Doger propone meter en cintura a casas de empeño
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El diputado priísta Enrique Doger presentó ante el Congreso una iniciativa para regular las casas de empeño con el fin de que no se excedan en el cobro de intereses
El diputado priísta Enrique Doger presentó ante el Congreso una iniciativa para regular las casas de empeño con el fin de que no se excedan en el cobro de intereses, y es que en los últimos cinco años pasaron de 70 a 200 establecimientos, algunos con tasas de 300% anual.
Aquí la postura del legislador dada a conocer en la sesión de este miércoles:
Actualmente en el ámbito del financiamiento, la población alejada de los circuitos bancarios y financieros desarrollados demanda servicios de financiamiento provenientes de los negocios conocidos como “casas de empeño”, que en los últimos años han multiplicado su presencia en la entidad, incluso teniendo algunos de ellos, sucursales en la mayoría de los municipios del Estado de Puebla.
Sin embargo algunas de las casas de empeño abusan de sus clientes al cobrar intereses de hasta 360% al año.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años se ha triplicado el número de casas de empeño que hay en la Angelópolis, al pasar de 70 a más de 200 y desgraciadamente, en la actualidad el gobierno no puede regular la decisión del cobro de intereses que sólo compete a particulares.
Las casas de empeño, que en su origen se concibieron como un instrumento de socorro y apoyo a la población desamparada, actualmente otorgan préstamos de dinero basados en la suscripción de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que son figuras jurídicas consideradas en el Código Civil para el Estado de Puebla, sin embargo, respecto a la regulación de los establecimientos dedicados a este tipo de servicios existe un vacío legal porque las casas de empeño no son intermediarias financieras, sociedades auxiliares de crédito ni tienen ninguna categoría legal con carácter financiero. Por lo que es necesario establecer la regulación que permita tener certeza de que las actividades que se establecen entre particulares no vulneren el derecho de los más desprotegidos.
En Puebla aún no contamos con un marco normativo que garantice a los usuarios una debida supervisión y vigilancia de la operación y funcionamiento de este tipo de establecimientos, al tiempo que permita un mayor control de sus disposiciones y prácticas por parte de las autoridades.
Lo anterior, a pesar de que con fecha 01 de junio del 2005 fue publicada en la Gaceta del Senado de la República, un Punto de acuerdo en el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que, en el ámbito de su competencia, emitan el marco jurídico que regule suficientemente la instalación y funcionamiento de establecimientos que tengan por objeto la realización de contratos civiles de mutuo con intereses y garantía prendaria a través de “casas de empeño” establecidas en su territorio, sin embargo, hasta la fecha los legisladores no hemos aprobado una ley en esos términos.
Con fecha 6 de junio del 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor y al Código de Comercio concernientes a estos establecimientos. Dichas disposiciones establecen las casas de empeño como una actividad comercial, no financiera.
El mismo Decreto ordena a la Secretaría de Economía emitir una Norma Oficial Mexicana, NOM, para regularlas y dispone que las casas de empeño que se encontraban en operación en la entrada en vigor del Decreto contaban con un plazo de seis meses contados a partir de la emisión de la Norma respectiva, para registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), órgano fiscalizador de las casas de empeño, sus contratos de mutuo o empeño, con el fin de garantizar los aspectos de seguridad e información comercial para la protección del consumidor.
Por esta razón, se creó la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, que regula los Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007.
Por otra parte, respecto a los datos estadísticos, un muestreo realizado en la ciudad de México y zona conurbana por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sobre los hábitos de consumo en las casas de empeño aplicado sobre 1000 encuestas, arrojó los siguientes datos:
• 57.2% empeñó al menos una vez en el año.
• 71.5% empeñó alhajas.
• 38.7% empeñó a un plazo de tres meses.
• 30.3% le prestaron 50% del avalúo.
• 16.2% le cobraron 4% mensual.
• 73.6% firmó algún documento al empeñar.
• 23.4% usó el dinero para pagar otras deudas.
• 7.8% mencionó que tuvo algún problema con la casa de empeño.
Y de estos:
• 24.7% mencionó los cobros extras como motivo de queja.
• 37.9% se quejó en la casa de empeño y no se resolvió su queja.
• 16.3% no recuperó su prenda.
Adicionalmente, 48.2 por ciento de los usuarios de las casas de empeño opinaron que el dinero que les entregaron en préstamo fue poco y 37.6 por ciento de las personas gastó el dinero del empeño en la compra de alimentos.
Como se advierte de lo anterior, el empeño es, después del préstamo entre familiares, el mecanismo al que acude la mayoría de la población –sobre todo de menores recursos– para obtener financiamiento y enfrentar dificultades derivadas de falta de liquidez.
En tal virtud, entidades Federativas como Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Sonora, entre otras, han emitido sus propias leyes en la materia, facultando a sus secretarías de finanzas o de gobierno, para la expedición de permisos de funcionamiento de estos negocios y su correspondiente fiscalización de operaciones,
Sin embargo como se ha señalado, en nuestro estado no existe una regulación que permita apoyar a los particulares en las operaciones que por necesidad realiza en este tipo de establecimientos.
Una de las funciones de este honorable cuerpo colegiado es legislar para procurar la seguridad jurídica de la población y por supuesto que las relaciones comerciales entre los que ofrecen servicios y los consumidores, se desarrollen en armonía y en estricto apego a derecho, previendo condiciones de equidad y garantizando que cada una de ellas se realice conforme a los requerimientos que la norma exige.
De esta manera, un ordenamiento como el que se propone va dirigido a garantizar al ciudadano, que requiera de este servicio, que al suscribir un contrato con un establecimiento autorizado por el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno, tenga la certeza de que su patrimonio no estará en riesgo, ya sea por abuso o algún tipo de fraude.
Esta regulación estatal no se contrapone a lo establecido por las disposiciones federales referidas; por el contrario, beneficia y protege a la población, ya que se le otorga certeza en el funcionamiento y operación de dichos establecimientos que estarían vigilados por el Gobierno del Estado.
Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna hago un exhorto para apoyar la creación de esta ley que beneficiará a miles de personas que por diferentes situaciones económicas han tenido que recurrir a las casas de empeño y más en las épocas de inscripciones escolares.
Démosle instrumentos de apoyo a la gente que nos respaldó para llegar al Congreso del Estado. Vamos a recuperar la confianza que hemos perdido y eso sólo será con resultados. Tenemos que entender la necesidad de la gente y plasmarla en leyes.
Son tiempos de fortalecer el tejido social, de dar garantías a la gente para un mejor nivel de vida y los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional así lo entendemos y vamos a dar la batalla por ello.
Puebla demanda un marco jurídico justo en todos los ámbitos, no sólo en lo electoral, también en la protección del patrimonio de miles de poblanos abatidos por la crisis económica en la que se encuentran.
No seamos insensibles y vamos por una sociedad más justa.
