabilidad al gobierno de Puebla
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Durante una reunión realizada en la Secretaría General de Gobierno, se acordó que diputados federales impulsarán ante el Pleno del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para que el Legislativo federal analice la creación de una partida presupuestal extraordinaria para el ejercicio 2012, en apoyo a los defraudados por cajas de ahorro en Puebla
Durante una reunión realizada en la Secretaría General de Gobierno, se acordó que diputados federales impulsarán ante el Pleno del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para que el Legislativo federal analice la creación de una partida presupuestal extraordinaria para el ejercicio 2012, en apoyo a los defraudados por cajas de ahorro en Puebla.
En el encuentro participaron Víctor Manuel Barceló Rodríguez, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, y Mario Alberto Rincón González, Subsecretario de Vinculación Institucional y Gobernanza, por parte de la Secretaría General de Gobierno.
Asimismo, asistieron las diputadas federales Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y María del Carmen Guzmán Lozano, así como un representante del diputado federal Juan Carlos Natale López.
Los legisladores se comprometieron a impulsar ante las plenarias de las bancadas federales de PRI, PAN y PVEM (a realizarse en los próximos días) la discusión de esta propuesta.
Además, acudieron los diputados locales Zeferino Martínez Rodríguez, Josefina Buxadé Castelán y Jesús Zaldívar Benavides, así como una comisión de representantes de los afectados.
Esta es la tercera ocasión en esta semana que autoridades de la Secretaría General de Gobierno y legisladores federales y locales se reúnen con afectados por empresas inmobiliarias de inversión.
En este marco, es de destacar que ha quedado claro que en estos casos los involucrados no son ahorradores y su problemática es del orden federal, por lo que la única vía para apoyarlos es mediante la creación de un mecanismo financiero por parte del Congreso de la Unión, o a través de la modificación de una ley o un programa federales.
Al respecto, y ante diversas versiones periodísticas, se destaca que en estos casos el gobierno estatal no ha efectuado compromiso alguno, ni verbal ni por escrito, para resarcir a los afectados por empresas inmobiliarias de inversión.
