Guerra por la paz
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“Si quieres la paz, prepara la guerra” esta es la máxima del Presidente Felipe Calderón en su política de seguridad nacional.
Tal pareciera que las vacaciones que son época de paz, son escogidas por los legisladores para aprobar las reformas más importantes para el país, en este caso la Ley de Seguridad Nacional, la cual ya se encuentra en la Cámara de Diputados, después de que el Senado de la República aprobó el dictamen en el que se adicionan diversas disposiciones de dicha Ley. La importancia de ésta radica en el hecho de que se le otorgarán mayores atribuciones al Poder Ejecutivo Federal, así como al Consejo de Seguridad Nacional, el Ejército y la Marina.
Esta ley sería el corolario para legalizar la “guerra contra el narcotráfico” lo cual no termina de legitimar al gobierno de Felipe Calderón quien se encuentra a 20 meses de dejar el poder. Esta iniciativa no sólo amplía el poder coercitivo del Poder Ejecutivo, el Consejo de Seguridad Nacional, el Ejercito y la Marina, sino que además pone en riesgo el respeto a los derechos civiles y humanos en México. Es algo parecido a lo que Bush emprendió en Estados Unidos y su guerra contra el terrorismo, donde en pro de la libertad y la seguridad nacional, los congresistas estadounidenses presionados por la sociedad aprobaron el uso de la tortura para prisioneros acusados de terrorismo.
La próxima semana será cuando los diputados tendrán la responsabilidad de aprobar o no, o en su caso modificar esta iniciativa, de la cual la bancada priísta ha declarado que “asumirá los riesgos y las consecuencias políticas de esta ley”, la cual ha sido muy criticada por diversos sectores de la sociedad mexicana y esperemos que no sea cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos, lo cual deslegitimaría de entrada esta legislación.
La importancia de esta reforma es la “declaratoria de existencia de afectación a la seguridad interior” la cual se declarará cuando el gobierno presienta que se pueda ver afectada la seguridad del país por diversas cuestiones, ya sean naturales o creadas por el hombre.
El poder que ahora tendría el Ejecutivo Federal sería el del uso de las tropas armadas cuando considere que se encuentra en riesgo la seguridad interior, además de lo cual ellos aclaran que se respetarán los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentren en dicha demarcación territorial, bajo el mando de las autoridades castrenses.
En cuanto a la información, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina y Fuerza Armada; podrán recabarla haciendo uso de métodos legales, pudiendo hasta intervenir comunicaciones, que violarían el derecho a la comunicación privada; otra fuente sería la denuncia anónima que ya se encuentra en operación a través del 089.
Otro hecho controversial, es que existe un párrafo en el que se abre la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil de carácter, político, social o de índole electoral, bajo el sustento que para el gobierno puedan constituir una amenaza para la seguridad interior.
Quien sería el encargado de elaborar la declaratoria es el Secretaría Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional -a iniciativa de los propios miembros del consejo, legisladores locales o gobernadores- quien enviaría al Ejecutivo Federal quién sería el responsable de emitir la declaratoria, ésta declaratoria de existencia de afectación a la seguridad interior, tendría una duración de 30 días, pudiéndose prorrogar si así lo consideran necesario y poder intervenir a ordenes del Presidente a estados o municipios, sin la consulta a autoridades locales.
Al parecer esta medida desesperada es para “invadir” los terruños de los narcotraficantes y el crimen organizado, sin tomar en cuenta a la sociedad civil, quien es la que sufre los estragos de esta lucha encarnizada entre delincuentes y autoridades incapaces de establecer un clima de paz, y sólo a través de medidas más radicales -como lo es ésta declaratoria- es como piensa poder acabar con el crimen organizado.
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