Ibero Puebla critica abusos policiacos del gobierno morenovallista
joomla.2009
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero (IDH) Puebla, Óscar Castro Soto, criticó al gobierno estatal por intentar criminalizar las manifestaciones y buscar reprimir los derechos básicos de los ciudadanos mediante la violencia, sin importar que con ésta se afecte a menores y personas de la tercera edad.
Lo anterior, luego de que en el municipio de Chignahuapan se han denunciado excesos de fuerza de la Policía Estatal contra personas de la tercera edad, al intentar ser desalojados de sus predios, aún cuando presentaron documentación que avala su legítima propiedad.
La policía actuó contra ocho personas de la tercera edad y nueve mujeres, una de ellas, Artemia León Moreno, de 70 años de edad, quien resultó lesionada de gravedad por un petardo que le disparó un granadero de la Policía Estatal y le hirió un glúteo, por la supuesta invasión del predio denominado Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan.
Señaló que cuando desde la Secretaría General de Gobierno (SGG) “se dice: nadie por encima de la ley, también se refieren a los gobernantes y a las policías”.
Recalcó que “nadie debe estar por encima de la ley en el derecho de la gente a manifestarse, a organizarse” y menos se debe utilizar el pretexto de que las manifestaciones dañan a terceros para reprimir a civiles con legítimas demandas.
Castro Soto dijo que existe omisión de parte del gobierno estatal, ya que no hay diálogo con las personas inconformes, quienes obtienen, como respuesta, la represión de las autoridades.
El director del IDH consideró que hay un patrón de conducta de las policías, que trasciende administraciones, pero debe existir voluntad política para realizar cambios que sirvan y abonen a evitar la violencia y, sobretodo, que protejan los derechos individuales.
El Instituto de Derechos Humanos de la Ibero hizo un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) para que atienda las quejas de las personas que han sido vulneradas y emita las recomendaciones a los organismos, en caso de que hayan incurrido en algún delito.
