Dictamen de observaciones contra Alcalá es ilegal: PRI
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Los regidores de la bancada priísta y verde ecologista afirmaron que el dictamen de la Comisión de Entrega Recepción de Puebla que fue aprobado en la sesión de Cabildo el martes en la noche, “carece de validez”, toda vez que éste fue sustraído y modificado sin seguir el procedimiento legal
Los regidores de la bancada priísta y verde ecologista afirmaron que el dictamen de la Comisión de Entrega Recepción de Puebla que fue aprobado en la sesión de Cabildo el martes en la noche, “carece de validez”, toda vez que éste fue sustraído y modificado sin seguir el procedimiento legal.
En rueda de prensa, los regidores Sandra Montalvo, Lourdes Dib, María de la Luz Ramírez, Octavio Castilla y Julio César Sánchez, reiteraron las acusaciones sobre la modificación del monto relativo a la observación del programa Unidos para Progresar de 439 millones a 4 millones de pesos.
Castilla explicó que a ellos, como regidores, les corresponde solicitar se invalide el documento aprobado, y a su vez, se iniciará un proceso jurídico para encontrar quiénes son los responsables de este documento que fue “a todas luces maquilado con dolo como linchamiento político”, agregó.
Cabe recordar que en la sesión de ayer, también se aprobó la lista de exfuncionarios que tendrán que comparecer para explicar las observaciones planteadas en el dictamen relativas a sus áreas; y en esta lista, se agregó a los regidores, Sandra Montalvo, Lourdes Dib y Octavio Castilla.
En este sentido, Montalvo, explicó que para llamar a comparecer a alguien se deben de tener los fundamentos legales, acotando que tanto ella como sus compañeros de partido están “en la mejor disposición de acudir y responder cada una de las observaciones que nos señalen, así sea por un peso o por un millón”.
Añadió que, desde su punto de vista, la adición de los regidores a las comparecencias, propuesta por Alberto Loyola, es “un acto de desesperación”.
En particular, Montalvo detalló que, en su caso, las observaciones por las que podría comparecer son tres relativas al Instituto Municipal de la Mujer, el cual ella presidió; sin embargo, aseguró que estos señalamientos se refieren a fallas posteriores a su renuncia en el instituto.
Por su parte, Octavio Castilla recordó que él fue director de Planeación, en el área de Políticas Públicas, por lo que no entiende por qué se le cita, cuando las observaciones relativas a esta área van en el sentido de cuestiones de control interno.
Por último, Lourdes Dib aseguró que en el dictamen no existe ninguna observación relativa al área de consultiva de la Sindicatura municipal, donde ella colaboró en la pasada administración.
LAS ANOMALÍAS
Los regidores del tricolor afirmaron que el dictamen aprobado por el Cabildo no es el mismo que pasó por la Comisión y que fue alterado a conveniencia del bloque panista
Octavio Castilla indicó que el acto de ilegalidad es claro al tratar de someter a votación un documento falsificado y “alterado de forma mañosa”, ya que para modificarlo tuvo que pasar primero por la Comisión de Entrega-Recepción y ponerse a consideración en el pleno del Cabildo. Contrario a ello “debajo de la mesa, de manera misteriosa y dolosa modificaron el dictamen”.
El regidor mostró la documentación original con las firmas correspondientes al calce, pero hay una hoja del documento modificado en la que las rúbricas de los regidores Pedro Gutiérrez, Arturo Loyola e Irma Adela Fuentes- están en un costado y los montos están alterados, lo que implica un grave delito.
Precisó que una vez dictaminado el documento quedó a resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que pidió investigar quiénes sustrajeron el dictamen y la hoja que fue alterada, misma que se someterá a pruebas grafológicas para cotejar las firmas de los regidores y de esta forma demostrar el ilícito cometido.
Por todo lo anterior, los regidores del PRI-Verde solicitarán al Cabildo se invalide el dictamen, mientras que en la parte jurídica pedirán que se investigue y finquen responsabilidades por delito que se cometió. “Queda claro que este es un documento sin validez, este es un documento que a todas luces fue maquilado, con dolo, como una estrategia de linchamiento político y se demuestra que de los mil 960 millones de pesos señalados como daño patrimonial se derrumbó y quedó en 700 millones, lo cuales en los próximos días serán aclarados.
