Gobernador, Puebla es un estado laico
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Nos desconcertó la noticia de que el gobernador Rafael Moreno Valle, recibió al Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, en compañía de Eugenio Lira y Dagoberto Sosa, nombrados por el Papa como obispos auxiliares de la Arquidiócesis del estado. Y que se comprometió a participar en la ordenación de los nuevos obispos auxiliares, más aún cuando se dijo que se realizaría en un recinto oficial.
Sabemos que el primer mandatario del estado no es abogado, ni el secretario de Gobierno, pero deberá recordar que cuando protestó como Gobernador Constitucional, se comprometió a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Como resultado del triunfo de la Revolución de 1910, se plasmaron los anhelos de justicia social de los mexicanos, en la Carta Magna de 1917. Uno de los principales objetivos de los diputados constituyentes fue restringir la intromisión política de la Iglesia Católica, no por odio sectario, ni ignorancia de su actuación como verdadero partido político, sino por el contrario: por un estudio profundo de la historia de México.
Debido a ello, en el artículo 24 se estableció como una garantía individual el que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, o ninguna, así como la práctica de las ceremonias y devociones o actos de culto público respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Consideraron que las celebraciones religiosas habían sido tomadas como provocaciones contra los que no profesaban la religión católica y se estableció que los actos de culto deberían realizarse precisamente en los templos. Lo curioso es que esa actitud continúa vigente en lugares alejados de nuestro estado donde el fanatismo suple a la devoción.
En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari, neoliberal incrustado en el PRI por los norteamericanos, decidió reformar los artículos constitucionales garantes de los derechos sociales. Y presionó a los diputados de ese partido para que aprobaran sus compromisos contrarios a la esencia del nacionalismo revolucionario.
Así, en lo que se refiere al artículo 24, se autorizó la celebración de actos de culto público fuera de los templos, pero sujetos a la ley reglamentaria. Se estableció que debe pedirse autorización a la Secretaría de Gobernación, instancia que debe analizar la razón del permiso. Pero desde luego nunca en recintos oficiales porque se atenta contra la esencia del Estado mexicano.
Con referencia al artículo 130, los constituyentes establecieron que no se reconocía personalidad jurídica alguna a las asociaciones denominadas iglesias, lo que les impedía realizar operaciones de compraventa, o cualquiera que necesitara el reconocimiento jurídico. Salinas logró la modificación reconociéndoles personalidad jurídica como asociaciones religiosas, después de registradas ante la Secretaría de Gobernación y de cubrir los requisitos que la ley secundaría les fije.
Cuando se promulgó la Constitución, declaró el Episcopado Mexicano, que no la reconocían porque hería los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica y que nunca lo harían porque iba en contra de la doctrina de la Iglesia, que es la verdad divinamente revelada. Estos señalamientos llevaron al enfrentamiento con el Estado, conocido como “Guerra Cristera”.
Sin embargo, después de 1992 las iglesias –incluida la Católica– aceptaron la supremacía del Estado y cumplieron con el registro de ley y además estuvieron de acuerdo en cumplir con la Ley de asociaciones Religiosas y Culto Público. Por ello deberán solicitar el permiso para realizar una ceremonia de culto público, fuera de sus instalaciones. Digamos que todo está bien excepto que el gobierno poblano no fundamente (no hay por dónde) el por qué de su autorización para llevar a cabo la ceremonia como es el recinto ferial, precisamente donde se realizó la protesta del actual mandatario.
En cuanto a la asistencia del Gobernador a un acto de culto religioso, el artículo 25 de la ley secundaria establece que el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales y otros funcionarios, no podrán asistir a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares.
Por lo anterior, señor gobernador Rafael Moreno Valle, si participa usted en la ordenación de los obispos, estará violando la Constitución que prometió cumplir y hacer cumplir. El obispo Eugenio Lira, es una persona inteligente y culta, por lo que estoy segura que comprenderá su impedimento y lo excusará con los prelados católicos.
Por si hay alguna duda del carácter laico del Estado, en este caso del gobierno poblano, hay que recordar que la Legislatura anterior modificó la Constitución, para agregarle eso, que Puebla es un estado laico.
Ser gobernador implica muchas obligaciones que podrían parecer engorrosas, pero aunque no se comparta la ideología que llevó a promulgar la Constitución más avanzada del mundo, tiene la obligación de acatarla y hacerla cumplir.
alvarezenriqueta@hotmail.com
