Expertos descalifican proyectos de Ciudades Rurales
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Con la notable ausencia de representantes del gobierno estatal, a pesar de haber sido convocados por los organizadores, se celebró el pasado viernes el Primer Encuentro sobre Ciudades Rurales Sustentables: Las Experiencias y Los Proyectos, acto en el que la mayoría de los ponentes y participantes coincidieron en que dicho modelo no sólo no promueve el desarrollo sino que atenta contra la identidad de las comunidades campesinas, pues despoja a sus habitantes de su condición de productores independientes y autosustentables para convertirlos en empleados y consumidores.
Aunque entre los asistentes hubo funcionarios de cinco dependencias del Poder Ejecutivo estatal, no se presentó ningún servidor público de ese nivel de gobierno en calidad de ponente, para explicar el proyecto de Ciudad Rural que pretende ejecutar la administración del panista Rafael Moreno Valle en el municipio de San Miguel Tenextatiloyan, y para responder los múltiples cuestionamientos que investigadores y representantes de las organizaciones hicieron sobre tal esquema.
De hecho, la ausencia formal del gobierno del estado fue destacada en el primer punto de la relatoría sobre el foro que signaron la mayoría de los participantes:
“Hacemos un extrañamiento al gobierno del estado de Puebla, en especial a las dependencias e instancias encargadas del diseño y la operación de las anunciadas ‘Ciudades Rurales Sustentables’, por responder con el silencio a la invitación hecha por todos los convocantes a este primer encuentro. Consideramos este silencio como una respuesta inmerecida para todos los que estamos interesados en la construcción democrática y participativa de las políticas públicas. No es un favor que gobernantes extienden a gobernados, sino una obligación mínima de transparencia, el ejercicio de diálogo al que les llamamos. Las organizaciones e instituciones que participamos en este acto somos constructores de propuestas y no opositoras al desarrollo; en ese sentido, seguiremos insistiendo en tener este diálogo con las autoridades estatales”, expresaron.
No obstante, por parte del gobierno de la República sí hubo participación oficial, la cual corrió a cargo de Graig Davies Arzac, subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla, quien tomó parte en el panel inaugural sobre la política federal en asentamientos humanos, junto con Dolores Camacho, integrante del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Benjamín Berlanga Gallardo, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural.
EL FRACASO EN CHIAPAS
Buena parte del foro estuvo ocupado en el análisis de la situación que prevalece en Chiapas, por ser esa la entidad donde el gobierno local ha impulsado con mayor vigor la creación de Ciudades Rurales, al punto de que en este momento existen cinco proyectos: Nuevo Juan de Grijalva, Santiago el Pinar, Jaltenango, Ixhuatán y la Villa Emiliano Zapata. El interés de las autoridades chiapanecas en ese modelo es de tal envergadura que hasta se creó el Instituto de Población y Ciudades Rurales y una licenciatura específica para la elaboración de esquemas de desarrollo habitacional en esa línea.
Craig Davies Arzac explicó que los programas de Microrregiones y de Desarrollo de Zonas Prioritarias, dejando claro que en Puebla la Sedesol “sólo acompaña” el proyecto de Ciudades Rurales que promueve el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, pero que ese esquema y los federales mencionados, son distintos.
Dolores Camacho evidenció cómo en las Ciudades Rurales de Nuevo Juan Grijalva y Santiago El Pinar, los modelos de vivienda –con técnicas tecnología holandesa– no fueron concebidos en función a la idiosincrasia y costumbres de la gente que fue reubicada en esos sitios, los cuales paulatinamente ha ido abandonado para regresar a sus territorios originales.
La investigadora apuntó que varias de las moradas prefabricadas se han convertido en cantinas y en lugares donde se ejerce la prostitución, versión que fue corroborada por otros investigadores chiapanecos que acudieron al foro.
Se hizo particularmente mención del caso de Juan Grijalva, una población del municipio de Ostuacán, en donde el 5 de noviembre de 2007 se derrumbó un cerro, provocando que el gobierno de Chiapas decidiera reubicar en una Ciudad Rural a los damnificados que perdieron sus casas.
Una de las condiciones para la reubicación fue que los campesinos renunciaran a sus tierras a cambio de un pago. Como el asentamiento impulsado por las autoridades chiapanecas fracasó y el dinero de los lotes no llegó, los afectados decidieron protestar, pero fueron severamente reprimidos el pasado mes de mayo por la fuerza pública, que detuvo a nueve de sus representantes, incluido su abogado. La desconfianza que se generó hacia el gobierno es tal, que ahora corre fuertemente un rumor en esa región de Chiapas acerca de que el deslizamiento del cerro pudo ser provocado para obligar a la gente a dejar sus tierras, donde ahora se construye una obra de la CFE.
Benjamín Berlanga expresó en su turno que el modelo de Ciudades Rurales niega la identidad campesina y su condición de productores, para convertirlos en “entes de caridad”, “sujetos del paternalismo”, es, abundó: “la pobretización de la política pública que hace al pobre más pobre y vulnerable”.
DETENER EL PROYECTO
Hubo mesas de trabajo en donde la línea crítica a las Ciudades Rurales prosiguió. Más tarde, Carlos Rodríguez Wallenius, director del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, hizo un análisis minucioso del modelo en cuestión y reiteró los argumentos en contra de éste, principalmente, el desarraigo y la pauperización que generan en las comunidades que han padecido la reubicación.
En las conclusiones, los participantes en el foro dejaron claro que “el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables aparece ominoso y fallido en la experiencia del estado de Chiapas. A partir de los testimonios que hemos escuchado y de la información que aquí se ha compartido, consideramos que es un experimento con muchos problemas de concepción, diseño e instrumentación, que ha obligado a un gran número de indígenas y campesinos chiapanecos a vivir en condiciones peores a las que se pretendía superar en los objetivos del proyecto gubernamental”.
Apuntaron que “aparentemente, la concentración de población desplazada parece obedecer al interés de controlar territorios sin sus habitantes ancestrales, para hacer las tierras disponibles a la explotación minera, turística e industria agrícola. Asimismo, los desplazamientos de población lejos de sus matrias originales parecen obedecer a una política calculada de control de las organizaciones sociales. Parece que se pretende una población dependiente del abasto alimentario y de los servicios que ofrecen las grandes empresas”.
Exigieron que al gobierno del estado de Puebla y la Federación presenten el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables que impulsan para su inmediata discusión, consulta y análisis entre las población que se señala como beneficiaria. No obstante, advirtieron: “nos reservamos, en todo caso, el derecho a aceptar el proyecto”.
Asimismo, demandaron que se suspendan los proyectos de Ciudades Rurales en todo el país y “que se esclarezca el uso de los recursos ejecutados en las ya existentes”.
También denunciaron la represión como instrumento de política gubernamental para la imposición de Ciudades Rurales. Los asistentes también acordaron celebrar un Congreso en Defensa de la Vida Campesina, Pueblos Originarios, a la brevedad.
El acto se realizó en la Casa de la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Universidad Autónoma de Puebla.
Acudieron poco más de 180 personas procedentes de 16 organizaciones de distintos puntos de la capital estatal, 14 entidades académicas de distintas partes del país, una federal y ocho comunidades del estado de Puebla.
Entre las organizaciones asistentes están: la Unitona, Cordesi, Unitierra Puebla, el Cesder, Yeknimilis, Caja Depac, el Cadem, Maseual Siuamej, Proterra, Cipac, Tosepanpajti, Tosepantomin, Tosepankali, Yosmark Hope y el Voluntariado de la Secregaría General de Gobierno de Puebla.
Hubo también investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Chapingo, Autónoma de Puebla, Iberoamericana campus Puebla, de Chipas, del Valle de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de Posgraduados.
También llegaron representantes de San Salvador El Seco, Zacapoaxtla, Chugnautla, Xochitlán, Huehuetla, Zaragoza, San Andrés Cholula y de Puebla.
Por el gobierno federal arribaron funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Desarrollo Rural de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
