Hijo de Mario Marín opera a favor de los mototaxis en el Congreso
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El gobernador Rafael Moreno Valle confirmó ayer lo que han sido líneas básicas de su gobierno: se respetará la ley y no se dejará presionar por nadie para aplicarla.
En el caso de los mototaxis –tema que se discutió intensamente ayer en la Cámara de Diputados local- hay diversos intereses que están en juego y que por más que pretendan esconderse salen a la luz en medio del conflicto.
Por ejemplo, la posición asumida por el diputado Edgar Salomón –amigo, empleado y esbirro de Mario Marín García- de retirar el apoyo de los legisladores priistas al dictamen, que fue aprobado por sus mismos compañeros en la Comisión del Transporte, para retirar este servicio de las calles y anunciar la abstención confirma que son los propios priistas y sus jefes en el sexenio pasado -¿también hasta ahora? cabe la pregunta- quienes prohijaron a los mototaxis porque les redituaban ingresos ilegales.
El entonces subsecretario del Transporte, Lázaro Jiménez, y uno de sus directores, Juan Manuel Alcántara Silva, se encargaron de otorgar y repartir permisos para que circularan sin que estuvieran contemplados por la ley. Ellos hicieron un padrón, entregaron los hologramas y les dieron su aval por cifras que llegan hasta los 30 mil pesos por unidad y hay quien asegura, con conocimiento de causa, que superan las 10 mil motos toleradas.
Organizaciones priistas como las Confederación Nacional Campesina y la CTM se dieron rienda suelta ya sea en beneficio de sus líderes, que en muchos casos son los dueños de las unidades, o premiando a sus consentidos a poner un negocio que hoy defienden como “un servicio indispensable que da trabajo a miles de familias”.
Pero no son los únicos, el diputado local del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez, uno de los tres legisladores que votó en contra del dictamen de retiro de los mototaxis, lo hizo más que por convicción social, por intereses creados en el municipio de Atempan, en la sierra nororiental, donde su partido los ha utilizado y engañado prometiéndoles una solución desde el Congreso local, el grupo que apoya el legislador son de los más radicales de la zona.
Hay casos como el de José María Pérez, regidor de Convergencia en el municipio de Cuautlancingo, quien desde hace varios días con el apoyo del diputado José Juan Espinoza y del presidente municipal, convocó para que los conductores y sus familiares se movilizaran ayer para protestar contra la desaparición del servicio. No fue extraño que el diputado naranja haya encabezado al grupo más grande de mototaxis de la región de Cuautlancingo y Coronango, que llegó a protestar hasta Casa Aguayo.
El punto de acuerdo avalado por la mayoría de Compromiso por Puebla y los diputados del Verde, con la abstención de los priistas y solo tres votos en contra –uno del PT, uno de Convergencia y otro de una diputado del tricolor- ratifica que deben salir de la circulación y exhorta a las autoridades de todos los niveles a retirar a los mototaxis de la calles.
Todo indica que la semana próxima no empezarán los operativos pero el tiempo es corto para retirarlos, aunque el propio gobierno debe dar alternativas para prestar un servicio que por su costo y utilidad son demandados por la población. Esa es la responsabilidad del gobierno pero también lo es que se cumpla y respete la ley y la figura de los mototaxis es hoy una ilegalidad.
